(Silencio del gobierno ante deportaciones)
Por Ana María Aragonés
Ante las infames deportaciones que el gobierno de Estados Unidos está ejecutando desde hace unos años y que han alcanzado 2 millones en la administración del presidente Barak Obama, el gobierno mexicano mantiene una vergonzosa y pusilánime posición.
Es cierto que no tiene la más mínima honorabilidad para recriminar a su homólogo estadunidense la inmoralidad de sus acciones en la medida en que lo que sucede en México con los migrantes que intentan alcanzar la frontera con Estados Unidos es casi peor de lo que nuestros connacionales están viviendo con las deportaciones.
En México los migrantes son extorsionados, secuestrados, asesinados y en ocasiones mutilados como consecuencia de los terribles accidentes que enfrentan al subirse a la temida Bestia. Los indocumentados, que padecen toda esa serie de calamidades, y de los que son culpables no sólo los delincuentes organizados que pertenecen a alguno de las decenas de cárteles que han proliferado en el país, sino las propias autoridades que deberían tener una actitud de defensa y cuidado de ellos.
Tal es el caso de instituciones como el Instituto Nacional de Migración, del que se ha dicho en todos los idiomas que debe desaparecer por corrupto y encarcelar a los todos los miembros que hayan sido responsables no sólo de atacar a los migrantes, sino de coludirse con los cárteles. Pero el gobierno mexicano simplemente brilla por su ausencia ante tantas iniquidades.
Pero la consecuencia de las deportaciones no sólo se manifiesta en el desgarramiento de las familias, la devastación de los propios deportados, sino en un sentimiento de verdadero terror que está invadiendo a una parte importante de estos trabajadores que se encuentran en Estados Unidos y que si en principio, debido a su situación administrativa, presentan una gran vulnerabilidad, ante los nuevos acontecimientos esta condición se recrudece. Y quienes se benefician al final son los empresarios inescrupulosos del vecino país.
Una vez que esos trabajadores son reenviados al país, la situación es muy dolorosa para ellos. Por un lado, no sólo viven la tragedia de la separación de sus seres queridos, de una vida en la que han estado trabajando por 10, 15 o 20 años y lograron iniciar una vida digna, para ellos, para sus hijos. Ahora son prácticamente aventados a la frontera del lado mexicano. No tienen adónde ir, pues después de tantos años algunos han perdido casi todo el contacto con sus comunidades de origen. Es tan lastimosa su situación que, como señala la agencia Notimex, muchos de los migrantes son deportados sin sus pertenencias y por eso hay que apoyarlos y darles ropa que los abrigue para el clima que se vive en muchos lugares de la frontera.
Otros deportados que sí tienen familiares en algunos sitios del país no tienen dinero con qué regresar a sus comunidades; viven un terrible sentimiento de frustración y vergüenza. Por eso permanecen en la frontera, en busca de algún empleo que lamentablemente no encuentran. Y, si pueden comer, es gracias a la generosa y altruista oferta de sacerdotes como el Padre Chava, que brinda alimentos diariamente a miles de deportados en Tijuana.
Qué extraño que al mismo tiempo el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmara que el gobierno federal ha puesto en marcha el proyecto llamado Somos mexicanos mediante el cual al migrante deportado se le otorgarán papeles, comida, se le preguntará si quiere regresar a su lugar de origen o quedarse en la frontera, además de que ha pactado con 500 empresas para que ofrezca empleos a esos migrantes deportados.
Entonces, ¿por qué estos beneficios no han llegado a la frontera?
Alguien miente, ¿verdad?
Fuente: La Jornada
