Por Denise Dresser
Tantas formas de saquear a Pemex. Tantas maneras de ordeñar y huachicolear desde hace décadas. La gran empresa nacional –“de todos los mexicanos”– usada como caja chica y caja fuerte por presidentes y directores y contratistas y líderes sindicales y criminales dentro del gobierno y fuera de él. Empresa nacionalizada y privatizada, saqueada y exprimida, concebida y asesinada, como escribe Ana Lilia Pérez en el libro Pemex RIP. Expoliada para proveer más de 40% del presupuesto público, para financiar el gasto corriente, para construir emporios privados, para comprar elecciones presidenciales, para apuntalar gubernaturas y rescatar compañías quebradas de los cuates. El oro negro que produjo manos manchadas. El patrimonio de los mexicanos, mal utilizado, despilfarrado, estropeado. Y los responsables tienen nombre y apellido. Pululan impunes y perdonados cuando deberían ser investigados y sancionados.
Todos los que han facturado a Pemex cajas de champaña Laurent Perrier, vinos Chateau Pontet Canet, whiskeys cosecha especial Bourbon Early Times, óleos de Rufino Tamayo, joyas Cartier, y relojes Rolex de oro macizo. Todos los que han vendido plazas y han hecho negocios ilegales con buques y camiones. Todos los que han sustraído gasolina, diésel, asfaltos, combustóleo, nafta. Quienes han cargado fajos de dinero en portafolios para comprar la anuencia de comunidades indígenas cuyas tierras se vuelven necesarias para el negocio. Quienes han creado compañías de prestanombres o amigos para vender o arrendar a Pemex con sobreprecio o precios inflados. Quienes han firmado “convenios” con el sindicato para hacerle “préstamos” millonarios cuyo destinatario era un candidato presidencial, como en el caso del Pemexgate. Tantas modalidades utilizadas para huachicolear. Tantos gobiernos que lo hicieron posible.
La corrupción presente y posible desde Luis Echeverría hasta Enrique Peña Nieto. Las prácticas gangsteriles del sindicato, encabezado por líderes con vida de jeques como Carlos Romero Deschamps. Los “gobiernos de la alternancia” de Vicente Fox y Felipe Calderón, un grupo compacto de funcionarios públicos convertidos en contratistas o viceversa. Aquel fallido proyecto de refinería del calderonismo, en el cual se despilfarraron millones y por el cual Pemex sigue pagando al estado de Hidalgo. Aquellas denuncias –hechas hace ya más de una década– sobre el crecimiento exponencial del robo de hidrocarburos, la adulteración, y el fortalecimiento del mercado negro de hidrocarburos a las que nadie prestó atención. Ni el presidente ni los legisladores ni los directivos de Pemex hicieron lo que debían haber hecho, o intervinieron a tiempo. Había demasiados intereses qué proteger, demasiados negocios qué impulsar, demasiadas elecciones qué financiar.
Mientras Pemex seguía desangrándose, mientras la productividad continuaba desplomándose, mientras los pasivos seguían acumulándose, mientras las pérdidas continuaban acumulándose, mientras los costos de producción seguían incrementándose, mientras sus ganancias se utilizaban para financiar el gasto corriente, Emilio Lozoya se trasladaba en helicóptero de su casa en Cuajimalpa a la torre de Pemex, con un costo al erario de 27 mil pesos por día laboral.
Emilio Lozoya involucrado en los escándalos de OHL, en los sobornos de Odebrecht, en adjudicaciones irregulares, en licitaciones cuestionables, en compras indefendibles, en memorandos de entendimiento a través de los cuales adjudicó negocios de manera amiguista por doquier. El dinero de Pemex continuó repartiéndose entre la misma casta de connivencia; entre los que aprovecharon la reforma energética para enriquecerse. Una parte importante de la planta productiva de Pemex se vendió como “chatarra”, al mismo tiempo que se compraban plantas improductivas, como el caso emblemático de Agro Nitrogenados, planta que tenía 14 años sin operar. Ejecutivos de Odebrecht reconocieron ante autoridades estadunidenses que entre 2010 y 2014 habían pagado sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos. En ese mismo periodo, Pemex le adjudicó de manera directa cuantiosos “trabajos” a la empresa que corrompió a diestra y siniestra por toda América Latina. La diferencia es que en otros países los involucrados han sido investigados. En México no.
Aquí la complicidad ha permitido que miles huachicoleen a Pemex, desde la torre de Pemex o desde las oficinas de gobierno de Puebla o desde los 131 kilómetros que forman parte del “Triángulo Rojo del Huachicol”. Hoy el crimen organizado que opera dentro del Estado o con su permiso sabe dónde están las redes de ductos, oleoductos, poliductos, gasoductos y terminales. Sabe lo que tiene qué hacer para obtener lo que quiere; con quién hablar, a quién sobornar. Y los sobornados están en todos los niveles, en todas las dependencias. En las fuerzas armadas, en la Policía Federal, en Hacienda, en el SAT, en la Secretaría de Energía. Los números están ahí: para 2015 las tomas clandestinas se habían incrementado casi 800%. En 2016 se contaron 6 mil 873 en 25 de las 32 entidades del país.
Ante la magnitud del problema se entiende la decisión de colocar a un incondicional del presidente al frente de Pemex. Se comprende el envío del Ejército para resguardar instalaciones y combatir criminales. Hay una emergencia evidente que requiere acciones frontales. Pero encarar a los expoliadores necesariamente requiere el combate a la impunidad que los parió y por ello la amnistía anticipada a los culpables despierta tantas dudas, genera tanta incomodidad. Como bien dice Cuauhtémoc Cárdenas, “los personajes que más daño le hicieron a Petróleos Mexicanos son los que entraron en complicidades, en actos de corrupción”. A esos señores del huachicoleo, pegados al tubo, que enriquecieron a sus amigos y a sí mismos, no se les debe perdonar. Se les debe sancionar.
Este análisis se publicó el 6 de enero de 2018 en la edición 2201 de la revista Proceso.
