Por Luis Javier Valero
En el curso de la semana, el tema de la deuda regresó por sus fueros entre los Chihuahuenses. Inmerso en una profunda crisis financiera, el gobierno de Javier Corral ha anunciado la contratación de mil 800 millones de pesos (mdp), de un crédito de corto plazo y de la posibilidad de recurrir a la bursatilización por 3 mil mdp, para solventar los gastos del presupuesto del 2017.
En el ínterin, se desató la controversia acerca de si Corral había avalado la anterior operación de bursatilización, aprobada por el Congreso del Estado en diciembre del 2015, y ejercida en las postrimerías del gobierno de Duarte.
“Con el aval del actual gobierno, la anterior administración estatal encabezada por César Duarte Jáquez se gastó todo el dinero correspondiente al último crédito que solicitaron por un monto de 6 mil millones de pesos de la bursatilización. El secretario de Hacienda del Gobierno estatal, Arturo Fuentes Vélez, aseguró que así lo acordaron de manera conjunta ambos gobiernos, el que entonces estaba en funciones y el electo, porque era la mejor alternativa ante las condiciones financieras del estado”. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario, 3/XII/16).
Sin embargo, el documento firmado por el entonces gobernador electo, Javier Corral, estableció que había nombrado como su representante a Fuentes Vélez a fin de que los recursos obtenidos de ese financiamiento fueran empleados tal y como lo estableció el Congreso del Estado en el decreto respectivo que, por supuesto, la administración saliente podía, y lo hizo, hacer lo que le viniera en gana, de tal modo que el último fin de semana en el poder, César Duarte aprobó a quienes, de los acreedores del gobierno estatal, se les pagaría el último día de su administración.
Fuentes Vélez confirmó la información vertida por Jaime Herrera en sus postreros días como encargado de las finanzas estatales: Que del dinero recibido, “3 mil mdp se usaron para pagar un crédito que en noviembre de 2015 se contrató con garantía de los remanentes de los ingresos del peaje de las carreteras y los 2 mil 600 restantes para el pago de proveedores de inversión pública realizada en la pasada administración estatal” (Ibídem), cuando, a pesar de que el Congreso les había aprobado que fuera una bursatilización, Herrera adujo que habían encontrado unas mejores condiciones de financiamiento en un préstamo bancario, cosa que, ¡Oh, sorpresa! La legislatura local les aprobó, cuya garantía, efectivamente, eran los remanentes de los ingresos de las casetas.
A pesar de todo lo expresado en los 60 días del gobierno actual, el Secretario de Hacienda informó que no había habido engaño de la pasada administración, en cuanto al ejercicio del total de los recursos de la bursatilizacion, “porque se pagaron y se cumplieron con los compromisos que estaban pendientes de pago”.
Acotado el gobierno de Corral por los desequilibrios financieros, colmada la capacidad crediticia de la administración estatal, ha acudido a un crédito de corto plazo de mil 800 millones de pesos “para cubrir la operación propia del gobierno, como el pago de la nómina, abastecimiento de gasolina y mantenimiento de los vehículos”, sin que esos recursos sean los suficientes para cubrir el total de los requerimientos pues apenas el viernes anterior, la dirección del Colegio de Bachilleres comunicaba al personal que sería hasta la próxima semana cuando se podrían cubrir el pago de aguinaldos y otras prestaciones.
En tanto, Corral insiste en la petición al gobierno de Peña Nieto de que debiera acudir en auxilio de las finanzas estatales.
¿Es una postura plañidera, la de Corral?
Tal percepción empieza a cobrar fuerza en algunos sectores de la población, entre ellos, ¡Pero por supuesto! los más cercanos al priismo ¿Es justa?
Probablemente no. Cuando la controversia Reyes Baeza-Duarte, acerca del monto de la deuda heredada por éste último alcanzó su punto máximo, el ballezano informó que para empezar con suficientes recursos su administración, el gobierno de Felipe Calderón le había otorgado 3 mil 200 mdp.
Ahora, Peña Nieto pretende entregarle al gobierno de Corral solamente 420 mdp, a pesar de la enorme diferencia. Seis años atrás, Duarte recibió un total de 12 mil mdp de endeudamiento. Corral asumió en medio de una deuda –la bancaria y la de los fideicomisos– de cerca de los 50 mil mdp ¡Cuatro veces mayor!
Y todavía le piden que no se queje. Es pasmosa tal actitud.
De ahí la pertinencia de la pregunta ¿Es aceptable que el gobierno de Corral, legítimamente elegido, acuda a la contratación de más deuda, ya sea la bancaria de corto plazo, o la de los financiamientos derivados de la bursatilización, o de la monetización de los remanentes de los peajes carreteros?
¿Hay otras opciones, además de la de recurrir al gobierno federal, el que no ha tratado a Chihuahua con la benevolencia que le ha prodigado a otras entidades, entre ellas Guerrero, antes de las últimas elecciones locales, y que, ante una catástrofe económica, derivada de la crisis de inseguridad, no trató a nuestra entidad como la entidad urgida de un auxilio mayor.
Igual ahora, Chihuahua es una entidad afectada severamente en sus finanzas gubernamentales, de manera severa, a causa de una desastrosa conducción económica –además de la derivada de las presuntas corruptelas cometidas a lo largo y ancho de la administración saliente– y requiere del auxilio de las finanzas nacionales y no aparece, pero ni por asomo, la mínima voluntad política del presidente Peña Nieto para hacerle frente a una indudable situación crítica de las finanzas estatales.
De ahí que la posibilidad de recurrir a recibir los recursos de la bursatilización ya aprobada por 10 mil mdp, cuyo monto asciende a alrededor de los 2 mil 800 mdp, aparece como la única salida posible, no tan sólo para lo que resta del año, sino, fundamentalmente, a los compromisos gubernamentales del próximo año.
Aparentemente, por lo menos en estos rubros, Jaime Herrera, el ex Secretario de Hacienda, informó cosas veraces. Siempre sostuvo que las salidas, para enfrentar el enorme déficit presupuestal del Chihuahua, se encontraban en la bursatilización de los remanentes carreteros y en la utilización, incluso, de otros ingresos del gobierno estatal y que el gobierno de Javier Corral no encontraría más recursos para hacerle frente a los compromisos de fin de año, por ello insistió en que se aprobara la bursatilización por 10 mil mdp, hoy lo deberá realizar la nueva administración, ahora por un monto de los 3 mil mdp, de acuerdo con la propuesta de presupuesto para el 2017, presentado por el Secretario Fuentes Vélez.
El problema de fondo, el del déficit presupuestal, insiste Corral, que lo resolverán merced a los enormes ahorros que podrán realizar en los gastos de prácticamente toda la administración estatal y no solamente en el gasto corriente de la administración estatal.
Una medida de esa magnitud y característica deberá ser compartida por la sociedad chihuahuense; es de primerísima prioridad conocer la magnitud de los negocios realizados al amparo de la administración estatal.
Abarcan toda la actividad del gobierno de Chihuahua, hasta en los montos del gasto de alimentación de los reos del estado en los que los sobreprecios, de los contratados por la anterior administración, rebasan el 50% por día, por preso de los penales de Chihuahua, de los que ha convenido el gobierno de Corral.
Si el total de los insumos y servicios requeridos por el gobierno fueron adquiridos con sobreprecios –incluidos los famosos “moches”–, entonces la razón le asistiría al nuevo mandatario y tendría explicación el hecho de que la propuesta de presupuesto para el próximo año contenga un déficit del orden de los 3 mil mdp –un gasto de 61 mil 955 millones de pesos y un ingreso de 58 mil 356 millones–, con una disminución del 5.9% respecto del ejercicio anterior, pero que en la realidad debe rondar entre el 9 y el 10%, por el índice inflacionario, respecto del aprobado para este año, lo que sería uno de los recortes presupuestarios más importantes que tengamos memoria y que, de no ahorrarse los recursos a los que Corral alude una y otra vez, podrían convertirse en una auténtica catástrofe financiera para el gobierno de Chihuahua, con las obvias repercusiones para el total de la economía estatal, además de las dolorosas consecuencias para un buen número de chihuahuenses.
Así que más nos vale que Corral y su equipo tengan razón en la magnitud de las corruptelas, cosa que no es exagerada pues en cada grupo social, ya no es novedad, aparecen los damnificados por alguna de las indudables maniobras de quienes integraron el grupo anterior grupo gobernante.
Prácticamente no hubo área del quehacer de la administración estatal en la que no se adviertan los signos y las evidencias de los múltiples negocios realizados al amparo de la administración pública, ejercida de manera tan inescrupulosa, tan desaseada, tan ruin…
Ahora resta esperar la debida presentación de los cargos en contra de quienes ejercieron tan malamente los recursos públicos de los chihuahuenses.
