Por Luis Javier Valero Flores
Los violentísimos hechos ocurridos el miércoles en los alrededores de Palacio de Gobierno vinieron a develar algo que bien sabíamos: la elevada irritabilidad ciudadana, que se agravó, en el caso de los habitantes de la capital por varios hechos extrañamente coincidentes.
La convocatoria de Unión Ciudadana a manifestarse en Palacio de Gobierno parecía no diferir de otras anteriores, salvo por las nuevas circunstancias, locales y nacionales, y que tenía como consignas la exigencia al respeto al resultado electoral (debido a la impugnación a la elección a gobernador, presentada por el PRI); el rechazo al “artificial” desabasto de combustibles; la exigencia del “respeto a los usuarios del transporte urbano”; la no destrucción de “evidencias de la corrupción duartista”; la acción penal en contra “de Duarte ¡Ya!” y el cese de la represión en Oaxaca.
Sin embargo, había un cariz distinto en la convocatoria, en la forma que cundió en las redes sociales, especialmente en Facebook, consistente en el agregado que muchos le añadieron a la convocatoria: “¡Todos a las calles, a sacar a Duarte!”.
De ese modo, la manifestación tuvo como centro de su atención, no la manifestación de tales consignas, sino el Palacio de Gobierno, porque en el imaginario de los manifestantes la idea era “sacar a Duarte” del Palacio de Gobierno, de ahí que se convirtiera, éste, en el centro de la atención.
Los ánimos exacerbados de la multitud no necesitaban mayor explicación, el desabasto de gasolina y diesel de los dos días anteriores habían provocado que miles y miles de trabajadores no acudieran a sus trabajos y que decenas de miles de automovilistas padecieran los estragos de la carencia de gasolina.
No se necesitaba ser un gran previsor para saber que, ante tal cúmulo de molestias, la probabilidad de hechos violentos fuera muy elevada.
Y que, además, las provocaciones podrían ser extremadamente posibles.
Evaluar tales condiciones era indispensable para las dirigencias, de cualquier partido político o agrupación social; además, era –es– necesario hacer una adecuada evaluación de las demandas.
Vayamos por la impugnación del PRI. Aún el presidente del Tribunal Estatal Electoral no ha determinado si la impugnación es procedente; nadie podría, por tanto, argüir que los órganos electorales le esquilmarán el triunfo a Javier Corral; vamos, ni entre los priistas existe la más remota esperanza de que prospere el alegato que, a la luz de las pruebas ofrecidas por el PRI, no tiene sustento legal.
¿Sacar a Duarte de Palacio de Gobierno?
¿A estas alturas, cuando una mayoría abrumadora de chihuahuenses ya lo determinó? ¿Y por la mejor de las vías, la político-electoral, la que no ofrece atenuante alguno?
¿Por qué no esperar a que, como es su obligación, haga la entrega del gobierno y no darle posibilidad alguna a que se pueda argüir su anticipada salida para no hacerlo y que tengamos, de parte de su equipo y de él mismo, el reporte pormenorizado de cómo entrega la administración y, a su vez, el informe de Javier Corral de cómo la recibe?
¿Cuál es, por ejemplo, la opinión del equipo de Corral acerca de la impugnación presentada por el PRI, no desde el punto de vista político, sino de la debilidad o fortaleza de los argumentos esgrimidos por el priismo en la demanda?
Asimismo, el de que la sociedad chihuahuense debiera tener la versión del equipo ganador de las elecciones sobre el abasto de la gasolina en la capital y el noroeste de la entidad y ahora, en virtud de los nuevos acontecimientos, urge que se inicie, a la brevedad, el proceso de entrega-recepción de la administración.
Porque en el momento actual no es por la vía de las manifestaciones (aunque, repetimos, es el pleno derecho de los mexicanos y mal haríamos en negar tan elemental derecho por el que tanto hemos abogado) sino por el de la vía político-electoral que deban hacerse vigentes los derechos de la sociedad y, también, la satisfacción de sus demandas.
Porque ahora entraremos a una espiral incontrolable, la de la exigencia de la liberación de los detenidos, por una parte, la del castigo “ejemplar” que exigirán otros y la del completo esclarecimiento de los hechos que exigiremos todos, para deslindar lo que sostienen algunos de los convocantes, en el sentido de que hubo “infiltrados del gobierno”, o de que fueron los “colaboradores de Corral”, en la versión de la otra parte, además de que deberemos exigir la más pulcra de las investigaciones acerca de los proverbiales excesos de las fuerzas policíacas.
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