Por John M. Ackerman
Los 57 mil menores mexicanos y centroamericanos sin acompañantes que han sido detenidos cruzando la frontera con los Estados Unidos desde octubre de 2013 son refugiados de una guerra económica, política y social impulsada desde Washington. La alineación de Enrique Peña Nieto con Barack Obama sobre el tema constituye un vergonzoso rompimiento histórico con la larga tradición de independencia política y solidaridad latinoamericana que había caracterizada la diplomacia mexicana a lo largo del siglo XX. En lugar de servir como perro guardián del imperio, México tendría que priorizar los derechos humanos de sus hermanos y hermanas latinoamericanos.
Obama ha traicionado la confianza de los latinoamericanos residentes en el país del norte. Durante las campañas presidenciales de 2008 y 2012, prometió regularizar a millones de inmigrantes y arreglar el sistema migratorio disfuncional. En respuesta, recibió el contundente apoyo de los votantes latinos. El 67% lo respaldó en 2008, y el 71% en 2012.
Pero la ingratitud de Obama parece no tener límites. Rápidamente se convirtió en el Presidente estadounidense que ha deportado a la mayor cantidad de migrantes en la historia, en el “Deportador-en-jefe” de acuerdo con activistas, con más de 2 millones de expulsiones durante el tiempo que lleva en la Casa Blanca. Asimismo, ha endurecido la vigilancia en la frontera sur y fracasado olímpicamente en aprobar reformas que podrían reunir a familias de migrantes, además de permitir a jóvenes estudiar y trabajar en los Estados Unidos aunque hubieran ingresado “ilegalmente” al país cuando eran niños.
La posición retrógrada de Obama con respecto al éxodo de los niños sin acompañantes constituye la última gota que derrama el proverbial vaso. Los menores detenidos merecen la oportunidad de reunirse con sus familiares, quienes con su arduo trabajo sostienen la economía estadounidense. Si Obama hubiera cumplido con su promesa de regularizar a esta importante fuerza laboral, la mayor parte de estos niños podrían ingresar legalmente sin problema alguno a petición de sus parientes.
Los trabajadores migrantes tienen el mismo derecho a cuidar a sus hijos y a educarlos en escuelas públicas que cualquier otro empleado. Obama y el gobierno norteamericano están sufriendo las consecuencias de su propia hipocresía.
La solución entonces va mucho más allá de declarar algunos niños “refugiados” de la “guerra” que libran grupos criminales de América Central. Existe la urgente necesidad de poner un alto a la injusta extracción de la fuerza de trabajo de los latinoamericanos residentes en Estados Unidos sin que el gobierno o los empleadores se responsabilicen por el bienestar personal y el de las familias de sus empleados.
Pero en lugar de exigir la implementación de una reforma migratoria integral en Estados Unidos, al igual que respeto a los derechos humanos de los mexicanos y latinoamericanos residentes allá, el gobierno de Peña Nieto ha asumido plenamente el enfoque de Washington que visualiza el problema como una “crisis” que se resolvería con medidas más drásticas de “protección” fronteriza y de inhibición de los flujos migratorios.
El Instituto Nacional de Migración ha informado que durante los primeros meses de la presente administración, desde enero de 2013 hasta junio de 2014, el gobierno mexicano expulsó casi 15 mil menores. Asimismo, Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y José Antonio Meade han trabajado cercanamente con el gobierno estadounidense desde un “enfoque regional” para reforzar la frontera sur de México y detener a migrantes centroamericanos dentro del territorio mexicano con el fin de facilitarle el trabajo a la guardia fronteriza del vecino del norte.
El régimen autoritario no se conforma con entregar el petróleo mexicano a las empresas transnacionales y hacer el trabajo sucio a Washington en su “guerra” contra las drogas. También funge como un perro guardián que defiende las fronteras estadounidenses de los “indeseables” centroamericanos. La “integración” norteamericana que promueven Obama y Peña Nieto es en realidad una subordinación continental dónde, por un lado, los trabajadores y los niños latinoamericanos tendrán que pagar todos los costos y, por otro, donde las empresas transnacionales, en alianza con las respectivas oligarquías nacionales, cosecharán todos los beneficios.
Esta situación constituye una clara llamada de atención a las fuerzas sociales de que ya no son suficientes las estrategias de resistencia enfocadas en un solo país. Los promotores de la soberanía nacional y popular en materia energética en México tendrían que unir sus luchas con las demandas de los migrantes latinoamericanos en los Estados Unidos. Del mismo modo, los defensores de los migrantes en EU harían bien en abrir sus ojos a la importancia de respaldar los movimientos sociales de la oposición democrática en México.
Las luchas en ambos lados de la frontera comparten una sola agenda a favor del poder y la economía populares, y en contra del saqueo, la censura y el despojo. Frente al abandono de los intereses ciudadanos de parte de los gobiernos estadounidense y mexicano, la única solución se encuentra en la unión entre los pueblos norteamericanos, centroamericanos y latinoamericanos.
Twitter: @JohnMAckerman
