El precandidato presidencial priista José Antonio Meade sostuvo que, como secretario de Hacienda, sí procedió contra los excesos de Roberto Borge, recién extraditado de Panamá y actualmente preso en un penal de Morelos, aunque más tarde se reunió con el exgobernador Félix González Canto, señalado por haber impuesto a Borge Angulo como su sucesor.
Meade Kuribreña anunció que pedirá a los partidos que lo apoyan que formulen una iniciativa de ley para la confiscación inmediata de los bienes de servidores públicos procesados por corrupción.
“Sí procedí (contra Roberto Borge). Está sujeto a un proceso, justamente emanado de estas investigaciones”, dijo tras emitir un mensaje a medios en el asta bandera monumental de la zona hotelera de este destino turístico.
Más tarde, Meade sostuvo en encuentro con dirigentes locales del PRI y, a su lado, estuvo el senador Félix González Canto.
También se entrevistó, en el aeropuerto internacional de esta ciudad, con el presidente municipal Remberto Estrada, del PVEM.
En redes sociales, deportistas se quejaron de que fueron desmanteladas las estructuras de las canastas de basquetbol y futbol rápido en la unidad deportiva “Morelos” para un mitin de Meade, por la tarde.
En su mensaje, el precandidato presidencial también insistió en los señalamientos de la situación patrimonial de Andrés Manuel López Obrador.
“Mi trabajo explica lo que soy y lo que tengo. Puedo acreditar de qué vivo y cómo lo he obtenido, y en ello nunca ha habido ninguna simulación”, dijo.
En su mensaje, dio a conocer una nueva propuesta, que se suma al paquete de medidas que dio a conocer en días pasados, que incluyen acelerar el nombramiento del fiscal anticorrupción y enseguida urgió a los partidos que lo apoyan a que promuevan esta iniciativa ante Legislativo.
“El combate a la corrupción no sólo es cárcel a los corruptos, sino que se devuelva lo que se han robado”, subrayó.
El también excanciller señaló que pretende que “quien haya desviado un solo peso, que lo haya obtenido al margen de la ley, que lo regrese”.
Esta iniciativa, precisó, consta de tres puntos, y el primero es que los funcionarios bajo proceso no sólo paguen con cárcel, sino que regresen el dinero, los bienes a través de un “mecanismo ágil”.
Agregó que no sólo se confiscarán los bienes que estén a su nombre, “sino aquellos en los que estén como propietarios, aunque lo tengan registrado de algo más”.
Como segundo punto, expresó, buscará “cárcel con pena máxima ampliada para los corruptos”.
Y como tercer elemento, señaló que la iniciativa prevé la “certificación patrimonial obligada” a través de una “instancia que certifique”.
“Quien no pueda explicar el origen de sus bienes, los perderá”, ofreció.
