El inicio de la larga marcha hacia las elecciones presidenciales de fines del año que viene encuentra a la reforma a las leyes de inmigración totalmente paralizada, con un Congreso dominado por los republicanos y cada vez más hostil hacia los inmigrantes que están en el país sin permiso, según activistas de esa causa.
El ambiente en el Capitolio en los últimos meses ha sido “muy intenso y negativo”, declaró Ali Noorani, director del National Immigration Forum, que promueve los derechos de esa población y que ha organizado encuentros con colaboradores de unos 20 legisladores republicanos recién electos para plantear ideas acerca de cómo impulsar la reforma.
Noorani dijo que, al controlar el Congreso, los republicanos tienen la oportunidad de resolver el problema de la inmigración ilegal y sumar puntos entre el electorado hispano con miras a los comicios presidenciales del 2016, en los que el voto de esa comunidad puede resultar decisivo. Pero no muestran interés en hacerlo.
“No estamos satisfechos con la manera en la que el Congreso ha tratado el tema. Nuestro mensaje al partido republicano es que esta es su oportunidad de sumar puntos por arreglar el sistema migratorio”, afirmó Noorani. “Después de 2017 (cuando se haya instalado un nuevo periodo legislativo), ya no podrán” hacerlo.
Diversos grupos a favor de una reforma coincidieron en que han tratado de reunirse con líderes republicanos de ambas cámaras tras la victoria electoral de ese partido en noviembre pasado pero han sido ignorados.
“Los que se reunían con nosotros siguen reuniéndose, y los que no se reunían siguen sin hacerlo”, dijo Kica Matos, vocera de Fair Immigration Reform Movement, una coalición nacional de organizaciones a favor de una reforma. “Lo que ha cambiado es el tipo de proyectos de ley y la agenda en general”.
Destacó que a comienzos del 2014 los republicanos delinearon una serie de principios en política migratoria y el líder de la cámara baja John Boehner dijo que quería buscar la reforma. Hoy por hoy, sin embargo, nadie habla seriamente de sacar adelante la reforma entre los republicanos.
Y los proyectos que se barajan no buscan precisamente resolver el status de los 11 millones de extranjeros que se cree están en el país sin autorización.
En la cámara baja, la comisión judicial aprobó en marzo un proyecto de ley que busca dar a las autoridades estatales y locales la potestad para aplicar leyes federales sobre inmigración y niega fondos para implementar los programas de suspensión de deportaciones anunciados por el presidente Barack Obama.
En el Senado, durante el debate de una iniciativa para el combatir la trata de personas, el republicano David Vitter (Luisiana) propuso condicionar la nacionalidad estadounidense por nacimiento a bebés nacidos de por lo menos un padre estadounidense, un residente permanente legal, o un miembro de las fuerzas armadas. Y sus correligionarios Ben Sasse (Nebraska) y Jeff Sessions (Alabama) presentaron una iniciativa para prohibir que inmigrantes sin autorización puedan obtener créditos fiscales.
Jorge Aguilar, vocero de la bancada demócrata en la cámara baja, acusó a sus opositores de darle “prioridad a los votos a favor de las deportaciones masivas y la separación de familias, todo por apaciguar al ala más extremista de su fracción legislativa”.
La bancada republicana, por su parte, no tiene planeado abordar en lo inmediato el tema de la reforma a las leyes de inmigración, según su portavoz en el Senado Don Stewart, pues fijó otras prioridades, incluidas la nominación para la Secretaría de Justicia y el presupuesto nacional.
El malestar es palpable entre algunos activistas y hay quienes amenazan con movilizaciones si sus reclamos no son atendidos.
“Las protestas las usamos cuando nadie nos presta atención”, afirmó Gustavo Torres, director de la Casa de Maryland, que promueve la causa de los 11 millones de inmigrantes que se cree está en el país ilegalmente. “El presidente Obama no nos prestaba atención, protestamos y obtuvimos la acción ejecutiva”, agregó en alusión a las medidas del presidente Barack Obama que buscan facilitar la permanencia en el país de cerca de 5 millones de extranjeros sin permiso de residencia.
Las medidas presidenciales permanecen congeladas hasta que los tribunales decidan sobre su legalidad luego de que 26 gobernadores republicanos denunciaron que Obama abusó de su autoridad al lanzar programas que permitirían permanecer en el país y trabajar a millones de personas que tienen hijos estadounidenses, permiso de residencia o que fueron traídas al país ilegalmente de jóvenes.
El presidente de la Cámara hispana de Comercio, Javier Palomarez, coincidió con los activistas en expresar su frustración por el manejo que la mayoría republicana ha dado al tema migratorio, pero celebró que el presidente del Senado Mitch McConnell y el senador republicano por Texas John Cornyn lo hayan recibido a fines de marzo para hablar sobre las necesidades de las 3,2 millones de empresas cuyos propietarios son hispanos.
“Mitch no está tan informado como John Cornyn, pero su disposición a sentarse y escuchar y dar una opinión, creo que es muy valiosa. Vino, pasó tiempo con nosotros, formuló varias preguntas y obtuvo algunas respuestas”, dijo Palomarez en conversación reciente con reporteros.
Wadi Gaitán, portavoz de la bancada republicana en la cámara baja, que el año pasado frustró un proyecto de reforma que había sido aprobado por el Senado, dijo que su partido “escuchará diferentes opiniones” mientras revisa todos los aspectos de una reforma migratoria.
“Debemos avanzar paso a paso. Nuestra meta es asegurar la frontera para proteger la seguridad nacional; modernizar nuestro sistema de visas para impulsar nuestra economía y abordar la situación de los que están aquí ilegalmente para que no permanezcan en las sombras”, agregó, reiterando la posición tradicional de los republicanos, que no ha sufrido modificación alguna a pesar de que se vienen las elecciones.
Richard Trumka, presidente de la central sindical AFL-CIO, que representa a numerosos trabajadores sin visa, dijo ante una consulta de la AP que es imposible programar reuniones sobre la inmigración con el actual liderazgo republicano porque “no pueden organizarse, no pueden ponerse de acuerdo sobre lo que pueden hacer, mucho menos sobre cosas que son necesarias”.
Trumka conversó con reporteros tras inaugurar una sesión de tres días que su organización celebró en la capital estadounidense para entrenar a 200 sindicalistas de 25 estados sobre cómo ayudar a trabajadores sin autorización en Estados Unidos a beneficiarse de los alivios migratorios.
Los intentos infructuosos de legisladores republicanos para negarle fondos a los programas que permitirían la implementación de los amparos migratorios anunciados por Obama agravaron las diferencias con los demócratas en el Congreso y no hay indicios de que se reanuden en el corto plazo negociaciones para lograr acuerdos sobre una reforma a las leyes de inmigración.
Laura Vázquez, analista de legislación migratoria del National Council of La Raza, relató que “les hemos dicho claramente que estos ataques a la acción ejecutiva no son contra el presidente Obama o su gobierno, sino contra nuestra comunidad”.
Declaró a la AP que había enviado varias cartas este año al liderazgo republicano sobre la importancia de preservar los programas de suspensión de deportaciones de Obama, pero que no ha recibido respuestas.
Erika Andiola, directora de DRM Action Coalition, dijo que su grupo sigue de cerca a Jeb Bush porque “afirma que apoyaría algún tipo de legalización, sin decir exactamente qué”.
“Vamos a ver si hay chance de reunirse con él o alguien de su campaña. Tenemos la esperanza de que adopte una retórica un poco más pro-inmigrante y convenza a algunos en el Congreso de hacerlo también”, agregó.
Fuente: AP
