Por Jesús Cantú
El pasado miércoles 3, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, inició la recolección de datos personales de los asistentes a sus eventos y la entrega de certificados y tarjetas con folios para los eventuales beneficiarios de su programa Avanzar Contigo, la versión federal del programa Salario Rosa, que ya inician los gobiernos priistas en sus entidades.
Meade reproduce, tal como anunció el pasado 11 de febrero en el cierre de su precampaña en Tlalnepantla, Estado de México, el modelo de compra de votos que llevó a cabo en la elección de 2017 el entonces candidato priista a gobernador, Alfredo del Mazo.
El operativo arrancó en Culiacán, Sinaloa, y supone la aplicación de una presunta encuesta en la que los asistentes al evento proporcionan sus datos personales, como nombre completo, dirección, teléfono y correo electrónico; posteriormente, definen el tipo de apoyo que les interesa recibir. Por su parte, el equipo de apoyo del candidato les entrega un certificado-compromiso de Meade y una tarjeta con número de folio que les permite darle seguimiento a su solicitud.
El candidato señaló que el objetivo es recabar información para conocer las necesidades de los ciudadanos, pero eso, aunado a los datos personales, le permitirá darle seguimiento puntual a lo largo de la campaña, así como hacerles llegar mensajes personalizados y, desde luego, la promesa concreta del apoyo que recibirán si él gana la elección, lo cual se traduce en compra y coacción.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala en el párrafo 5 de su artículo 209 que, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, deberá suspenderse “la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo…” Y precisa que “dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto.”
La ley es muy clara. Sin embargo, las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación con las tarjetas que se repartieron en el Estado de México y Coahuila durante las campañas por las gubernaturas en 2017 le abrieron la puerta a Meade para recurrir al mismo operativo, incluso mejorado.
La estrategia es muy evidente: el 15 de febrero Alfredo del Mazo inició en el Estado de México el reparto de las Tarjetas Rosas en actos masivos que le permitieron comunicar que el PRI sí cumple sus promesas de campaña. Para este año se pretende atender a 111 mil amas de casa mexiquenses, a quienes les repartirán casi mil millones de pesos, es decir, un promedio de 9 mil pesos a cada una de ellas, aunque los montos serán muy variables, pues algunas recibirán únicamente un pago de 2 mil 400 pesos, mientras otras recibirán hasta 14 mil 400 pesos (Proceso 2158).
Este operativo no se limita al Estado de México. Ya está en marcha también en Coahuila y Campeche. A pesar de la prohibición legal, eventualmente se extenderá en los siguientes meses a otras entidades gobernadas por candidatos del PRI. Puesto que las reglas de operación son muy ambiguas, les permiten a los operadores un manejo muy discrecional del mismo y, por lo tanto, condicionar tanto su incorporación al programa como el monto que recibirán a su compromiso de votar por el candidato priista.
Y la pinza se cierra con el operativo implementado por el equipo del candidato del PRI, que apela a esta promesa de beneficio mediato en efectivo si se le apoya con el voto para ganar la elección presidencial. La complementación de los dos es evidente: por una parte, pretenden generar la certidumbre de que los candidatos priistas cumplen sus compromisos si los electores cumplen el suyo; y, por la otra, les permite utilizar los programas sociales estatales para coaccionar el voto del próximo 1 de julio y aumentar la presión con la promesa del beneficio futuro.
Como indica Horacio Duarte, representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y presidente del comité estatal de ese partido en el Estado de México (Proceso 2160), el operativo incluye la compra masiva de votos a través de las promesas de beneficios futuros y los programas sociales. Ahora también incluye a los representantes de casilla de los partidos de oposición para lograr que, particularmente en las zonas rurales y de mayor pobreza (Proceso 2158), éstos no acudan a las casillas y el PRI tenga la posibilidad de aumentar la votación a su favor.
La experiencia de las elecciones del Estado de México y Coahuila muestra que el operativo es efectivo en elecciones muy cerradas y que sí se puede mover un porcentaje importante, pero limitado, de votos. En cuanto a Coahuila, las encuestas de preferencia electoral previas a la jornada arrojaban un promedio de tres puntos de ventaja para Guillermo Anaya, el candidato del PAN; por lo que toca al Estado de México, los resultados eran muy heterogéneos, pues unas daban la ventaja al abanderado priista Alfredo del Mazo y otras a Delfina Gómez, la candidata de Morena, aunque en este caso las que la favorecían le otorgaban una ventaja de 1 punto porcentual.
En ambos casos la diferencia fue de menos de tres puntos; en el del Estado de México, el porcentaje de votos que se logró movilizar fue de aproximadamente cuatro puntos, mientras en Coahuila fue de alrededor de seis.
En lo que atañe a la elección presidencial, de acuerdo a las encuestas de encuestas que realizan varios medios de comunicación internacionales y un grupo mexicano la diferencia en estos momentos entre Andrés Manuel López Obrador, el candidato que encabeza la contienda, y Ricardo Anaya, que aparece como segundo lugar, es como mínimo de 13 puntos; con respecto a José Antonio Meade, la diferencia es de 18, lo cual reduce sustancialmente las posibilidades de éxito de un operativo de esta naturaleza.
Sin embargo, es un hecho que el gobierno federal y los estatales priistas, junto con Meade, apuestan a que podrá ubicarse en el segundo lugar (por lo pronto, ya varias encuestas de medios claramente cercanos al gobierno lo ubican en esa posición, para seguir con la práctica de alterar los indicadores, como lo hicieron con la pobreza y la economía) y, desde allí, que el operativo le permita hacer el resto
Las probabilidades de éxito de esa estrategia son muy bajas; pero es un hecho que ya la pusieron en marcha y están dispuestos a recurrir a todo tipo de prácticas, incluyendo las que ya lavó el Tribunal Electoral.
Fuente: Proceso
