Por Sanjuana Martínez
En México los asuntos se politizan, se mediatizan y frecuentemente, el gobierno y las autoridades, los resuelven de acuerdo por donde sopla el viento. No hay un auténtico Estado de derecho y por consiguiente, los expedientes judiciales son finalmente archivados si así lo ordena la llamada “razón de Estado”.
A partir de asumir posturas la gente te va colocando en un bando o en otro y entonces te convierten automáticamente en buena o mala; en traidora de la causa o en adalid de la justicia. El “caso Mamá Rosa” es un claro ejemplo, junto al ya celebre de la francesa Florence Cassez. Para algunos, aquí lo que importa es tomar partido, independientemente que se cuente con información de primera mano o no.
De manera temeraria la gente empieza a externar opiniones sin siquiera haber estado en el lugar de los hechos, sin haber recabado testimonios de los menores internos. Hay quien argumenta que defendía a Mamá Rosa porque lo llevaron de “chiquito” aunque ahora tenga 40 años y otros que justificaban el desastre encontrado en el albergue diciendo que por lo menos a ella no “le explotaron los tanques de gas”, el resto de las férreas defensas hablaban de un tiempo pasado que no se corresponde con la actualidad.
Seguramente Mamá Rosa inició hace más de 60 años un hermoso proyecto de acogida de menores, seguramente invirtió su energía de manera amorosa con los niños rescatados de las calles. Pero las cosas y la gente cambian. Los caminos de la evolución del género humano son misteriosos.
Hemos visto la metamorfosis de gente dedicada a causas nobles que se convierten en aquello que combatían. Un claro ejemplo de ello, es el reciente arresto de la llamada “madrota de Sullivan”, Alejandra Gil, quien se dedicaba a rescatar víctimas de trata a través de una Asociación Civil, pero finalmente organizó una red de explotación sexual de mujeres y niñas. Cuando explotó el caso, las y los activistas en contra del tráfico humano, no daban crédito de los hechos narrados en el expediente judicial, pero la realidad terminó imponiéndose gracias a los testimonios de las víctimas.
Cuando empecé a investigar el tráfico de niños en el llamado caso “Casitas del Sur” fui tirando del hilo conductor que conducía al jefe máximo de la red y mi sorpresa fue mayúscula. Se trataba de un personaje que hasta entonces había sido fuente “fidedigna” sobre la el abuso sexual del clero y los fundamentalismos religiosos. Las pruebas recabadas por la policía y los testimonios dirigían su camino hacia Jorge Erdely Graham, especialista en sectas, quien fundó su propia secta llamada la Iglesia Restaurada y creó el grupo de “Los Perfectos” para crear más de 40 casas hogar en la República y traficar con menores. La red de tráfico infantil se extendía hasta el Cono Sur y llegaba a Tailandia y Europa.
En ese entonces, mi espectro de investigación sobre el paradero de los niños desaparecidos en “las casitas” de Monterrey, Quintana Roo y el Distrito Federal me llevó hasta Zamora. La situación del albergue de Mamá Rosa ya estaba dentro del mapa de focos rojos de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de la infancia.
Las denuncias habían empezado 30 años antes. He tenido acceso algunas de ellas, donde se menciona abuso físico, psicológico y sexual, además de la explotación laboral.
En Zamora era un secreto a voces lo que sucedía allí adentro. Mamá Rosa recibía a sus ilustres visitantes en los primeros salones, pero pocos de los que ahora la defienden, hicieron recorridos por esos rincones infrahumanos donde albergaba a los niños. Y si algunos conocieron ese lugar y normalizaron la situación, resulta francamente criticable.
Una cosa es la pobreza de un albergue, como el caso del sacerdote Alejandro Solalinde quien lo sostiene de donativos particulares, absolutamente humilde, pero limpio, ordenado y bajo protocolos de asistencia social. Y otra, muy distinta, la suciedad acumulada de “La Gran Familia” con más de 10 toneladas de basura y animales como vacas dentro del lugar. La insalubridad era notoria.
Decir que por lo menos Mamá Rosa “recogía” a los niños y evitaba que estos estuvieran en las calles, es hacerle un flaco favor al trabajo asistencial. Considerar que esos “niños pobres” que viven en la orfandad no tienen derecho a una vida digna, es un error que demuestra el desprecio con la que algunos “aristócratas” o “intelectuales”, quieren manejar una falsa filantropía. Para ellos esos pobres deberían de agradecer el techo y la comida que Mamá Rosa les daba, no importa que eso significara dormir en el suelo, en un catre sin colchón, entre pulgas, ratas y chinches y con comida, algunas veces, echada a perder, según los testimonios.
Independientemente de la responsabilidad o inocencia de Mamá Rosa, lo más importante son esos niños rescatados. Ella ya la libró, gracias a “los abajo firmantes” y a su avanzada edad. Nuevamente las autoridades judiciales han claudicado en su deber de hacer prevalecer el Estado de derecho, algo que ciertamente, volvemos a comprobar no existe. Seis de sus colaboradores han sido remitidos al penal de Nayarit. Y es muy difícil pensar que una mujer con su personalidad y don de mando, incluso autoritaria, controladora, no sabía nada de lo que pasaba en su albergue. En fin, la impunidad, ese mal endémico de México impera nuevamente.
Las preguntas siguen sin respuesta: ¿Por qué organizar un operativo desproporcionado ahora? ¿Por qué las autoridades no actuaron si las denuncias surgieron hace 30 años? ¿Por qué permitieron que Mamá Rosa se convirtiera en un poder por encima de la ley? ¿Por qué no interviene la CNDH cuyo presidente está buscando reelegirse y guarda un silencio ominoso en este y otros muchos más asuntos?
Este caso es una radiografía del fracaso del Estado. Las instituciones encargadas de velar por el bienestar de la infancia han claudicado en su deber de atender a esos niños “reubicados” por las mismas autoridades en albergues que carecen de la menor vigilancia institucional.
No existe un padrón de niños transferidos a las decenas de albergues del país. Tampoco un seguimiento de cada caso. Mucho menos un control institucional.
Los albergues funcionan al “libre albedrío” de sus fundadores o directores. No se les obliga a tener protocolos estandarizados de atención a víctimas de violencia familiar. Las autoridades no hacen inspecciones periódicas para aprobar o reprobar su funcionamiento. ¿Cuántas Mamás Rosas habrá en México?
¿Cuántos albergues hay en este momento funcionando bajo el imperio del horror como el caso de La Gran Familia? Allí están los testimonios de los niños, de los padres, de gente que padeció las secuelas de los castigos corporales, físicos, psicológicos y sexuales. También hay testimonios a favor, de menores que ahora son adultos. Seguramente fueron internos en las primeras décadas de funcionamiento del albergue.
Cerrar los ojos, ponerse una venda, sostener una postura por encima de los hechos, ignorar los contundentes testimonios, evadir las más de 50 denuncias, no ayuda a construir un nuevo paradigma de atención a la niñez.
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Fuente: Sin Embargo
