Defensores de los inmigrantes perdieron una batalla crucial para conseguir que se expidan credenciales de identificación a personas que viven sin permiso en Estados Unidos después de que la legislatura de Wisconsin aprobara un proyecto de ley que prohíbe a los condados extender esos documentos, sin embargo, los activistas dijeron que no cejarán en su lucha.
Los defensores, encabezados por la coalición Voces de la Frontera, confían en que sus persistentes exhibiciones de fuerza -que comenzaron el mes pasado con una gran protesta frente al Capitolio estatal- convenzan al gobernador Scott Walker para que vete la medida.
Si esa medida no funciona, dijeron que orientarán sus acciones en ciudades con importantes poblaciones hispanas, como Milwaukee y Madison.
Quienes apoyan a los inmigrantes aseguran que la emisión de las credenciales locales de identificación permitiría a estas personas abrir cuentas bancarias, inscribirse en escuelas e identificarse correctamente ante la policía, entre otros beneficios.
Sin embargo, los oponentes aseguran que la propuesta de autoría republicana impedirá los fraudes y la confusión, porque es sencillo falsificar las credenciales en tanto que los condados carecen de las facultades para expedir esos documentos.
“Aquí ya se expide la identificación estatal”, señaló el senador Van Wanggaard, quien agregó que una nueva forma de identificación “crea un problema de credibilidad”.
El asunto pone de relieve los continuos esfuerzos para incluir a las comunidades de inmigrantes en el conjunto social en Wisconsin y otras partes de la nación, y la reticencia de dirigentes políticos, como Wanggaard, quien afirma que no se debe recompensar a los inmigrantes por haber ingresado sin autorización al país.
“Simbólicamente”, dijo Jon Blazer, experto en inmigración de la oficina nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), “esto es bastante importante para ambas partes. Habla del simbolismo según a quien ataña”.
Los programas de credenciales locales de identificación comenzaron a funcionar entre mediados y finales de la década de 2000 en muchos lugares del país, señaló Blazer, pero adquirieron mayor importancia en 2013, cuando ocho estados, Washington, D.C., y Puerto Rico, comenzaron a permitir a inmigrantes no autorizados a vivir ahí a obtener licencias de conducir.
Fuente: AP
