Por Sergio Sarmiento
Quizá el internet es demasiado importante, vigoroso y creativo como para pensar que el gobierno lo dejaría crecer en libertad. En la mayoría de los países sus servicios se han multiplicado en alcance y calidad mientras que sus precios se han desplomado sistemáticamente. El internet ha sido ejemplo del desarrollo de una industria sin intervención gubernamental. Quizá por eso hoy los políticos buscan meterle mano.
El 26 de febrero la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos decidió por votación dividida de 3 a 2 clasificar el internet como un “servicio público” como la telefonía o la electricidad. El servicio “en anarquía” que maravillaba a Eric Schmidt de Google tendrá que someterse ahora a reglas que limitarán quién puede darlo, bajo qué condiciones y con qué precios. La medida la justifican con el argumento de que hay que garantizar la “neutralidad de la red”. Pero si consideramos los resultados de otras regulaciones de servicios públicos, hay que temer que el resultado sea un internet más burocrático y menos libre.
Lo que ocurra con el internet en Estados Unidos nos importa a los mexicanos porque la experiencia nos dice que lo que se hace al norte de la frontera en regulación pronto se aplicará en nuestro país. .
El propósito ostensible de declarar el internet como servicio público es evitar que las empresas de distribución impongan prácticas monopólicas. Pero en lugar de simplemente limitar los abusos de los dominantes, la FCC ha adoptado un sistema que le da enormes poderes para regular el servicio. El que la telefonía fija tan regulada se haya convertido en una forma declinante de comunicación mientras que el internet sin regulación crezca de forma explosiva debería advertirnos acerca de los riesgos de una intervención gubernamental excesiva.
Las reglas que hasta ahora ha dado a conocer la FCC impedirían que los proveedores puedan bloquear el “tráfico” o cobrar tarifas diferenciadas. El bloqueo de servicios, como el que Telmex hacía de competidores de telefonía por internet, es ciertamente una práctica anticompetitiva e inaceptable. Igualmente abusivo sería si Izzy, la empresa de cable de Televisa, se negara a permitir el acceso a Claro Video de Telmex. Prohibir las tarifas diferenciadas, sin embargo, no sólo puede ser injusto sino perjudicial para el desarrollo del internet.
Las tarifas diferenciadas son muy comunes en la economía y tienen buenas razones para existir. Las aerolíneas cobran más por asientos con más espacio o mejor servicio. La industria automotriz produce automóviles con mejor desempeño o equipo y los vende a un precio mayor. Las autopistas de cuota agilizan el tránsito vehicular. Muchas empresas dan descuentos a quienes compran más. Las tarifas diferenciadas son una parte integral de la libertad de precios.
Actualmente una tercera parte del tráfico nocturno de internet en Estados Unidos proviene de Netflix, el servicio de películas y televisión. Los proveedores de internet han tratado de cobrarle un precio adicional para asegurar que sus videos bajen con rapidez. Netflix sería así la principal beneficiaria de la prohibición de cobros diferenciados. Pero ¿qué pasa con quienes no usan Netflix? Tendrán que pagar los costos de una mayor saturación mientras que los proveedores tendrán menores incentivos para invertir en la ampliación de las redes.
Las autoridades deben impedir los abusos de los monopolios, pero no meterse a regular cada detalle y precio de un “servicio público”. Lo único que lograrán será hacer un internet más burocrático y con menos crecimiento… aunque quizá eso sea lo que buscaban desde un principio.
Pariente prohibido— ¿Que Arely Gómez es hermana de un directivo de Televisa? ¿Qué su esposo es primo de un ejecutivo de Oceanografía? ¿Y qué? Que yo sepa no hay en México ninguna ley sobre portación de pariente prohibido. A la abogada hay que juzgarla por su trayectoria y no por sus hermanos o por los primos de su marido.
Fuente: Reforma
