Por Sabina Berman *
- Los trágicos sucesos de Tlatlaya y de Ayotzinapa, ocurridos el año pasado, han despertado a la sociedad mexicana de un letargo de resignación.
En esos oscuros hechos hemos visto, como en una maqueta de nuestra amplia geografía, que la inseguridad que campea en la Nación se debe de forma principal a que el Estado y el Crimen se han convertido en vasos comunicantes ligados por la Corrupción.
- Hemos visto cómo hoy el Estado y el Crimen cooperan en el pillaje a la sociedad, sin importar la cifra de los muertos y desaparecidos que acumulan al hacerlo, ni la inmoralidad con que han inundado a la Nación.
Hoy el Crimen y el Estado comparten a sus ejecutores: un policía suele ser esbirro del Crimen, un gobernador puede ser su socio y un juez es probable que responda al capo de su territorio.
- Hemos visto así mismo que incluso en los espacios de convivencia pacífica, la Corrupción destruye a la Nación. Por ella se tuercen los mejores proyectos nacionales, se fugan de nuestro erario cuantiosos recursos que debieran financiar la construcción de obras para el Bien Común y nuestra Democracia se ha vaciado de sentido, al grado que la sociedad carece de razones para votar en las elecciones que se aproximan.
¿A qué elegir entre un candidato u otro, si cualquiera que sea electo trabajará dentro de una casta cuyo sistema es la Corrupción?
- A partir de las tragedias de Tlatlaya y Ayotzinapa, y durante cinco largos meses, la sociedad mexicana, trascendiendo separaciones de clase y de ideología, se ha pronunciado en cada espacio público posible –en los medios de comunicación, en la prensa escrita, en las redes sociales, en las marchas por las calles de nuestras ciudades– exigiendo al gobierno federal que actúe para frenar las miles de desapariciones y asesinatos de conciudadanos –muchos de ellos perpetrados por las propias fuerzas gubernamentales–, así como para detener el estado de impunidad que impera a escala nacional teniendo como eje el mal de la Corrupción.
Que inserte entre las instituciones una nueva y autónoma de los poderes políticos, para que así pueda ejercer la vigilancia, el juicio y los castigos que dicten las leyes vigentes.
- Pero a este acuerdo social manifiesto, el gobierno federal ha respondido con dos simulaciones. Desde el Poder Ejecutivo con la restauración de una Secretaría de la Función Pública, ahora como en sus tiempos de ejercicio, carente de autonomía verdadera: por tanto, una institución inútil para el propósito.
Y en su rama legislativa, el gobierno federal ha respondido creando una Comisión Anticorrupción, de igual forma carente de autonomía y de poderes, y por tanto igualmente inútil.
- Entendiendo pues que la misma Corrupción inutiliza a la casta política para seguir el mandato de la sociedad, es tiempo de que los ciudadanos nos organicemos al margen del gobierno actual y elijamos un curso común de acción. Un curso de acción pacífico y que nunca aparte su rumbo de la meta en que nuestros deseos coinciden: expulsar a la Corrupción de la República e inaugurar una etapa histórica donde la Justicia rija en los haceres de la Nación.
- La amenaza a la consecución de la meta son sin duda los maximalismos; la tentación de agregar a la meta en la que coincidimos por razones naturales todos los ciudadanos, otras metas que nos dividan y separen. Sostener la sencillez del propósito, por el contrario nos garantiza la unión y la unión nos garantiza su logro.
Vale pues desde el humilde minimalismo apalabrar otra vez el propósito ya expresado por la sociedad: la creación de un organismo nacional, con capacidades autónomas y suficientes para erradicar la Corrupción y para fiscalizar con severidad la actuación de quienes deberían dedicarse a procurar la impartición de justicia real y expedita a todos los mexicanos.
- Por tanto, este manifiesto propone a los ciudadanos una Fiscalía por la Justicia formada por diez mil fiscales –ninguno de los cuales debe contar con pertenencia a partidos políticos, o historia en la función pública o, desde luego, historia delictuosa. Una Fiscalía por la Justicia encabezada por un ciudadano con las mismas características, que sea electo entre no más de cinco candidatos en un plebiscito nacional, a más tardar dentro de dos meses.
- Una vez formada, la Fiscalía para la Justicia exigirá en forma pública a los poderes Legislativo y Judicial la legalización de sus funciones y su sustento económico.
Respaldada por una mayoría de mexicanos, con un propósito simple y sin duda noble, se antoja a la razón imposible que la exigencia pueda ser ignorada.
- En nombre pues de nuestros muertos y desaparecidos, en nombre del saqueo sistémico de nuestros recursos nacionales; en busca de la sanación de nuestra Democracia y la restauración de nuestra dignidad de hombres y mujeres, y con la mira en una Patria donde el Bien rija y prospere sobre el Mal, queda aquí impreso y público este manifiesto a la Nación, para la mejor consideración de sus habitantes.
* Este texto se publicó en la edición 1999 de la revista Proceso.
