Por Rafael Croda/ Proceso
Hasta hace seis semanas, el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, era un joven político opositor con escasa figuración pública en su país y desconocido en el mundo.
Hoy, dos circunstancias lo tienen ubicado como un actor central del proceso político venezolano.
La primera fue su elección como presidente de la Asamblea Nacional. Llegó a ese cargo, porque el cupo le correspondía a su partido, Voluntad Popular, y porque el líder principal de esa organización, Leopoldo López, cumple prisión domiciliaria, y su segundo, Fredy Guevara, está asilado en la embajada de Chile en Caracas.
La segunda circunstancia que convirtió a Guaidó en una figura política que hoy atrae la atención mundial es que asumió la presidencia del Parlamento en momentos en que Nicolás Maduro se disponía a iniciar su segundo mandato como gobernante de Venezuela, el cual había logrado en un proceso electoral plagado de irregularidades.
El 15 de enero, cinco días después de que Maduro asumiera su segundo periodo de gobierno, la Asamblea Nacional lo declaró “usurpador” y dejó la vía libre para que Guaidó se declarara presidente interino, lo cual hizo en una plaza pública el 23 de enero.
Desde entonces, el exdirigente estudiantil de 35 años ha sido el protagonista principal de una estrategia política que lo ha posicionado como el líder indiscutible de la variopinta oposición venezolana, el adversario número uno de Maduro y la esperanza de cambio de millones de ciudadanos hartos del hambre, la corrupción y el abuso del poder.
La escasa exposición pública que había tenido Guaidó antes de este año lo hacen lucir hoy como un rostro fresco en la convulsionada coyuntura de Venezuela.
No es un novato en estas lides –tiene 12 años en la política, tres de los cuales como congresista–, pero aún se le notan titubeos y una explicable ansiedad en la representación del papel que le corresponde desempeñar: el de “presidente encargado” de un país que tiene otro presidente que controla el territorio y las armas.
Guaidó, que ya fue reconocido como presidente interino por medio centenar de naciones, es el mayor desafío que ha enfrentado el chavismo en sus 20 años en el poder.
Y ese es un hecho político de enorme significado en Venezuela, donde hasta hace pocos meses Maduro lucía como un gobernante en total dominio de la situación y la oposición, en contraste, parecía más debilitada y dividida que nunca.
Hoy es indudable que el factor Guaidó y el desconocimiento de varios países al segundo mandato de Maduro inclinaron el juego a favor de la oposición.
Pero no son pocos los aliados y asesores de Guaidó que están preocupados por cuatro decisiones del presidente del Parlamento que pudiera resultar, a la larga, contraproducentes.
Incluso algunos dirigentes de la oposición, dos de los cuales fueron consultados por Apro, hablan al interior del comando de Guaidó de “cuatro errores estratégicos” que habría que rectificar en la medida de lo posible para que no resulten, a la larga, contraproducentes.
El primer error fue la autojuramentación de Guaidó como presidente interino en un acto en una plaza pública, en vez de asumir ese cargo ante la Asamblea Nacional.
En círculos diplomáticos se maneja la versión de que Guaidó no juramentó ante el Parlamento por falta de acuerdo entre los partidos opositores que dominan el Legislativo, y que, ante las divisiones, prefirió dar un “madruguete” a sus propios aliados políticos en la plaza pública.
Este hecho, que en un primer momento pasó a segundo plano ante la avalancha de respaldos internacionales al líder opositor, puede contribuir a cuestionar la validez legal de su proclamación como mandatario interino.
Algunos asesores del dirigente opositor le insisten en “formalizar” su “presidencia interina” haciendo un acto oficial de juramentación ante la Asamblea Nacional.
El segundo “error estratégico” que le achaca a Guaidó un sector de la oposición es el de su estrecha cercanía con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo racismo, clasismo y políticas antiinmigrantes afectan a millones de latinoamericanos en aquel país, en especial a mexicanos y centroamericanos.
Guaidó ha seguido al pie de la letra un guión escrito por “halcones” especializados en la guerra, como Elliott Abrams y John Bolton, y en sus movimientos se nota la batuta de funcionarios ultraconservadores con dudosos méritos para erigirse en defensores de la democracia continental, como el vicepresidente, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo.
La esposa de Juan Guaidó, Fabiana Rosales, ha dicho que Estados Unidos “ha sido el garante de todo esto”.
Y eso es evidente en cada uno de los pasos que ha dado el líder opositor, a quien ya le han advertido de los costos que le puede generar su evidente sincronía con Washington y con los operadores de Donald Trump.
Más, cuando el asesor de seguridad nacional del mandatario estadunidense, John Bolton, ha hablado más del interés de su país en invertir en el sector petrolero de Venezuela que de un compromiso con la restauración de la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Un tercer error estratégico o punto crítico para Guaidó es que se ha mostrado abierto a respaldar una invasión militar de Estados Unidos a Venezuela para derrocar a Maduro.
La postura de Guaidó es que nadie quiere una invasión por el elevado costo social que tendría, pero que está dispuesto a utilizar “cualquier opción” que conduzca a la gobernabilidad, a atender la emergencia humanitaria y a la realización de elecciones libres.
Esta es una apuesta muy arriesgada para un político que se asume como “presidente encargado” de un país que rechaza mayoritariamente una invasión extranjera.
Y el cuarto “error estratégico” que le atribuyen algunos de sus aliados a Guaidó es el uso político que le está dando –de nuevo en plena sintonía con la administración Trump— al tema de la ayuda humanitaria para Venezuela.
Un día después de que el dirigente opositor se proclamara “presidente encargado”, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció una donación de 20 millones de dólares en ayuda humanitaria a Venezuela.
De inmediato, Guaidó dijo que esa ayuda era su primer logro como mandatario interino.
Y desde entonces se ha encargado de presentar esa ayuda ante los venezolanos como resultado de sus gestiones.
Maduro ha dicho que prohibirá la entrada de esa ayuda al país pues la considera el principio de una invasión militar.
Hasta ha mandado a colocar contenedores atravesados en las carreteras que hacen frontera con Colombia para impedir que pasen los cargamentos de alimentos y medicinas que se concentran en ciudades colombianas.
Guaidó sostiene que es una oportunidad para que las Fuerzas Armadas “se pongan de lado de Venezuela” y permitan el ingreso de insumos que aliviarían la emergencia social que vive el país.
El autoproclamado presidente encargado incluso ha puesto como fecha el 23 de febrero (el próximo sábado) para el ingreso de la ayuda humanitaria.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) han criticado la politización de la ayuda humanitaria y señalaron que no participarán en su distribución hasta que haya un acuerdo entre las partes, es decir, entre Guaidó y Maduro.
El dirigente opositor hubiera podido dejar el manejo de la ayuda internacional en manos del CICR y de la ONU, aunque en el pasado, el gobierno de Maduro ha impedido a esas organizaciones ingresar asistencia humanitaria a Venezuela. En el discurso oficial, no existe ninguna emergencia social en el país.
En los hechos, la ayuda internacional se ha convertido en parte de la confrontación política. Guaidó busca que en un país con hambre y muertes por falta de alimentos y medicinas, la cúpula militar acabe por desobedecer a Maduro y dejar pasar esos insumos.
Si eso ocurre, Guaidó tendrá allanado el camino para ser reconocido como “presidente encargado” por al menos una parte del alto mando militar y algunos de los “errores estratégicos” que se le atribuyen serán vistos como aciertos. El de su cercanía con Trump, le seguirá pesando en cualquier escenario.
Fuente: Proceso
