Por Pedro Miguel
Observada en conjunto, la llamada transición mexicana puede leerse como un complicado relato que conduce a un corolario inequívoco: la democracia no sirve. La llegada de Fox a la Presidencia de nada sirvió a una sociedad harta de los rasgos más oprobiosos del priísmo salinista y zedillista: política económica generadora de pobreza y desigualdad, corrupción, prácticas electorales fraudulentas y represivas. El guanajuatense no sólo utilizó el desaseado mecanismo del Fobaproa (cúspide de los agravios de Zedillo) para enriquecer a su entorno inmediato, no sólo aplastó movimientos populares mediante la fuerza bruta (Lázaro Cárdenas, Atenco, Oaxaca) sino que coronó su mandato con un fraude electoral que negó lo que parecía haberse logrado seis años antes en materia de legalidad electoral. En 2006 la consolidación de PRIAN y la cooptación por parte del Ejecutivo de autoridades comiciales que habían tenido un momento de independencia e imparcialidad permitieron incrustar en Los Pinos a Felipe Calderón a contrapelo de la voluntad popular.
Habría que ponderar cuánto le debe a Vicente Fox la fórmula disuasoria todos los políticos son iguales, que no es sino una consigna orientada a sembrar entre la sociedad la idea de que la política y sus profesionales son necesariamente corruptos, cínicos e intercambiables, sin distingo de colores, partidos ni ideologías.
Calderón, por su parte, suplió su debilidad de origen mediante un cogobierno de la mano del PRI que profundizó la corrupción neoliberal impuesta por Salinas –y continuada por Zedillo y Fox– y que hizo frente a la descomposición social producto de ese modelo mediante una violencia que se tradujo en más de 100 mil muertes, decenas de miles de desaparecidos y un daño institucional incalculable.
Los servicios prestados por el PRI al PAN en 2006 fueron correspondidos seis años después: el gobierno federal garantizó que la compra masiva de votos que llevó a Peña a la Presidencia se realizara sin contratiempos. Más aun, ante el derrumbe de Josefina Vázquez Mota, el calderonato adoptó al tricolor como plan B de candidatura oficialista. Esos comicios enviaron a la sociedad un nuevo mensaje disuasorio: sin importar cuán impopular resulte un individuo, ni cuánto rechazo cause en la población, los poderes fácticos son capaces de inventarle una voluntad popular favorable.
De la caracterización de los Duarte, Medina, Borge y compañía como la nueva generación priísta a la conformación de satrapías locales impresentables por parte de los referidos pasaron sólo dos o tres años. Entre la fuga del ex gobernador veracruzano –ya presentado ante la opinión pública como el corrupto solitario– y la fabricación de un triunfo electoral para un político priísta similar en el estado de México mediaron unas semanas. En el encubrimiento de la suciedad electoral mexiquense han tenido un papel destacado no sólo las autoridades electorales locales sino también las federales. De hecho, lo que podía quedar de escepticismo sobre la parcialidad del INE ha sido despejado con nitidez por la actuación descaradamente priísta de sus consejeros ante los comicios de junio en el Edomex. Y tras el repudio social y el clamor porque renuncien, llegó de nueva cuenta el mensaje disuasorio: nos quedamos en nuestros puestos y háganle como quieran. Es decir, en las elecciones generales del año entrante habrá autoridades electorales omisas, facciosas y sometidas al Poder Ejecutivo y, a fin de cuentas, a todo lo que hay detrás de éste.
Declaración implícita para 2018: ni se molesten en ir a votar, a menos que quieran conseguir una despensa, una tarjeta de débito, un par de billetes o una chambita; somos especialistas en hacer realidad encuestas autocumplidas, en fabricar resultados que contradigan a las encuestas y en convertir impopularidades de 85 por ciento en triunfos electorales de 33 por ciento.
Pensándolo bien, en un país en el que se implanta un sistema anticorrupción dedicado a dar cobertura a la corrupción no es tan raro que la autoridad electoral se empeñe en convencer a la sociedad de que los procedimientos electorales sólo sirven para legitimar a un régimen antidemocrático, como ya lo hicieron los consejos del IFE presididos por Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdez. Para mayor ventaja, el mensaje del INE encaja a la perfección en este punto con los sectores de opinión que han hecho de la política y de los políticos su abominación favorita.
Para lograr un triunfo realmente opositor es necesario, en estas condiciones, contrarrestar los efectos desalentadores que este mensaje perverso tiene en la ciudadanía y convocarla a una insurrección electoral de tal magnitud que haga imposible cualquier intento de distorsionarla.
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Fuente: La Jornada
