Por Darío Ramírez
Entre la felicidad de convertirse en el próximo Presidente de México, debe de haber cierta preocupación por el estado que guarda el país en muchos de sus ámbitos. Estoy seguro de que el próximo Presidente a estas alturas los deberá de conocer bien, pero no es lo mismo asumir la investidura presidencial que cualquier otro cargo público. Lo que se decantará en los primeros meses de su gestión serán sus prioridades y formas de gobierno.
Fallan aquellos simplistas que ven en el futuro la reinstalación de un presidencialismo de antaño. No afirmo que no haya una intención priísta por acercarse a ese tipo de ejercicio del poder, lo podemos ver claramente en los cacicazgos estatales (y no sólo tricolores). Pero las intenciones no bastarían para la reinstalación de régimen presidencial. La transición democrática, a pesar de sus serias carencias, ha dado certidumbre institucional para crear algunos contrapesos a la voluntad del Presidente. Está la CNDH, el IFE, el IFAI y sus réplicas en el ámbito estatal, por mencionar algunas.
Lo cierto es que pronto se disiparán las dudas de cómo Enrique Peña Nieto concibe y ejerce el poder. Sus antecedentes como gobernador arrojan pistas útiles (y no alentadoras) para provocar escenarios de prospectiva política. Pero aunque el Estado de México tiene sus problemas, sin lugar a dudas, los pendientes nacionales se cuecen aparte.
Decenas de informes independientes de organizaciones serias de derechos humanos dan cuenta del débil estado en el que se encuentran los derechos humanos. También dan cuenta de los logros principalmente del fortalecimiento del marco normativo de protección a los derechos humanos. Logros que significan poco en un país donde la ley no se cumple, se podrían anotar. En otras palabras, EPN recibe un país en el que la tortura se reinstaló en las fuerzas policiacas, en el que hay más de 83 mil personas asesinadas, 25 mil desaparecidos y la impunidad raya el 98% de los casos, y esas sólo son algunas muestras.
Peña Nieto recibe un país con un débil estado de derecho que facilita violaciones graves a los derechos humanos sin ninguna consecuencia legal. La política de seguridad asumida por la administración saliente sin duda tuvo un impacto negativo en el goce de los derechos fundamentales. Uno de los más afectados, sin lugar a dudas, fue la libertad de expresión. La administración priísta deberá atender una amplia agenda en esta materia si quiere cambiar la realidad. El mantener acotada la libertad de expresión es un relevante obstáculo para la consolidación de la democracia.
La agenda pendiente en la materia de libertad de expresión es la siguiente:
1. Combatir la impunidad en relación con los casos de periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos. La única manera efectiva de hacer esto es garantizando el castigo a los perpetradores. La mayoría de las agresiones provienen de autoridades, por lo que el castigo deberá ser ejemplar. Lo mismo con aquellas agresiones del crimen organizado. Enrique Peña Nieto asume la presidencia del país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas, así se reconoce por las cifras de 72 periodistas asesinados en los últimos 12 años y los 13 periodistas desaparecidos. El común denominador es la impunidad en todos los casos.
2. Asegurar el efectivo funcionamiento del recién creado mecanismo de protección a periodistas. El mecanismo carece de confianza dentro del gremio periodístico. El escepticismo hacia las autoridades es comprensible. Deberán ser éstas quienes brinden medidas de protección efectivas en el corto plazo en aras de probarle a la comunidad periodística su efectividad. De lo contrario, caerá en la simulación como muchas otras autoridades.
3. Elaboración de la ley secundaria para hacer efectiva la reforma al artículo 73 de la Constitución que le daría facultades de investigación a la federación en caso de agresiones contra la prensa. A pesar de ser una responsabilidad del Congreso de la Unión dichas modificaciones legislativas, el Ejecutivo tendrá que hacer propuestas concretas para guiar el sentido de las modificaciones a nuestro marco jurídico. Un punto fundamental es la modificación al marco normativo de la Fiscalía Espacial de Delitos contra la Libertad de Expresión. Seis años después de su creación, la fiscalía es el peor fiasco institucional en materia de protección a periodistas. Su ineficacia es prácticamente absoluta. Es preciso mostrar, por parte del ejecutivo, voluntad política para darle las herramientas necesarias de investigación.
4. Regular de manera efectiva y transparente el dinero público gastado en publicidad oficial en medios de comunicación. Hasta ahora el dinero público ha servido como herramienta para ejercer una censura sutil en los medios de comunicación. La discrecionalidad por falta de criterios claros ha provocado una relación perversa entre medios y autoridades por el mutuo chantaje. Es necesario diseñar un mecanismo para asegurar que el dinero público gastado en publicidad gubernamental sea el estrictamente necesario y con fines meramente comunicacionales.
5. Despenalizar la difamación en 14 estados de la República. Según los relatores internacionales de libertad de expresión de la ONU y OEA las sanciones por difamar no deben de ser de tipo penal, toda vez que inhiben el ejercicio periodístico. Por ello, se sugiere que sea en el ámbito civil en donde se diriman las controversias.
6. Fortalecimiento del sistema de acceso a la información pública. Es evidente el rápido desarrollo del marco normativo de este derecho. Sin embargo, durante los próximos años es necesario desterrar los regímenes de excepción, tales como sindicatos, partidos políticos, fideicomisos, condonaciones fiscales, universidades públicas, entre otros. Todavía hay mucho camino por recorrer para asegurar que el derecho a saber se vuelva una herramienta que ayude a combatir la corrupción y malas prácticas gubernamentales.
7. Modificar el régimen de duopolios y monopolios en telecomunicaciones a favor de proveer mayor pluralidad y diversidad de contenido resulta fundamental para el desarrollo de la sociedad nacional. La agenda en esta materia amplia y uno de los ámbitos más disputados sobre todo por el poder que gozan las televisoras en nuestro país.
El nuevo Presidente recibe un país en ruinas en términos de protección efectiva de la libertad de expresión y otros derechos humanos. El cambio de política del Ejecutivo tiene que reflejar de manera inmediata la voluntad política para cumplir con su responsabilidad de garantizar dichos derechos. A Enrique Peña Nieto le aguardan miles de víctimas clamando justicia, instituciones vacías e ineficaces, autoridades corruptas que se han convertido en perpetradores y un débil estado de derecho como paraguas para el resto de las violaciones. El panorama que le espera a la nueva administración no es alentador. Tendremos que seguir vigilantes para identificar las primeras señales del nuevo gobierno.
¿Habrá voluntad política o no?, es la pregunta básica.
Fuente: Sin Embargo
