Dos de cada 10 migrantes recluidos están en cárceles federales, acusados de delitos relacionados con la delincuencia organizada; el resto está en cárceles estatales por delitos del fuero común. Pero en muchos de estos casos, según el Centro Pro, las acusaciones no son sólidas y las detenciones se han realizado violando el debido proceso.
Por Ximena Natera/ Periodistas de a Pie*
Dos cartas. Tres llamadas telefónicas. July Baltazar cuenta con los dedos de la mano el total de las veces que se comunicó con su esposo Ángel, durante los cinco años que él estuvo encerrado en México, en una cárcel de máxima seguridad. Su crimen: ser pobre, afrodescendiente y migrante.
La historia es pública: el 9 de mayo del 2009, cuando Ángel Amílcar Colón intentaba llegar a Estados Unidos, fue detenido por policía federales en un operativo en Tijuana y obligado, mediante tortura, a declararse culpable de participar en un grupo criminal. Tras un largo proceso legal, la Procuraduría General de la República reconoció su inocencia y finalmente fue liberado en la madrugada del 15 de octubre del 2014.
A pesar de ello, para July y Amílcar el camino a la justicia es aún largo. El equipo de abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que asumió su defensa, inició un litigio para exigir la reparación del daño, un compromiso que la ex subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, dejó en el aire cuando ella se fue en busca de una diputación federal. Roberto Campa, su sucesor en la subsecretaría desde abril, ha ignorado el caso.
La propuesta incluye indemnización, medidas de no repetición, satisfacción y rehabilitación, además de la investigación a fondo de su caso de tortura.
“Las medidas de no repetición tienen que ver con que el gobierno consolide una base de datos oficial de personas centroamericanas privadas de la libertad, además de presionar sobre los protocolos internacionales para informar a las instancias extranjeras sobre los migrantes bajo custodia mexicana para evitar que familias como las de Amilicar sean olvidadas por el sistema”, dice en entrevista Luis Tapia, abogado del Centro Pro.
La historia de Amílcar abrió una puerta poco conocida de la migración centroamericana: la de cientos de personas indocumentadas que son detenidas y “desaparecidas” por el sistema de justicia mexicano. Según el informe Migrantes en prisión, la incriminación en México, elaborado por el Centro Pro, con cifras de 27 estados obtenidas mediante solicitudes de información, en las cárceles mexicanas hay, al menos, mil 219 centroamericanos detenidos.
Chiapas, la puerta de entrada en el sur del país, tiene el 54 por ciento de los detenidos. El resto se divide en pequeños porcentajes entre los otros estados. Los gobiernos de Aguascalientes, Campeche, Oaxaca, Tabasco y Veracruz se rehusaron a dar información, y estos tres últimos tienen un movimiento migratorio equivalente al de Chiapas.
Como Amílcar, la población migrante en las cárceles tiene entre 18 y 35 años. Hombres en su mayoría, son parte de una generación ahuyentada de sus países por la violencia.
Dos de cada 10 migrantes recluidos están en cárceles federales, acusados de delitos relacionados con la delincuencia organizada; el resto está en cárceles estatales por delitos del fuero común. Pero en muchos de estos casos, según el Centro Pro, las acusaciones no son sólidas y las detenciones se han realizado violando el debido proceso. Como en el caso de Ángel Amílcar, cuyo expediente judicial, lleno de vacíos de investigación, estuvo sostenido por una declaración que fue obtenida mediante tortura física y psicológica.
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El 7 de enero del 2009, July acompañó a su esposo hasta la frontera de Honduras y Guatemala. Según el plan, Ángel Amílcar cruzaría Guatemala y en poco menos de un mes alcanzaría la frontera de Estados Unidos, donde un amigo le había conseguido trabajo.
El viaje, en realidad, comenzó tres meses antes, cuando le detectaron cáncer a su hijo Elvir.
Él, herrero y ella, ama de casa, ambos pertenecientes a la etnia garífuna –un pueblo afrodescendiente de la costa del pacífico en Honduras–, no tenían opción para costear las medicinas. Por eso partió a Estados Unidos poco antes de iniciar el tratamiento. A cambio de mil dólares, recorrió los primeros 800 kilómetros en la caja de un camión refrigerador de carne con120 personas. Llamaba esporádicamente a su esposa a lo largo de la ruta: “Ahora viajo solo”. “No estoy seguro de donde estoy”. “Ya no quiero llegar a Houston”. “Te hablo pronto”.
July no tiene claro en que momento dejó de saber de él. Pero pasó un tiempo antes de que ella entendiera que ese silencio era diferente al resto.
“En casa tenía a mis dos niños, cuentas que pagar y cáncer. Lo peor era no saber si (Amílcar) había muerto en el desierto, o si lo habían secuestrado, si nunca lo volvería a ver, si estaba herido… Lo pero es no saber”.
El tratamiento de Elvir duró diez meses, pero poco a poco perdió la batalla contra su propio cuerpo y murió a finales de noviembre del 2009. Amílcar nunca lo volvió a ver.
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Un año y medio después de que su esposo partiera, July recibió una carta, enviada desde una cárcel en México, en la que Amilcar le explicaba su ausencia: había sido secuestrado por un pollero en Tijuana, lo habían arrestado en un operativo policiaco en la casa de seguridad donde estaba encerrado; los policías lo obligaron a declararse culpable de delincuencia organizada, daños a la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
“Fue como una pequeña luz”, narró la joven. “En México, donde nadie nota si alguien como nosotros desaparece. ¡Está vivo! Pero medité: en la cárcel, en México. ¿Y ahora? Quedas con las manos arriba, sin poder hacer nada. Nada”.
Sin recursos ni idea de a quién acudir, July siguió el caso de la misma manera que muchos otros familiares de migrantes presos: sin apoyo de las autoridades de su país, sin comunicarse con su esposo. Un derecho que le fue negado a Amílcar.
Denise González, encargada del Programa de Derechos de la Universidad Iberoamericana explica que las autoridades que participaron en la detención deben informar a la familia, pero también las representaciones consulares de los países de origen.
¿En qué momento se pierden dentro del sistema de justicia las personas que están en tránsito o sin documentos migratorios? ¿Qué pasa con sus familias? ¿Quién les avisa?
“Es fácil ignorar sus derechos”, dice Tapia. “México ha instalado una lógica mediática en la que si el migrante no tiene el papeleo oficial en el país, tampoco tiene derechos.”
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Al inicio de 2014 Amnistía Internacional nombró a Ángel Amilcar preso de conciencia, denunció tortura, fabricación de cargos y obtención de confesiones. El Centro Pro, afirma que el gobierno encarcela a migrantes y y después “los desaparece” en el sistema.
El propio Amílcar lo escribió en su diario: “Durante los días que estuve detenido en el Segundo Batallón, escuché los llantos, gritos y zumbar de los golpes que recibían personas que eran objeto de tortura. Los militares trataban de disfrazar las cosas subiendo el volumen a una radio, pero los gritos siempre se escuchaban. A mí me amenazaron en llevarme al cuarto de tortura, yo realizaba las humillaciones desagradables que me pedían para evitar la macaneada que pretendían darme, me hicieron limpiar los zapatos de otros detenidos con mi saliva, desnudarme y realizar posturas militares que no sabía cómo hacer; me insultaban. Se reían… me convirtieron en el payaso que divierte a su público”.
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July Baltazar visitó por primera vez México a mediados de 2014. AI la trajo para presentar un informe sobre tortura. Pero no pudo ver a su esposo.
Regresó, junto con su hijo menor, Alex, en septiembre de 2014, cuando Amílcar llevaba 65 meses en prisión. Viajaron de Honduras a Tepic, Nayarit, y pudieron verlo unas horas. Alex, de 8 años, sólo conocía a su padre por fotografías.
Regresaron a Honduras, donde un mes después recibieron la noticia de la liberación. Casi seis años después, Amilcar regresó a su país y a su familia.
Poco a poco, ha enfocado sus esfuerzos en contar su experiencia dentro del sistema de justicia mexicano y promover los derechos de los migrantes.
El pasado 26 de mayo, seis meses después de su liberación, Ángel Amílcar presentó su caso ante el Parlamento Canadiense. Sus abogados buscan llevar a juicio a los responsables, policías federales y miembros del Ejército.
En Honduras, la familia recibe apoyo psicológico para adaptarse a un entorno que durante los cinco años de encierro de Amílcar se transformó en un una realidad lejana. La muerte de su hijo Elvir, los primeros pasos de Álex, la muerte de su madre, padre y hermana son cosas que nunca pudo asimilar.
“Los dos hemos pasado mucho y lo hemos vivido solos”, admite July. “Todo esto es extraño, como empezar desde nada… muy injusto para los dos”.
Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations.
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