A pesar de un fallo de la Corte Suprema de hace 32 años, los distritos escolares siguen poniendo obstáculos a la inscripción de niños que fueron traídos a Estados Unidos sin autorización, dijo el jueves el gobierno de Obama, que calificó esos reportes de “preocupantes”.
Los departamentos de Justicia y Educación emitieron nuevos lineamientos en los que recuerdan a las escuelas y distritos escolares que tienen la obligación jurídica de inscribir a cualquier estudiante sin importar su estatus de inmigración. La directriz señala que las escuelas deben ser flexibles al decidir qué documentos aceptan para demostrar la edad y lugar de residencia de un estudiante.
También les recuerda no preguntar sobre el estatus de inmigración de un estudiante ni exigir documentos como una licencia de manejo, si eso pudiera impedir que el estudiante se inscriba debido al estatus de inmigración de un padre.
El Departamento de Educación dijo que ha recibido 17 quejas desde 2011 de estados como Colorado, Carolina del Norte, Ohio, Luisiana, Michigan, Nuevo México y el Distrito de Columbia.
El secretario de Educación Arne Duncan dijo que en algunos casos los directivos escolares han solicitado indebidamente información como si el menor tiene visa o la fecha de entrada a Estados Unidos.
Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que también han tomado medidas, a veces de manera conjunta con el Departamento de Educación y a veces por separado. El Departamento de Justicia ha negociado arreglos con distritos escolares en estados como Georgia, Florida y Virginia. Y dijo que después que se puso en contacto con Alabama, el Departamento de Educación estatal envió directrices a distritos para recalcar que no pueden prohibir o desalentar la inscripción de estudiantes por la falta del número de Seguridad Social o de un certificado de nacimiento, o porque sus padres no tienen una licencia de conducir de Alabama.
Los funcionarios de los departamentos de Educación y Justicia dijeron que han detectado que los estados y distritos están dispuestos a trabajar con el gobierno federal sobre el tema.
“Es un tributo a los educadores del país que reconozcan lo importante que es para los niños poder asistir a la escuela y están dispuestos a tomar las medidas necesarias para asegurar que no están coartando inadvertidamente la voluntad de los estudiantes o de las familias” en ese sentido, dijo Jocelyn Samuels, subsecretaria de Justicia interina para los derechos civiles en el Departamento de Justicia.
El secretario de Justicia Eric Holder dijo a los reporteros que su dependencia “hará todo lo posible para asegurar que las escuelas cumplan esta obligación”.
Los niños que fueron traídos al país sin permiso de ingreso tienen garantizado el derecho de educación hasta la secundaria bajo el fallo de la Corte Suprema en el caso Plyler vs. Doe de 1982.
Fuente: AP
