Por Sanjuana Martínez
¿A qué grado de degradación ha llegado la sociedad mexicana para cometer un crimen tan horrendo como el de los hermanos encuestadores en el municipio de Ajalpan, Puebla?
Este acto de barbarie es la prueba del daño irreversible al tejido social provocado por nueve años de guerra contra el narcotráfico emprendida primero por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto.
El linchamiento de José Abraham y Rey David Copado Molina es también el símbolo del fracaso del estado de derecho, ese estado que en México no es más que una simulación porque es incapaz de encarcelar a políticos corruptos, empezando por gobernadores y ex gobernadores delincuentes que gozan de patente de corso y roban a manos llenas porque se saben impunes.
Mientras los poderes en México sigan retrasando la reforma del estamento judicial, todo seguirá igual y continuaremos viendo escenas de barbarie primitiva más propias del siglo XIX.
Los linchamientos en este país no son nuevos. Asistimos a este tipo de crímenes de vez en cuando, pero nunca antes habíamos visto este nivel de salvajismo perpetrado contra dos jóvenes inocentes trabajadores de la empresa mexicana Técnicos Encuestadores de Campo.
Es prácticamente imposible ver completo ese video publicado en la red donde se les identifica como “secuestradores” y se les empieza a golpear. Fueron rodeados por la multitud que los golpeaba sin clemencia, algunos con machetes, palos y varillas. Luego de manera inmediata les rociaron gasolina y les prendieron fuego en la plaza principal.
Las imágenes de los hermanos, de 30 y 39 años nos regresan a la Edad Media. Tal cual. Pareciera que en México impera la ley de la selva. Y tal vez, esa sea nuestra cruda realidad. Los ciudadanos tomándose la ley en sus manos y aplicando la pena de muerte al más puro estilo salvaje.
¿Dónde estaba la policía municipal de Ajalpan? Las versiones hablan de que los policías intentaron llevar a los encuestadores acusados por la gente de ser secuestradores, ante el Ministerio Público y que en ese momento la gente se echó encima y los empezó a golpear, para luego incinerarlos.
Pero hay cosas que no cuadran. ¿Por qué la policía no cumplió con su deber? ¿Por qué no hicieron un llamado urgente a la policía estatal de Puebla? ¿Por qué los Ministerios Públicos no hicieron su trabajo salvaguardando la integridad de los encuestadores para protegerlos de la turba enardecida?.
A una década del linchamiento de Tláhuac, pareciera que México no ha superado la barbarie. En aquel entonces, un grupo de pobladores de la comunidad de San Juan Ixtayopan lincharon a tres policías de la Federal Preventiva acusados igualmente de ser secuestradores. Murieron brutalmente Víctor Mireles Barrera, Cristóbal Bonilla y Edgar Moreno Nolasco quienes habían llegado al lugar a investigar el narcomenudeo y terminaron linchados.
De manera equivocada se pensaba que los hechos de Canoa de 1968 habían sido superados y que Tláhuac era un mal recuerdo, pero no es así, lo que acaba de suceder nos recuerda que en México el linchamiento sucede porque es permitido.
La responsabilidad de estos crímenes salvajes recae en los autores materiales, por supuesto, pero también en el Estado mexicano en donde el 98 por ciento de los delitos quedan impunes.
Como ya hemos dicho, el problema de México no es la falta de leyes, más bien, es la aplicación de las mismas. Efectivamente, el linchamiento esta prohibido por el artículo 117 de la Constitución Mexicana que expresamente señala como delito tomar la justicia por la propia mano.
Otra de las lecciones que deja este nuevo linchamiento es que generalmente la multitud que actúa bajo el cobijo de la colectividad, ha gozado de impunidad. Si los linchamientos no se castigan debidamente, es obvio que se sigan repitiendo.
Por lo pronto, la policía de Puebla que actuó mal y tarde, ya tiene a nueve presuntos responsables de los crímenes de los encuestadores. Ahora habrá que ver si finalmente los condenan.
De eso dependerá que cualquiera de nosotros seamos objetivos de un delito de esta naturaleza. Nuestra obligación, entonces, es exigirle al Estado de derecho, a los diputados, senadores, y demás instituciones, poner cartas en el asunto, investigar, analizar y prevenir estos actos deleznables.
De lo contrario, México seguirá siendo el México bárbaro.
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