La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la posibilidad de reconocer a los familiares de desaparecidos como actores con derecho a ser informados de las investigaciones judiciales. El proceso llegó a los ministros gracias a la persistencia de la madre de una de las víctimas de la masacres de migrantes de San Fernando, Tamaulipas.
Por Daniela Rea/ Fotos: Fernando Santillán / Arturo Contreras Camero
Bertila Parado tuvo que esperar cuatro años para recuperar a Carlos, uno de sus dos hijos que dejó el hogar materno para buscar trabajo en Estados Unidos.
Pero no lo recuperó como ella habría deseado. El cuerpo de Carlos estaba entre los 193 cadáveres encontrados en 47 fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, aquella primavera del 2011.
Carlos había salido de su casa unas semanas antes de que ese cementerio se descubriera o existiera, y avanzó por el territorio mexicano hasta llegar a Monterrey. El 27 de marzo le llamó a su madre para decirle que en breve compraría un boleto de autobús para cruzar la frontera. Fue la última llamada.
“Yo lo oí muy triste y con mucho temor. Como él fue el inventor de este negocio de las pupusas, me preguntó cómo había estado la venta, yo le dije que estuvo bien, queriéndolo animar, pero la verdad estaba muy desanimado. Yo creo que él ya presentía algo, quizá él ya había visto algo, no sé, no sé nada”, dice Bertila quien hasta ahora se repite una y otra vez esa llamada para tratar de encontrar pistas o sentido a lo que le hicieron a su hijo.
“Esa llamada fue un momento crucial, como definitivo. Después ya no recibo llamada de él, a mi hijo le habló en Estados Unidos, le dijo que había comprado el tiquete (boleto) para el autobús, para la frontera, pero ya no llegó. Iba a estar ahí a las 5, pero ya no llegó”.
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Entre abril y mayo del 2011 San Fernando, Tamaulipas fue de nueva cuenta escenario del horror. Ocho meses después de la masacre de 72 migrantes, se encontraron 47 fosas clandestinas que en su interior tenían al menos 193 cadáveres de personas. El hallazgo llevó a cientos de familias de México y Centroamérica, cuyos familiares habían pasado por ese lugar antes de desaparecer de la tierra, a preguntar si entre los restos estaban los de sus seres queridos. Entre estos centenares de buscadores estaba Bertila.
Bertila buscó con las autoridades de su país y de México sin resultado.
“La búsqueda empezó a los 8 días de desparecido, fuimos a Cancillería de El Salvador y esperamos, nos dijeron que estuviéramos preguntando si había noticias, estuvimos preguntando y cada 2, 3 días si había noticia y nunca la había. A los 6 meses nos hicieron los ADN, yo pertenezco al Comité de Familias Migrantes Desaparecidos (Cofamide), pasó año nueve meses para tener la noticia de que lo habían encontrado ahí”.
Entonces ella no lo sabía pero la gestión de las organizaciones Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y el Equipo Argentino de Antropología Forense obligó a las autoridades mexicanas y centroamericanas a crear una base de datos transnacional para tratar de identificar a las personas de las fosas, que se presume muchas de ellas pueden ser migrantes. Así le tomaron muestras de sangre para obtener su ADN.
En diciembre del 2012, un año y nueve meses después de la partida y última noticia de su hijo, Bertila recibió una llamada de la Fiscalía General del Salvador que le confirmó que entre los restos estaba el de Carlos.
“Yo pedí información para que me demostraran que era verdad, porque ya había visto otros casos donde no había dictámenes o los féretros los entregaban encerrados obligando a las familias a no abrirlos”, relata Bertila.
A su exigencia de información, le respondieron con otra llamada dos meses después. Las autoridades de su país le notificaban que debía acudir a Cancillería y firmar la autorización para la cremación de los restos de su hijo.
“Imagínese yo tenía ese año nueve meses con el calvario más fuerte que he vivido en toda mi vida y me llaman para cremarlo, entonces yo me negué a firmar esos documentos porque para mí fue un golpe muy fuerte saber que le quitaron la vida y ahora más quieren cremarlo, sentía que se querían deshacer de él o algo así”.
“Las autoridades de mi país me dijeron que era una orden de México, que tenían que cremarlos por salud. Pero yo les dije que no, que hasta que no me demuestren que es mi hijo Carlos, que no lo cremen. A la verdad yo no le creo nada a México, porque al momento que quiere cremar a una persona es que quiere borrar toda la evidencia”.
Con los antecedentes de violaciones a los procedimientos forenses por parte del gobierno mexicano, la Fundación decidió defender a Bertila por la vía jurídica y exigió a la PGR sus derechos, pero ésta ni siquiera la quiso reconocer como víctima y, por lo tanto, le negó acceso a las investigaciones.
Así que la batalla judicial escaló y se interpuso un amparo para lograr dos cosas. Primero, evitar que se cremaran los restos; segundo, que la PGR la reconociera como víctima. La estrategia de la Fundación era que el caso de Bertila sirviera para defender a otros cientos de víctimas que habían sido revictimizadas por el Estado que debió protegerlas.
Su caso es el eje de un recurso que la Suprema Cortre de Justicia de la Nación (SCJN) debe resolver ahora, y que puede marcar un precedente histórico en el caso de las desapariciones de personas en México.
Los ministros tienen en sus manos la posibilidad de que los familiares sean reconocidos como actor fundamental en las investigaciones judiciales, un derecho que las autoridades han negado persistentemente a miles de personas.
Fuente: Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
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Son las 9 de la noche y doña Bertila acaba de volver a casa. Al teléfono se escucha cansada. Desde la madrugada se puso a preparar las gorditas de masa para vender en el puesto, Carlos fue el inventor de esa idea. Un día le dijo que sus pupusas eran tan sabrosas que seguro le iría bien vendiéndolas.
“Nos levantamos desde las 5 a preparar, cocer maíz, hacer curtido, salsa, hacer
muchas cosas. Para ganar unos 30, 40 dólares hay que trabajar todo el día”, cuenta por teléfono.
Él la animó para poder sacar un poco de ingreso, y aunque a veces como hoy, se le venden todas, el ingreso fue y ha sido insuficiente y no impidió que su hijo se fuera a buscar futuro.
“La pareja de Carlos estaba esperando una niña, tenía 7 meses, y por eso él se fue, para darle una vida buena, hacerle casa a ella, quería darle una vida mejor, pero como le digo, todos sus sueños se los robó México”, dice Bertila, originaria de Consonate, un pueblo donde hay varios desaparecidos.
Ahora la niña esta por cumplir 4 años, pero Bertila no la ha visto. Sin noticias de Carlos y sin certeza de su muerte por la falta de un cuerpo, la mujer pensó que la había abandonado al cruzar a Estados Unidos y se fue con la niña.
La desaparición de su hijo le molió el corazón. Bertila pasó año y medio en tratamiento siquiátrico y dos años con sicólogos que intentaban ayudarle a sanar. Además de cuidar su salud y emociones Bertila debió aprender de leyes para defender sus derechos y los de su hijo.
“Yo apenas puedo escribir mi nombre, sólo tengo el primer grado de primaria, entonces a mi me cuesta entender esto y a veces, quizá, no entienda estar allá”, dice refiriéndose a México, a donde ha venido para dar seguimiento al amparo que la Fundación le apoyó a poner y que se discutirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las semanas próximas.
Aunque quizá no lo vea, Bertila es una mujer fuerte y valiente. Si bien ella no aprendió a leer y escribir, pudo llevar a su Carlos hasta el tercer año de bachillerato, y encabezar una batalla legal ante la Corte que podría ser un antecedente de respeto y reconocimiento de los derechos de las víctimas en México.
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Bertila logró detener la cremación de los restos de su hijo y el 6 de febrero del 2015, fueron repatriados a su país. Con el cuerpo llegaron solo algunas de sus pertenencias, un bóxer y un calcetín, pero nada de la mochila y los zapatos que llevaba. Bertila también recibió ropa que no le pertenecía a su hijo.
Casi cuatro años después de la desaparición y del hallazgo de las fosas clandestinas de San Fernando, Carlos volvió a casa.
“Los documentos que me dieron dicen que quizá murió en una masacre donde estuvieron bajando a mucha gente de los camiones, secuestrando a las personas, y que a lo mejor murió ahí como el 30 de marzo y que a él lo encuentran el 3 de abril del 2011″.
Aunque Bertila ya enterró a su hijo, no para.
“Yo no he parado porque siempre he querido saber la verdad, la he buscado en mi país, a donde iba siempre he querido saber la verdad aunque eso me va a doler, porque yo sigo con un trauma y pienso que cuando todo se esclarezca pienso que voy a tener un poco de paz porque cuando pienso en el momento en que lo capturan, pienso el miedo, el temor que pudo haber sentido y vivo con ese miedo… cuando hay mucho frío siento que él sintió mucho frío y me agarra una cosa terrible…”.
Bertila no para, porque además de la verdad, quiere la justicia.
“Para mi la justicia es que las personas que hicieron las masacres paguen todo lo que hicieron y que el gobierno entregue todos esos expedientes que está ocultando, de las masacres de 72 migrantes, de las fosas, los de Cadereyta, todas esas masacres tienen gente muerta y gente culpable”.
“Yo me siento bien de esa lucha porque sé que es ayudar a otros y quizá a aquella madre que no puede llegar hasta donde yo he llegado con ayuda de la Fundación. A veces me siento agotada y pienso dejarlo, pero luego pienso que vale la pena seguir, luchar y que el Gobierno mexicano se haga responsable de tantos migrantes desaparecidos. México ha robado los sueños de mi hijo y de muchos, México es la tumba de los migrantes, de cientos de salvadoreños, de centroamericanos y aun de su misma gente”.
Fuente: En el Camino
