El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, indicó que un juez de distrito del estado de Tamaulipas ordenó tres nuevas liberaciones de personas supuestamente involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como parte de un escenario en donde prácticamente todos los acusados por este delito podrían obtener su libertad debido a fallas procesales.
“De manera sistemática y consecutiva, este señor Samuel Ventura Ramos, juez primero de distrito de procesos federales en Tamaulipas liberó el 4 de septiembre de Gildardo López Astudillo; el 14 de septiembre le otorgó la libertad a otras 24 personas procesadas por delincuencia organizada y desaparición forzada, y el día de ayer le otorgó libertad a otras tres personas, a las cuales les da la sentencia absolutoria por los delitos de delincuencia organizada y de secuestro”, señaló el funcionario durante su intervención en el foro internacional “Fiscalías de derechos humanos”.
Uno de los tres nuevos liberados, especificó Encinas, es Osiel Benítez, procesado por el delito de delincuencia organizada, quien salió de la cárcel ayer, “y seguramente mañana —en otro ‘sabadazo’— obtendrán su libertad Carlos Canto Salgado y Raúl Javier Crespo”.
Con dichos fallos, lamentó, “solamente en menos de un mes, este juez ha liberado a 29 personas, con lo cual, de las 142 personas que teníamos detenidas en el caso Ayotzinapa, solamente quedan 64 bajo proceso, y con estos criterios, todos pueden obtener la libertad”.
Encinas subrayó que “hay que evitar esa práctica y, por supuesto, garantizar el derecho de los internos a que no sean torturados ni sujetos a ningún tipo de vejación, pero también hay que garantizar el derecho de las víctimas, pero lo que hoy tenemos es un escenario de plena impunidad: quedan impunes quienes cometen los delitos y agravian a las familias, y quedan libres e impunes quienes cometen prácticas de tortura o la integración indebida de los procesos de investigación”.
Auto de libertad a Oziel Benítez, procesado por el delito de DO, que salió libre el día de ayer y seguramente en las próximas horas, seguramente mañana —otro “sabadazo”— obtendrán su libertad Carlos Canto Salgado y Raúl Javier Crespo.
El caso de Oziel Benítez, fue este del entre el 26 de octubre, el juez argumenta para su liberación graves omisiones en el proceso que fundó la entonces PGR, a pesar de que después de esta liberación, se acreditaron oportunamente pruebas y que se cumplimentaron en las últimas semanas, y considera que hubo elementos suficientes para otorgar la libertad, toda vez que hubo violencia injustificada en el caso del señor Canto es del dominio público este video que se hizo donde era torturado por el exsubsecretario de SP de Michoacán, donde hubo elementos por dilación en la puesta a disposición, dos elementos por detención injustificada y, para variar, una copia certificada de averiguación previa que consideró que no tenía valor.
Estoy consciente de que no sólo hubo gravísimos problemas en la integración de la averiguación desarrollada por la PGR, que hubo prácticas ilegales como la tortura, que está plenamente acreditada, pero este tipo de resoluciones nos dejan en el peor de los mundos: por un lado agravian el derecho de las víctimas al colocar por encima del derecho de las víctimas el derecho de os victimarios, en lugar de reponer un proceso, y 2.- no se castiga a quienes incurrieron en omisiones o en delitos para integrar con al averiguación.
Si hubo tortura, que nos digan quiénes fueron los torturadores. Hay que castigar a los torturadores.
Abordado por los medios informativos al término de su participación, el subsecretario indicó que el gobierno federal “ya hizo un planteamiento ante el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte (sobre el caso del juez Ventura Ramos), y esperamos que haya un trabajo dirigente para que se resuelva esta situación, porque no es posible que se siga desmantelando esta investigación, que está mal hecha, mal fundada, porque hubo negligencia, hubo tortura omisiones, prácticas ilegales y sembrado de pruebas, pero eso no implica exonerar de las responsabilidades de los delitos que evidentemente cometieron la mayor parte de las personas que obtuvieron su libertad”.
Fuente: La Jornada
