La Academia Internacional de Derecho Humanitario colocó a México como el segundo país con el mayor número de muertos en 2012, sólo abajo de Siria.
De acuerdo con el organismo de investigaciones con sede en Ginebra, Suiza, el año pasado los conflictos armados arrojaron un total de 95 mil muertos en todo el mundo, de los cuales 55 mil se contabilizaron en Siria, nueve mil en México y siete mil 500 en Afganistán.
No obstante, señaló que México, al igual que Turquía, Tailandia y otros países, no reconoce la existencia de un conflicto armado en su territorio.
Según el texto, además de los 95 mil muertos, los conflictos también dejaron centenares de miles de heridos, pero pocos dieron lugar a sanciones por crímenes de guerra, debido a que las leyes son poco claras.
Sin embargo, en algunos casos se impuso la ley, como sucedió cuando Estados Unidos y Gran Bretaña juzgaron a algunos de sus soldados por crímenes de guerra cometidos en Afganistán.
El análisis, que busca allanar el camino para el juzgamiento de crímenes de guerra, determinó la existencia de al menos 38 conflictos armados en 24 países y territorios en 2012, incluida la guerra civil en Siria, sobre la base de su interpretación del derecho humanitario internacional.
Los académicos que dirigieron la investigación señalaron que hubo escasa justicia debido a la falta de acuerdo o la confusión sobre qué constituye un conflicto armado bajo las Convenciones de Ginebra y otros instrumentos del derecho humanitario internacional.
“No siempre está claro si una situación constituye un conflicto armado y, por tanto, se pueden juzgar crímenes de guerra”, subrayó Andrew Clapham, profesor de derecho internacional y director de la academia.
En su edición 1936, que circula esta semana, la revista Proceso retomó un informe difundido por el semanario Zeta, en el que se detalla que durante los primeros 11 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, el número de asesinatos dolosos aumentó respecto de los últimos meses del sexenio calderonista.
La metodología instrumentada por Zeta desde el sexenio de Felipe Calderón, aplicada ahora en la administración de Enrique Peña Nieto, consiste, como todo trabajo periodístico de investigación, en confrontar la versión oficial publicada en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y las procuradurías locales, incluidos los dichos del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el vocero Eduardo Sánchez, con los registros de ejecuciones que reportan mensualmente las instituciones no gubernamentales en cada uno de los estados.
A diferencia de las 17 mil 68 ejecuciones que contabilizó el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, basado en igual número de averiguaciones previas abiertas por homicidios dolosos, Zeta registró, en los primeros 11 meses de gobierno de Peña Nieto, 19 mil 16 ejecuciones hasta el 30 de octubre de 2013.
Luego de un minucioso recuento de las ejecuciones, mes por mes, en cada una de las entidades federativas, la conclusión más importante a la que llegó este semanario es que el primer tramo del gobierno de Peña Nieto es ya más cruento que el último de Calderón Hinojosa.
Para empezar, el primer año de gobierno de Felipe Calderón, 2007, Zeta documentó 2 mil 826 muertes producto de “ejecuciones”, “enfrentamientos”, “homicidios-agresiones” y homicidios dolosos a consecuencia del narcomenudeo.
En los últimos 11 meses de gobierno de Calderón, las ejecuciones alcanzaron la cifra de 18 mil 161, mientras que datos duros documentados en este semanario arrojan la cantidad de 19 mil 16 ejecuciones entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013. Este rubro el gobierno peñista empezó clasificándolo como “homicidios dolosos relacionados a delitos federales”, pero son saldos de la guerra que mantiene el gobierno federal contra algunos cárteles de la droga y de la confrontación entre éstos, que se disputan el control de la producción, tráfico y distribución de sustancias ilegales.
Pero el Secretariado Ejecutivo sólo reconoce 17 mil 68 “averiguaciones previas” por homicidio doloso entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013.
Más aún, en la cifra de 19 mil 16 ejecuciones obtenida por Zeta lamentablemente no se incluye los que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido clasificar como homicidios culposos o “accidentes” en el Sistema Nacional de Seguridad Pública que dirige Monte Alejandro Rubido.
Fuente: Proceso
