Por Álvaro Delgado
La muerte de 26 personas derivado del derrumbe de un tramo de la Línea 12 del Metro debe arrojar responsabilidades de servidores públicos que actuaron con negligencia, aun si se tronchan sus proyectos políticos, pero el peritaje en curso debe determinar también si las empresas constructoras cumplieron con la calidad de la obra y si ésta es apta para que siga transportando con seguridad a miles de usuarios o debe ser cancelada. La cancelación de esta línea por inviable, sobre todo en el tramo elevado donde ocurrió el colapso, es previsible si son de tal magnitud las afectaciones estructurales de origen o que se fueron acumulando por la falta de mantenimiento, en una zona donde el suelo exige una permanente supervisión de las cimentaciones.
En tres semanas, en la elección del 6 de junio, se verá si los electores sancionan a los gobernantes actuales y anteriores por la tragedia del lunes 3 de mayo, incluyendo el eventual descarrilamiento de los proyectos presidenciales de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, quien construyó la obra, entre 2008 y 2012, para buscar ser presidente de México.
El exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera tampoco escapa a su responsabilidad, sobre todo porque cerró la Línea Dorada por meses, para supuestamente garantizar la seguridad y después, tras el sismo de 2017, volvió a concluir que era eficaz para comunicar a miles de mexicanos de la periferia rural del oriente del Valle de México a las zonas de empleo.
Ya lo confirmarán los peritajes, sobre todo el de la empresa noruega DNV, pero un derrumbe como el del tramo entre las estaciones Olivos y Tezonco no puede atribuirse sólo a la falta de mantenimiento, sino a razones estructurales y de calidad de los materiales empleados, lo que implicaría responsabilidad de las empresas constructoras y supervisoras.
El gobierno de Sheinbaum y la Fiscalía de la Ciudad de México tiene la obligación de actuar con la máxima transparencia para garantizar que se sepa toda la verdad, una condición para que haya justicia no sólo a las víctimas directas de la tragedia, sino a miles de usuarios de esa línea que tantos miles de millones de pesos le costaron a todos los mexicanos.
Lo que se puede anticipar no es sólo la prolongación de la batalla política sobre la responsabilidad de la tragedia que busca capitalizar la oposición desde el momento mismo en que ocurrió —y también las facciones de Morena que respaldan a Sheimbaum y Ebrard—, sino los pleitos jurídicos que detonarán los resultados del dictamen de DNV.
Las empresas constructoras de la Línea Dorada, ICA, Alstom y Carso, propiedad esta última de Carlos Slim —que edificó el tramo de las estaciones Periférico Oriente, Tezonco, Olivos, Nopalera y Zapotitlán—, alistan sus despachos jurídicos para los litigios que vienen, y también las supervisoras IPISA, LYTSA, IACSA e EINSA.
En esta guerra legal las empresas defenderán sus intereses, pero el gobierno debe garantizar verdad y justicia, que es lo que da autoridad moral y política.
POR ÁLVARO DELGADO
@ALVARO_DELGADO
