La calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 cayó un punto, de 30 a 29, y coloca al país como la nación peor evaluada entre los países que conforman el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La organización Transparencia Mexicana consideró que este descenso probablemente se deba a las resistencias que se han generado para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
“Es claro por los resultados del IPC 2017 que la corrupción es un problema institucional. Países como Chile o Uruguay, posicionados a más de cien lugares de distancia de México en el ranking, lo comprueban. Ambos fueron los únicos países de América Latina con calificación mayor a 60, lo cual puede deberse a la presencia de Fiscalías Independientes, con capacidades reales de investigación y persecución del delito”, afirmó.
El IPC, es una medición anual que da a conocer Transparencia Internacional, el cual, mide en 180 países los niveles de corrupción percibidos en cada nación respecto del sector público.
El Índice utiliza una tasa de cero a 100, en donde cero es altamente corrupto y 100 muy honesto.
En el caso de México, Transparencia Mexicana afirmó que la transparencia por sí sola no es suficiente para combatir de manera eficaz la corrupción, pues a pesar de que en esa materia el País sí está bien evaluado sigue cayendo en el IPC.
“De acuerdo con el Índice de Transparencia Presupuestaria 2017, publicado por la Open Budget Partnership, México ocupó el sexto lugar de 102 países, posicionándose como el mejor país del continente americano, incluso por encima de Canadá y Estados Unidos.
“Sin embargo, sin acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción, será difícil que México mejore en las evaluaciones internacionales sobre corrupción e impunidad”, sostuvo.
Entre las acciones que México debe realizar para mejorar su posición en el IPC, afirmó Transparencia Mexicana, están asegurar la correcta implementación del SNA e incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT en las investigaciones de lavado de dinero y operación de empresas fantasma.
También, crear una Fiscalía General de la República capaza, autónoma e independiente; así como avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos respecto del financiamiento a partidos políticos y sus proveedores.
Fuente: Reforma
