Por Salvador Camarena
Acorralado, el gobernador zombi (RAE: “Persona que se supone muerta y que ha sido reanimada por arte de brujería, con el fin de dominar su voluntad”) Fausto Vallejo ha nombrado como nuevo secretario de Gobierno de Michoacán a Marco Vinicio Aguilera, quien antes del operativo federal se desempeñó como procurador de esa entidad. Se trata de una patada de ahogado por parte de Vallejo, que no termina de entender que ha comenzado lo peor de la crisis institucional en su estado. Y se trata sobre todo de una de las manifestaciones más claras de lo que veremos en las próximas jornadas en el panorama michoacano: las resistencias de quienes no quieren que se llegue a fondo.
Vallejo quiere hacer como si existiera una normalidad donde desde hace años no hay tal. Como si fuera cosa de todos los meses que un secretario de gobierno, y exgobernador interino, termine arraigado en la PGR, el mandatario cree que puede nombrar a un sustituto en la plaza que dejó vacante Jesús Reyna. Se engaña a sí mismo, y a nadie más. Si Reyna operó arreglos a favor de los criminales, que es lo que investiga el gobierno de la República, el mandatario estatal tendrá muchas cosas que explicar. Pues Vallejo habrá padecido una grave enfermedad, pero de ninguna manera podrá argumentar que a alguien tan conocedor de la política michoacana como él, se le pudo escapar lo que todo indica que se operaba desde el despacho de su brazo derecho.
Por si fuera poco, el nombramiento de Marco Vinicio Aguilera sólo habla de una conducta de negación de Vallejo, que ahora pone en el principal (al menos formalmente) despacho de la operación política estatal a quien como procurador tuvo que ser desplazado por la Federación. Los testimonios de que esa fiscalía era irrelevante, que no investigaba ni perseguía a los criminales, son redundantes: no solo por lo que el comisionado Alfredo Castillo encontró al llegar a Michoacán (una fiscalía totalmente inoperante), sino porque la catastrófica situación en Michoacán daba cuenta por sí misma de esa actitud omisa.
La operación del gobierno de Enrique Peña Nieto en Michoacán está entrando en la etapa más crítica desde que comenzó hace diez semanas. Tras el mérito indiscutible de haber descabezado en tan corto tiempo a Los Templarios, lo que sigue es un reto descomunal. ¿Hasta dónde llegan las complicidades desde los ámbitos empresarial y gubernamental del estado que hicieron posible el reino de terror de los criminales? ¿Estaban también en ese esquema de protección a los narcotraficantes y extorsionadores algunos delegados federales, o mandos de seguridad de la Federación en esa entidad?
Ha llegado el momento de la verdad de la operación de Peña Nieto en Michoacán. Las resistencias vendrán de adentro del sistema. Del partido, por ejemplo; de un PRI que no querrá arriesgarse a que las consecuencias políticas de la limpieza sean tales que puedan ir más allá de la zona michoacana. Y del gobierno en sí mismo, en donde no es aventurado pensar que más de uno preferirá que no se le mueva mucho más allá de investigar a Jesús Reyna.
Pero Peña Nieto no tiene de otra. Si pretende forzar a las autodefensas a desarmarse, sea prematura o no esta decisión, si quiere que le crean que es real su compromiso de reconstruir institucionalmente a Michoacán, entonces el gobierno de la República sólo puede ir a fondo en esta nueva etapa, en la que se han de aclarar y juzgar a los funcionarios responsables de la orgía criminal que ahogó a tantos michoacanos. Y eso no le conviene a muchos, a muchos que se van a resistir, para empezar, haciendo como si la caída de Reyna fuera una cosa de una persona, y no un tema totalmente estructural.
Fuente: Sin Embargo
