Por Álvaro Delgado
Cuando Alfredo Castillo dejó de ser comisionado para el conflicto de Michoacán dijo que dejaba un estado tranquilo, alejado de la violencia del crimen organizado y sólo con algunos conflictos sociales. Pero más tardó en hablar que la realidad sacó a la luz sus falsedades, pues la violencia reapareció, los nuevos grupos criminales emergieron sustituyendo a los Caballeros Templarios y las autodefensas en la costa se expresaron dispuestas a defender con las armas los poblados amenazados por el narcotráfico.
El gobierno de Enrique Peña Nieto, como el de Felipe Calderón, hizo de Michoacán el laboratorio para probar sus estrategias de combate al narcotráfico enviando más de 10 mil soldados y policías federales.
Ambos fracasaron, la entidad sigue siendo presa del crimen organizado que la utiliza no sólo como tierra de siembra, sino como trampolín para enviar toneladas de drogas sintéticas a Estados Unidos y hacer negocios con empresarios chinos dedicados a la industria del acero.
Michoacán es tierra de cárteles desde hace más de 20 años y los gobiernos del PRI, PAN y PRD se han topado con un galimatías que no han podido resolver porque han aplicado únicamente medidas de fuerza contra la población, dejando en total impunidad a la clase política y empresarios coludidos con las diferentes bandas criminales. El caso más claro es el exgobernador priista Fausto Vallejo que recibió dinero de los Caballeros Templarios sin que lo investigaran.
Hace poco, el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso abrogarse un triunfo en Michoacán cuando apresó al líder de los templarios, Servando Gómez La Tuta, asegurando que ya no habría más violencia ni presencia del crimen organizado en la entidad.
Con el paso de los días estas afirmaciones se fueron derrumbando, como lo fueron en su momento las acciones de Felipe Calderón con el famoso “michoacanazo” por el que detuvieron a presidentes municipales y funcionarios quienes, al cabo de los meses, salieron libres.
Entre nuevos nubarrones de violencia, con hombres ejecutados y colgados de puentes, de denuncias de extorsiones y cobros de piso a comerciantes y pobladores, está emergiendo una vez más en Michoacán la descomposición social y política que dejó el enviado del gobierno federal, Alfredo Castillo; el responsable de haber empoderado a miembros del crimen organizado a quienes convirtió en representantes de la policía rural.
Ante esta descomposición, en días pasados surgieron en dos puntos distintos del territorio michoacano dos expresiones sociales que preludian nuevos conflictos en el estado que será gobernado por el perredista Silvano Aureoles, quien anunció que no permitirá la existencia de autodefensas.
En el pueblo de Ucareo, municipio de Zinapécuaro, un grupo de campesinos y pobladores decidieron formar su autodefensa como una expresión de hartazgo ante los grupos de secuestradores que los tienen azolados. Dos de estos delincuentes fueron muertos y colgados de un puente de la autopista Siglo XXI.
Del otro lado, en el municipio de Apatzingán, se dieron a conocer Los Blancos de Troya como presuntos autodefensas, aunque por las armas que exhibieron –lanzacohetes RPG y fusiles “mata policías”– y el rostro cubierto podrían parecer más un nuevo grupo del crimen organizado.
Así, mientras los gobiernos federal y estatal siguen experimentando con estrategias militares superficiales, los michoacanos continuarán sufriendo los embates del crimen organizado que sólo cambiará de nombre y de nuevos socios en el gobierno.
Twitter: @GilOlmos
Fuente: Proceso
