Por Ricardo Raphael
El estado de la investigación sobre el caso Ayotzinapa es desastroso. Omar Gómez Trejo, recién nombrado fiscal especial para investigar la desaparición de los normalistas, encontró un expediente que se pudre en un pantano de mentiras.
¿Cómo producir verdad jurídica cuando se dinamitó buena parte de la evidencia indispensable? Se trata de la peor pesadilla: la autoridad contaba con indicios suficientes para llevar ante la justicia a los principales responsables de la tragedia de Iguala y por razones injustificables se esmeró en destruirlos.
El primer error cometido, desde la gestión de Jesús Murillo Karam, fue exponer una teoría del caso que no tenía asideros. La historia fantástica de la quemazón de los estudiantes en el basurero de Cocula, así como el desecho de las cenizas en el río San Juan, distrajeron la investigación o, peor aún, obstruyeron la consecución de la justicia.
El segundo error fue capturar a los presuntos responsables mintiendo en modo, tiempo y circunstancia. Entre otras barbaridades se sembraron armas, se dijeron falsedades con respecto a las detenciones, se incomunicó y se privó de garantías.
El tercer error fue torturar a estos sujetos con el propósito deliberado de que sus testimonios coincidieran con una teoría del caso equivocada. Existe documental médica sobre las agresiones físicas que recibieron Sidronio Casarrubias, Gildardo López Astudillo, César Nava, Francisco Valladares y muchos otros.
Al proceder de esta manera, los subordinados de Murillo y Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dinamitaron la veracidad de las confesiones y los señalamientos cruzados entre los integrantes de la banda Guerreros Unidos.
El cuarto error fue desatender cualquier otra pista que no coincidiera con la teoría del caso –la falsísima verdad histórica que el gobierno de Enrique Peña Nieto dio a conocer con demasiada prisa.
Se descartaron, por ejemplo, testimonios y evidencia de telefonía que apuntó, muy temprano en la investigación, en dirección a Mezcala y Huitzuco de los Figueroa, sitios donde posiblemente fueron conducidas las víctimas.
También se desatendió la versión que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) proporcionó a propósito del secuestro equivocado, por parte de los normalistas, de autobuses utilizados por los Guerreros Unidos para el trasiego de heroína.
En cambio, con una terquedad inaudita se insistió, desde el más alto nivel, que la banda criminal atentó contra los estudiantes porque supuestamente habían sido enviados, por intereses inconfesables, a reventar un acto de María de los Ángeles Pineda, esposa del entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
Los expedientes judiciales de las personas indiciadas por el caso Ayotzinapa fueron construidos a partir de hipótesis falsas, acusaciones insostenibles, pruebas viciadas y conclusiones sin pies ni cabeza.
Tomás Zerón detuvo a los cabecillas de la organización Guerreros Unidos y luego forzó la maquinaria de la procuraduría para hacer que el rompecabezas de la realidad fuera coincidente con el que tenía en su torcido cerebro.
Es por esta serie larga de errores que están siendo liberados los presuntos responsables de la desaparición y eventual asesinato de los normalistas.
El Poder Judicial tiene ya tiempo advirtiendo sobre el desaseo mayúsculo de esta investigación. La liberación de Gildardo López Astudillo no es el primer aviso que los tribunales entregan sobre una investigación de porquería.
Antes, un tribunal en Tamaulipas ordenó a la PGR que repusiera la investigación e incluso, producto de la desconfianza, propuso que organismos internacionales tomaran cartas en el asunto.
El año pasado otro juez sancionó las irregularidades en la detención de Sidronio Casarrubias, presunto líder de los Guerreros Unidos en el estado de Guerrero, ya que la autoridad mintió sobre el día en que esta ocurrió, y también porque no hubo manera de probar que el presunto culpable portara armas de uso exclusivo del Ejército.
En el caso de Gildardo López Astudillo, supuesto jefe de la plaza de Iguala perteneciente a esa misma organización criminal, los jueces tuvieron que desestimar la acusación de crimen organizado, ya que las únicas pruebas presentadas por la Procuraduría fueron testimonios propios y ajenos obtenidos bajo tortura.
Sorprende en este mismo caso que el Ministerio Público no haya utilizado con contundencia el valioso material obtenido gracias al espionaje realizado por la DEA a los jefes de Casarrubias y López Astudillo en la ciudad de Chicago.
La PGR obtuvo esa evidencia desde finales del 2017 y no la presentó en la causa penal contra López Astudillo por delincuencia organizada (123/2014 del Juzgado Primero de Distrito en Tamaulipas).
En esas grabaciones se evidencia que este sujeto no sólo era el jefe de la plaza de Iguala sino parte de una red trasnacional de tráfico de droga más amplia. Por esta omisión López Astudillo recibió auto de libertad frente a las acusaciones de crimen organizado.
Luego, una vez que el plazo se había agotado, la PGR presentó la evidencia aportada por la DEA en la otra causa penal por secuestro, enderezada contra López Astudillo (66/2015).
Pero el Ministerio Público lo hizo sin acompañar tal evidencia con un razonamiento que le permitiera al juez ponderar su relevancia. Destacadamente la PGR omitió ofrecer argumentos que sirvieran para identificar a los participantes en las conversaciones. Es por ello que el juez no pudo otorgarle valor a esa probanza fundamental.
A pesar de la relevancia que para la nueva administración tendría el caso Ayotzinapa, la FGR –cuyo titular es Alejandro Gertz Manero– no promovió ninguna otra acción a propósito de la evidencia de la DEA; no se esforzó, pues, en resolver las deficiencias sembradas por la PGR.
La instrucción se cerró el 25 de febrero de 2019, la audiencia de vista fue el 17 de de junio de 2019 y la FGR no realizó ninguna acción adicional relacionada con los mensajes de Chicago.
Sorprende por otro lado que ese material proporcionado por la DEA no haya sido hasta ahora objeto de investigación o denuncia en México. Es imputable a la Fiscalía de Gertz Manero que no se haya abierto con esa evidencia fundamental una nueva carpeta de investigación en contra de Gildardo López Astudillo, entre muchos otros.
Resulta políticamente cómodo acusar ahora al juez por no mantener tras las rejas a los presuntos secuestradores y asesinos. Pero quien lo hace olvida la división de poderes que existe también entre la procuración y la impartición de justicia.
El juzgador no puede suplir las deficiencias mayúsculas del Ministerio Público sin incurrir, de su lado, en una violación a los preceptos constitucionales.
Si al juez le presentaron una teoría de caso falsa, con evidencia fabricada, con testimonios obtenidos bajo tortura, ¿cómo sentenciar la culpabilidad de los imputados? Si al juez no le fue presentada debidamente evidencia tan importante como la aportada por la DEA, ¿sobre qué bases sólidas podía actuar?
Antes de apresurarse a echar basura contra el Poder Judicial, en el caso Ayotzinapa como en tantos otros, lo que debe revisarse es al aparato responsable de procurar justicia, es decir, a los responsables de la antigua Procuraduría y la actual Fiscalía General de la República.
Fuente: Proceso
