Por José Pérez-Espino
La administración de Enrique Peña Nieto continúa violando el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas detenidas por presuntos delitos federales. Ya no exhibe ante los medios a los sospechosos, pero divulga su imagen, datos personales y los señala como criminales antes de consignarlos penalmente ante un juez.
De esa manera, la Secretaría de Gobernación, responsable de ejecutar la política de comunicación del gobierno federal, mantiene la práctica de linchar públicamente a las personas detenidas o puestas a disposición del Ministerio Público.
En dos casos recientes de alto impacto, la Secretaría de Gobernación exhibió al presunto líder de Los Zetas como autor de homicidios, tortura y delitos contra la salud y declaró que había siete órdenes de aprehensión en su contra. Pero no le han formulado cargos por esos delitos ante un juez, ni lo han presentado ante los juzgados que giraron las órdenes de aprehensión.
En otro caso, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, exhibió las fotografías y los nombres de tres personas a quienes señaló como responsables del asesinato del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet y su escolta. Hasta dio a conocer el grupo criminal al que presuntamente pertenecen, Los Caballeros Templarios (a pesar de que la nueva estrategia de comunicación del gobierno federal prohíbe hacerlo). Pero no los consignó ante un juez. La PGR solicitó el arraigo por 40 días de los sospechosos para reunir pruebas en su contra.
Los dos casos ilustran que la “Nueva Narrativa en Materia de Seguridad” del gobierno federal es una farsa. Se aplica a modo, según sea el caso, violando el debido proceso penal y para simular que se procura justicia sin violar los derechos humanos. La exhibición de imágenes de personas detenidas por supuestos delitos federales representa un montaje que la mayoría de los medios informativos reproduce sin cuestionar. Veamos por partes.
El lunes 15 de julio de 2013, el vocero del gabinete de Seguridad Federal, Eduardo Sánchez Hernández, anunció la captura de Miguel Ángel Treviño Morales (El Z-40, señalado como líder del grupo criminal identificado como Los Zetas) y dijo que había siete órdenes de aprehensión en contra del detenido. Además es acusado de delincuencia organizada, homicidio, delitos contra la salud, tortura, lavado de dinero, portación de armas de fuego para uso exclusivo del Ejército, dijo.
El funcionario también lo señaló de ser el presunto responsable de ordenar la captura y muerte de 265 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, entre otros delitos.
Dos días después, el miércoles 17 de julio, de manera coincidente, Reforma y El Universal publicaron en su portada un elogio al cambio de formato en la presentación de los líderes de grupos criminales, contrastando lo hecho durante la administración federal anterior. Ambos resaltaron que no se haya exhibido al detenido ante los medios y que el vocero no se haya referido a él por su apodo ni a la organización a la que pertenece.
Pero ningún medio cuestionó los cargos que fueron formulados ante el juez en contra de El Z-40, al menos en su tratamiento informativo. El viernes 26 de julio de 2013, el Agente del Ministerio Público de la Federación solamente lo acusó de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Básicamente lo comenzaron a juzgar por lo que tenía en su poder cuando lo detuvieron, no por los asesinatos, extorsiones y secuestros que las autoridades le han atribuido. Cuando fue capturado tenía en su poder dos millones de dólares, ocho armas largas y 500 cartuchos útiles, según la Secretaría de Gobernación.
¿Por qué las autoridades no lo entregaron a ninguno de los jueces que lo reclamaban por los delitos de extorsión, secuestro y homicidio?
El montaje con los “Caballeros Templarios”
El lunes 29 de julio de 2013, el procurador Jesús Murillo Karam, dio a conocer la detención de tres presuntos participantes en el asesinato del vicealmirante Carlos Salazar Ramonet, comandante de la Octava Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta. Al hacerlo, transgredió las reglas establecidas por la Secretaría de Gobernación para comunicar la detención de personas vinculadas a delitos federales: citó al grupo criminal por el nombre por el cual es identificado y ofreció detalles como el supuesto salario de los detenidos.
Murillo Karam se refirió a “… tres individuos que ya confesaron haber sido parte, o por lo menos los miembros de una de las camionetas que asesinaron de esta manera tan artera al Comandante de la Zona Naval, y quienes declaran formar parte de un grupo delictivo, un grupo de delincuentes que se denomina así mismo Caballeros Templarios, y a los que les pagan un salario mensual de siete mil 500 pesos por robar, extorsionar y generar secuestros, entre otra serie de delitos”.
Enseguida, le dio la palabra al subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez Hernández, también responsable de operar la nueva estrategia de comunicación del gobierno federal.
El portavoz básicamente dijo el nombre de los tres detenidos, en ese momento a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR. Es decir, no se les había consignado ante un juez.
El jueves 31 de julio de 2013 se informó que un juez concedió la petición de la PGR para arraigar a los tres detenidos durante 40 días.
En otras palabras, primero los lincharon públicamente antes de llevarlos a juicio.
