Por Sanjuana Martínez
Todo parece indicar que el gobierno de Enrique Peña Nieto no quiere que la sociedad mexicana sepa qué fue lo que realmente les sucedió a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Acostumbrado a la simulación, Peña Nieto decidió que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizara una investigación al margen de las averiguaciones de las desprestigiadas instituciones mexicanas y tal vez pensó, equivocadamente, que los especialistas se iban a someter a su autoridad para manipular la verdad, pero se equivocó.
Durante todo este tiempo, los expertos han demostrado estar del lado de la verdad y han ido buscando las grietas por donde va entrando la luz sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Pero la Procuraduría General de la República (PGR) autora de la llamada “verdad histórica” está empeñada en dificultar, torpedear, obstaculizar y desarticular el trabajo profesional de los expertos. Y para ello, no ha escatimado en recursos.
La PGR está en un callejón sin salida. Las investigaciones del GIEI han aniquilado por completo la “verdad histórica”, lo cual pone en evidencia al ex Procurador Jesús Murillo Karam, quien debería de ser procesado judicialmente.
Y con el objetivo de protegerlo, la PGR se ha sacado un as de la manga: una quinta versión de los hechos, encaminada a demostrar que solamente 17 normalistas habrían sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula y no los 43.
Es una estrategia que demuestra desesperación. La PGR sabe que se acerca el momento de la verdad. Dentro de dos meses, el GIEI dará su informe final y evidentemente intenta manipular los hechos.
Otra de sus estrategias ha sido la filtración de declaraciones de detenidos, que según los expertos, “no responden a la verdad”, como las de integrantes de la banda de Los Peques y Gilberto López Astudillo, El Cabo Gil. La PGR quiere ir creando en el imaginario colectivo confusión a través de versiones diversas sobre los hechos ocurridos la noche de Iguala.
Por si fuera poco, la PGR se ha dado a la tarea de ir fragmentando el caso Ayotzinapa dividiéndolo en 12 averiguaciones previas con 154 tomos. Bien sabe la Procuradora Arely Gómez que para obstaculizar las investigaciones de este y cualquier otro asunto, solo hace falta ir abriendo averiguaciones previas sin ton ni son.
La PGR se defiende y ha emitido un comunicado negando la fragmentación del caso, pero allí están los 12 tomos para demostrarlo. Y según los expertos, hay un hecho todavía más grave: la manipulación del expediente y el ocultamiento o eliminación de actuaciones, como en el caso de la recuperación de restos óseos del paraje “La Carnicería” cercano al basurero de Cocula, que hasta el momento no han sido procesados debidamente.
Pero si se trata de obstaculizar, allí están los amparos otorgados a los 22 policías municipales de Iguala y Cocula y particularmente el amparo que acaban de otorgar a dos de los presuntos asesinos de Julio César Mondragón Fontes.
En este caso, los resultados de las pruebas de ADN que realizan los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), serán dados a conocer dentro de dos semanas, pero casualmente acaban de encarcelar a otro implicado, Mauro Taboada Salgado, El Molero, presuntamente detenido en la calle.
Hay un mar de dudas sobre el caso Ayotzinapa, pero lo más sorprendente es porque la PGR no ha sido capaz de investigar al ejército, en particular al 27 Batallón de Infantería que presenciaron lo sucedido la noche de Iguala, ni de permitir que los expertos los interroguen o estar presentes cuando esto suceda.
El general Salvador Cienfuegos se ha negado a colaborar en las investigaciones de la implicación de los militares bajo su mando, argumentando que los expertos son “extranjeros” y por tanto no está obligado a responder a sus requerimientos, a pesar de que en la recta final, todos los caminos conducen al ejército.
El complejo caso de Ayotzinapa sigue un camino azaroso hacia la verdad, pero lamentablemente los resultados del informe final de los expertos no incluirán lo más importante: saber dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La PGR pretenden precisamente que el caso se disuelva en un entramado de medias verdades, mentiras, chivos expiatorios, media docena de versiones y fragmentación de expedientes.
Peña Nieto no quiere que sepamos qué les paso a los normalistas. La procuradora Arely Gómez está empeñada en que sepamos el paradero de los 43.
La pregunta entonces es: ¿Para qué solicitar el trabajo del GIEI?
www.websanjuanamartinez.com.mx
Twitter: SanjuanaMtz
Facebook: Sanjuana Martínez
