Inmigrantes que firmaron órdenes de deportación supuestamente de manera voluntaria y fueron enviados a México podrán reingresar a Estados Unidos y presentar sus casos ante la corte, de acuerdo con una orden emitida el jueves por un juez.
Los beneficiarios serían mexicanos en el sur de California que renunciaron a su derecho de audiencia, procedimiento conocido como regreso voluntario, y fueron expulsados del país entre el 1 de junio del 2009 y el 28 de agosto del 2014, de acuerdo con la orden del juez federal John A. Kronstadt.
La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones demandaron al Departamento de Seguridad Nacional en 2013, bajo el argumento de que las autoridades utilizaron estrategias engañosas al deportar inmigrantes.
La aprobación judicial da carácter colectivo a la demanda presentada a nombre de nueve inmigrantes deportados. En agosto de 2014 el juez aprobó un acuerdo extrajudicial entre las partes, pero este fallo sólo cubrió a los demandantes iniciales. Ahora la determinación judicial permitirá que cientos o quizás miles de inmigrantes expulsados puedan regresar a Estados Unidos y presentarse ante un juez de inmigración.
“Esto es histórico”, dijo Gabriela Rivera, abogada de la Fundación de la ACLU del Sur de California, una de las entidades que representó a los inmigrantes en la demanda.
Según la querella, los inmigrantes deportados no tenían antecedentes penales “significativos” y sus familiares podrían haberles ayudado a evitar ser retirados del país, si es que agentes de la Patrulla Fronteriza o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no les hubieran informado engañosamente sobre lo que les pasaría después de renunciar a su derecho de ver a un juez.
“A la gente se le decía que quedaría detenida por meses si es que no firmaban su deportación voluntaria y que al final un juez de inmigración de todos modos rechazaría sus peticiones”, agregó la abogada. “Aun cuando una persona estaba informada, no estaba en posición de decir no”.
La Patrulla Fronteriza y el ICE han dicho que sus agentes usan las deportaciones voluntarias como una opción para quienes quieren regresar a sus países de origen, en vez de un proceso formal de deportación, pero que no toleran “la coerción o el engaño de ninguna manera”.
El Departamento de Seguridad Nacional no contestó inmediatamente a un mensaje que le envió la AP en busca de comentarios al respecto.
El carácter colectivo no podrá ampliarse para cubrir a inmigrantes deportados en otras partes del país, agregó Rivera.
Los solicitantes que quieran acogerse a este beneficio tienen que estar viviendo en México al momento de pedir su reingreso a Estados Unidos, y también tienen que haber tenido razones de fuerza mayor que justificaran el vivir legalmente en su país adoptivo al momento de haber firmado su deportación.
Sólo la ACLU y organizaciones aprobadas por esta entidad podrán presentar peticiones a las autoridades de inmigración y lo harán de manera gratuita.
“No se dejen engañar por notarios”, advirtió la abogada.
Fuente: AP
