La frontera sur de Estados Unidos está llena de pequeñas armerías que dependen en mayor o menor medida de México. La industria armamentista de aquel país se beneficia cada año con 127 millones de dólares sólo por sus “exportaciones” al vecino del sur. Estos son sólo dos pequeños indicadores de un problema, el del tráfico de armas, que por un lado da ganancias económicas estratosféricas y por el otro genera miles de muertes. Y en México el tema tiene su contraparte: el decomiso de esas armas es mínimo.
Por Mathieu Tourliere/ Proceso
Pese a que México tiene una de las legislaciones más estrictas del mundo en materia de tenencia de armas, las autoridades confiscan sólo 14% de las 252 mil que cada año cruzan ilegalmente por la frontera norte.
Estas son cifras del informe El camino de las armas: Estimado del tráfico de armas de fuego a través de la frontera entre Estados Unidos y México dado a conocer el lunes 18 por la Universidad de San Diego y el Instituto Igarapé, de Brasil.
Sólo 2.2% de las armas que se vendieron entre 2010 y 2012 en territorio estadunidense se traficó a México. Sin embargo, 46.7% de las 51 mil armerías estadunidenses (especialmente las que están cerca de la frontera) depende “en alguna medida” de la demanda mexicana.
En ese mismo periodo el tráfico de armas hacia México generó para el sector ganancias por 127 millones de dólares al año, cuatro veces lo que sumó en el periodo de 1997-1999 y más de seis veces lo que estima el más reciente reporte de las Naciones Unidas sobre el narcotráfico y el tráfico de armas, correspondiente a 2012.
El informe señala que se utilizó una nueva metodología para obtener las anteriores cifras. Se tomó en cuenta el número de solicitudes de licencias de venta de armas ligeras en Estados Unidos y se cruzaron con los factores que determinan la demanda interna, como ingresos, densidad de población, tendencias políticas e índice de criminalidad.
A partir de ello estimaron la demanda total del tráfico, en cuanto a número de armas y a ingresos para la industria. La metodología “clásica” para calcular el flujo de armas toma como base el número de armas ilegales confiscadas por las autoridades.
El estudio destaca que el número de tiendas de armas crece cerca de la frontera sur de Estados Unidos. De hecho 6 mil 700 armerías se concentran en las zonas fronterizas de California, Arizona, Nuevo México y Texas, con un promedio de dos establecimientos por kilómetro.
Calcula que en México circulan más de 15 millones de armas ilegales, 80% de las cuales vienen de Estados Unidos. Reporta además que se utilizaron armas de fuego en la mitad de los 120 mil homicidios cometidos entre 2007 y 2012.
Para contrarrestar este flujo, el estudio recomienda a Estados Unidos un mayor control del comercio doméstico, ya que desde los ochenta las 2 mil 200 fábricas establecidas en ese país produjeron 98 millones de armas cortas y largas.
El pasado 9 de enero el Congreso mexicano pidió a los senadores estadunidenses que lleven a cabo un registro balístico de las armas en los estados fronterizos para “saber con precisión el nombre de quien la adquirió originalmente y proceder a la búsqueda y localización de su dueño”, precisó la senadora priista Marcela Guerra Castillo.
El Congreso mexicano también solicitó que por ley se reestablezca la prohibición de los rifles de asalto en la frontera con México. Tal solicitud se encuentra en el boletín 0796 de la Comisión Permanente del órgano legislativo.
Veto ametrallado
En abril el Senado estadunidense someterá a votación una ley para controlar el comercio de armas. Dicha ley fue solicitada por la administración de Barack Obama después de la matanza de 27 personas –entre ellas 20 niños– en la ciudad de Newtown, Connecticut. Sin embargo, el diario The New York Times publicó el pasado miércoles 20 que la oposición conservadora obstaculizará la ratificación de un texto amplio al “inundarlo de enmiendas para que se vuelva a favor de los proarmas”.
Dianne Feinstein, senadora demócrata por California, ya vio desaparecer su cláusula que prohibía la venta de 157 tipos de rifles de asalto. El golpe de gracia vino de su propio campo: Harry Reid, líder de la mayoría demócrata en el Senado le retiró el apoyo. Argumentó que con dicha cláusula el texto final no hubiera recogido los 60 votos necesarios para su aprobación, señaló The New York Times. Reid comentó que en todo caso los senadores podrán proponer cláusulas a través de enmiendas.
El proyecto de ley se limitará a establecer un mayor control sobre los antecedentes y el estado de salud mental de los compradores de armas, tal como lo piden los grupos de interés en favor de las armas, como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).
Sin embargo Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, reconoció en enero pasado que el gobierno “simplemente no tiene el tiempo ni el personal para investigar a cada uno (de los compradores) que mintió o que contestó mal un formulario”, señala el Instituto de Acción Legislativa de la NRA, el grupo de cabilderos de la Asociación.
De acuerdo con el reporte El camino de las armas… “el hecho de que sólo 5% de todos los distribuidores de armas registrados en Estados Unidos sean inspeccionados anualmente sugiere que existen pocas revisiones para detectar prácticas ilícitas, como las ventas a ‘compradores de paja (testaferros)”.
En 1994 el gobierno de Bill Clinton decretó un veto de diez años para la venta de rifles de asalto, que George W. Bush no refrendó en 2004. Ese año las ventas domésticas de armas tuvieron un crecimiento súbito, por lo que los autores del informe señalan que “el fin de la prohibición fue responsable de un crecimiento de 16.4% de los homicidios en México entre 2004 y 2008”. Entre 1997 y 1999, época del veto de los rifles de asalto, sólo se introducían 88 mil armas a México, un tercio del número actual.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1900, ya en circulación)
