Las reformas al Código de Justicia Militar y el nuevo Código Militar de Procedimientos penales prefiguran un sistema dictatorial castrense, violan la Constitución y la soberanía popular, engrandecen a las fuerzas militares y hacen vulnerables incluso los recintos legislativos. Todo esto les dijo la madrugada del 29 de abril el senador petista Manuel Bartlett a sus pares del PRI y del PAN cuando se disponían a aprobar sin discusión la minuta proveniente de la Cámara de Diputados. Pero no lo escucharon… y el riesgo está ahí.
Por Jenaro Villamil
“Así se empieza… y se termina en dictaduras militares; no se juega con las armas”, sentenció desde la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido de Trabajo, cuando argumentó contra las reformas al Código de Justicia Militar y el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales que autoriza el cateo domiciliario a particulares, a oficinas de gobierno e incluso a los recintos de la Cámara de Diputados y del Senado, aun cuando la Constitución los define como inviolables.
Ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Puebla, Bartlett intentó infructuosamente, junto con el senador Alejandro Encinas, que se aprobara una “moción suspensiva” a esas reformas aprobadas el 21 de abril en la Cámara de Diputados en medio de un escándalo por la modificación, “en lo oscurito”, del dictamen, que fue avalado sin modificaciones por el Senado el último día de sesiones del periodo ordinario.
La minuta proveniente de la Cámara de Diputados “se aprobó en siete minutos en la comisión, sin dar la oportunidad de hacer un estudio enorme, que requería mínimo semanas, porque toca asuntos muy delicados del país”, expuso Bartlett.
Y advirtió: “Las facultades de los fiscales militares son excesivas. El Código Militar de Procedimientos Penales crea un sistema dictatorial; este dictamen va más allá de la disciplina militar, viola la Constitución, engrandece a las fuerzas militares y viola la soberanía popular”.
CRÍTICAS DE LA ONU
No sólo los senadores del PRD y del PT estuvieron en contra de las reformas a los procedimientos de justicia militar para ajustarlos al nuevo sistema acusatorio oral. Un documento de tres cuartillas de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, dirigido el 27 de abril a los coordinadores parlamentarios y a los presidentes de las comisiones dictaminadoras, advirtió que el proyecto de decreto tenía “aspectos sustantivos” que debían revisarse para evitar mayores violaciones a los derechos humanos.
El documento consultado por Proceso señala los siguientes puntos delicados de estas reformas:
“En aquellos casos en los que se prevean facultades para órganos de naturaleza militar cuyas acciones pudieran afectar a personas e instituciones civiles es conveniente clarificar el ámbito de actuación de las autoridades ministeriales y jurisdiccionales militares. Es importante establecer criterios claros y consistentes que garanticen seguridad jurídica a las partes y el respeto a los derechos humanos, excluyendo la posibilidad de que las autoridades militares pudieran afectar a civiles y que, en caso de ser necesarias y estar autorizadas por el ordenamiento legal, se realicen por medio de las autoridades civiles correspondientes y bajo su dirección y supervisión…
“En relación con las víctimas y ofendidos del delito, sería importante delimitar con mayor precisión sus derechos y participación en el proceso, incluyendo aquellos casos donde la víctima que resiente directamente en sí la conducta punible, no puede ejercer su derecho”.
Explícitamente, la ONU-DH le propuso al Senado “revisar algunos aspectos del proyecto de decreto para que fuesen más acordes con el Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo en caso de necesidad o eficacia”, según el documento firmado por Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado.
CASO OMISO
Sin embargo, las comisiones dictaminadoras hicieron caso omiso de esta advertencia de la ONU. Sin modificar la minuta de la Cámara de Diputados, decidieron aprobar en los últimos minutos del periodo ordinario estas reformas que también autorizan la intercepción de las comunicaciones privadas de civiles, en franca violación al artículo 16 constitucional.
Sin que los senadores del PRI o del PAN aceptaran debatir los puntos polémicos de esta reforma, Bartlett también les cuestionó su apoyo al dictamen: “¿Qué tienen que ver los cateos a domicilios particulares con la disciplina militar? ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Están autorizando que los propios militares cateen el Senado?”
Al presentar su voto particular, la senadora Dolores Padierna, del PRD, también subrayó que esas modificaciones alientan la impunidad militar porque “al ser sentenciados por un fuero castrense están imposibilitados para ser sancionados por el fuero civil, asegurando con ello una impunidad para los militares que cometan delitos contra civiles”.
El artículo 105 del Código de Justicia Militar no reconoce como víctimas a aquellos ciudadanos que hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos.
MENORES, ¿TESTIGOS?
El artículo 47, por ejemplo, afirma que “las personas menores de 12 años y a los imputados que deseen declarar se les exhortará a que se conduzcan con la verdad”. Es decir, prevé que niños y adolescentes puedan ser testigos en procesos penales militares.
Un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, citado en el voto particular de Padierna, afirma que entre 2007 y 2012 han sido sentenciados por la justicia castrense 3 mil 612 militares. En 87% de los casos fue por “deserción” (mil154): 5% por “insubordinación” (142) y menos de 1% por violaciones a derechos humanos de la población civil (33).
En el mismo voto particular, Padierna señala que “resulta claro que la jurisdicción militar oculta las violaciones a los derechos humanos con acusaciones que aparentemente involucran la disciplina militar, acción que únicamente lleva a perpetuar la impunidad”.
Incluso, en el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales restringe la cobertura de periodistas a los futuros juicios orales de integrantes de las Fuerzas Armadas, tal como lo destacó en el debate el senador Marco Antonio Blázquez.
Fuente: Proceso
