Por Francisco Javier Pizarro Chávez
En marzo del 2008, el poder legislativo aprobó una inédita reforma constitucional del poder judicial, dos años después de la “guerra contra la delincuencia organizada”, que el entonces presidente de la República Felipe Calderón le dio largas durante 4 años.
El tránsito del sistema jurídico penal inquisitorio, al de un procedimiento acusatorio y adversarial, se sustentó en tres ejes fundamentales:
- Fortalecer la profesionalización de los cuerpos policiales y ministerios públicos, proporcionándoles autonomía funcional y administrativa con facultades en la investigación, para disminuir la impunidad y proporcionar mayor certeza en el procedimiento penal en las áreas de prevención del delito y de la investigación criminal.
- Elevar a rango constitucional de manera explícita la presunción de inocencia y,
- Equilibrar mediante los juicios orales y la prueba, los derechos de los inculpados y los referentes a la protección y restitución de las víctimas, lo cual, precisaba y ampliaba los derechos o garantías de ambas partes.
La finalidad de esos tres rubros de la reforma del sistema del poder judicial era proporcionar mayor certeza en el procedimiento penal en las áreas de prevención del delito y de la investigación criminal, y, elevar a rango constitucional de manera explícita la presunción de inocencia.
Dicho de manera coloquial: ajustar el sistema judicial a los principios de un Estado democrático de derecho, para defender las garantías de víctimas y acusados; garantizar la imparcialidad en los juicios, conforme a las leyes penales internacionales de la que México forma parte.
Institucionalmente la Reforma del poder judicial, definía que los juicios penales deben ser públicos, orales y continuos para propiciar su transparencia, equidad e imparcialidad. Felipe Calderón hizo caso omiso de ello. Tan fue así que la implementación de los juicios orales y la prueba, se prolongó durante años en la mayoría de los Estados de la República.
La Procuradora de Justicia de Chihuahua –Patricia González Rodríguez– puso en marcha a contrapelo el procedimiento acusatorio y adversarial en nuestra entidad a la par de Morelos, Estado de México, Yucatán y Nuevo León. En el resto de otras entidades (25) funcionó de manera parcial y 2 aún no entraba en vigor: Baja California Sur y Sonora.
Mi experiencia periodística de aquellos ayeres, me dejó en claro que el nuevo sistema de justicia penal solo podría cumplirse sí se articulaban los tres órdenes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), lo que no ocurrió.
En la introducción del décimo texto referido a “Los juicios Orales y la Prueba” que me encomendó la Procuradora, editado y publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Jurídicas del Gobierno del Estado de Chihuahua, advertí:
“La crisis de justicia y seguridad que vive el país, obliga a las autoridades a sortear uno de los mayores retos, que es sin duda el articular esfuerzos y recursos para trasladar los principios y normas adoptadas por el Constituyente a las realidades locales.
Es innegable que vivimos un momento fundacional, como el que se presentó en 1917 cuando se discutía y asentaba el nuevo texto constitucional que definía el rumbo del país. Al igual que entonces, nos encontramos ante una auténtica revolución procesal, que contribuirá al combate a la delincuencia, pues sabemos que sin justicia no hay confianza y sin confianza de los ciudadanos en las instituciones de justicia, no puede haber seguridad, o al menos, un tipo de seguridad propio de un Estado de Derecho democrático.
Por ello mismo—porque existe una estrecha relación entre la democracia, la división de poderes y el federalismo—es que esta enorme tarea solo podrá cumplirse si se articulan debidamente los tres niveles de gobierno y si, al mismo tiempo, en cada uno de ellos participan los tres poderes, para lograr la implementación e instrumentación de un procedimiento acusatorio y adversarial, a través de juicios orales, ya que, para frustrar el mejor concierto basta con que un solo poder esté fuera de tono.
El éxito o el fracaso de esta reforma constitucional, dependerá en gran medida del diálogo y la colaboración permanente que se tenga entre todos los entes públicos competentes; y también, entre los actores políticos con la comunidad mexicana.
La sociedad civil, desde las universidades, organizaciones sociales y medios de comunicación, serán una pieza clave en la difusión y sensibilización que implica este cambio de paradigma, para que se convierta en un auténtico garante de la debida aplicación del nuevo sistema penal.
En Chihuahua, inmerso en una complejo y difícil contexto de inseguridad pública y violencia, generado desde enero de 2008, se ha exacerbado por el enfrentamiento de grupos antagónicos del crimen organizado; con el Ejército y las fuerzas federales, pese a lo cual, la Procuradora no tuvo empacho alguno con poner en marcha desde el 2004, el sistema de justicia penal referido, con la convicción de que la Reforma Constitucional del sistema penal, era la acción más eficaz para combatir la corrupción, la violencia y la inseguridad.
El que Chihuahua haya sido una de las entidades pioneras del nuevo sistema integral judicial, es un privilegio por dos razones: puso de manifiesto sus aciertos, pero también los errores del nuevo modelo de justicia penal.
En ese proceso inédito hay pocas certezas. Una de ellas es que no hay verdades absolutas. Otra, que no hay caminos fáciles. Pese a ello, estamos legal, social y políticamente obligados a actuar.
Pregunto, distinguidos lectores: ¿Hay alguna tarea más ingénita, apremiante y vital de un Estado que la de garantizar la seguridad y justica de todos los mexicanos?”
Por supuesto que no. La violencia y la impunidad es un cáncer social.
¿Sigue vigente la justicia penal de la reforma constitucional de 2008? Lo dudo, aún y cuando teóricamente persista; operativamente, se le ha desdeñado a lo largo de todos estos años, en la mayoría de las instancias del poder judicial del país.
La coordinación de los tres niveles de gobierno para combatir la delincuencia organizada y la violencia social, es literalmente un fiasco. Tan es así, que la cifra de homicidios del crimen organizado se ha expandido arriba de los 60 mil, a lo largo y ancho del país; por lo que los ciudadanos –ayer y ahora–no tienen confianza en las instituciones de justicia.
El debido proceso se politiza y usa con fines electorales, como ha quedado demostrado recientemente en Chihuahua con la difusión de audios en los que la ex consejera de la Judicatura “Lucha Castro” y otros integrantes del Barzón, convocan a presionar al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Pablo Héctor Gonzáles, para que enjuicie a Maru Campus, involucrada –junto con otros funcionarios y políticos de varios partidos– en la “Nómina Secreta” del ex gobernador César Duarte, y con ello, inhabilite su candidatura al gobierno del Estado.
Maru, por su parte, está en la misma línea de la politización de su proceso en ciernes, haciéndose pasar como “víctima de la violencia de género” para prolongar una vez más la audiencia incidental para que no se le vincule a proceso y se sobresea la causa penal que se le imputa desde hace 4 años, la cual se vence a los 5 años.
Es un gravísimo error, que no haya coordinación entre los tres niveles de gobierno y lo que es peor, el que se politice la justicia.
“Te lo digo Juan para que lo entiendas Pedro”, refrán que de modo indirecto se dan consejos para que nadie se ofenda.
