Por Marta Lamas
Han pasado ya 11 años desde los violentos sucesos en Atenco, donde agentes de la Policía Federal Preventiva, la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México y la Policía Municipal reprimieron a habitantes del pueblo, militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, adherentes a La Otra Campaña del EZLN y periodistas. El saldo fue la detención de más de 200 personas, la expulsión de cinco extranjeros y cientos de quejas y denuncias contra elementos policiacos por agresiones y golpes, y en especial, por vejaciones y agresiones sexuales a varias mujeres. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hubo violaciones graves a los derechos humanos, así como un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en febrero de 2009, que mandos policiacos medios y bajos de la Agencia de Seguridad Estatal y del gobierno mexiquense cometieron violaciones graves de las garantías individuales contra pobladores, activistas y periodistas que cubrían los hechos.
Tras los operativos de policías municipales, estatales y federales en Atenco y Texcoco en mayo de 2006, al menos 31 de las mujeres detenidas denunciaron agresiones sexuales por parte de las fuerzas de seguridad, tanto en el momento de la detención como en su traslado al penal y a su llegada a éste. Estas mujeres lidiaron durante años con procesos penales, sentenciadas por “ultrajes a la autoridad, portación de arma, ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado”, mientras las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra se mantuvieron impunes. Sin embargo, un puñado de ellas no cejó en su lucha y 11 de las mujeres que fueron agredidas sexualmente decidieron persistir. Sus palabras son elocuentes:
“El Estado nos llamó mentirosas. Durante 10 años hemos tenido un camino muy doloroso, hemos tenido que declarar una y otra vez. Aquel fatídico día nos dijeron: ‘Fue tu culpa’. Su estrategia fue apostar al desgaste, ridiculizarnos, lincharnos. Hoy nuestra dignidad está en alzar la voz, en caminar para señalar que el Estado es responsable. Nuestra dignidad está en no callar ante el miedo y sus ofensas. Nosotras no somos las violadas de Atenco, somos unas luchadoras sociales.”
Dos años después de esa fatídica fecha, en abril de 2008, ellas interpusieron una petición para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptara su denuncia.
En noviembre de 2011 la CIDH declaró que admitía el caso (con el número 12846) y en marzo de 2013 se llevó a cabo la audiencia respectiva. En octubre de 2015 la CIDH aprobó el Informe de Fondo 74/2015, y resolvió a favor de las peticionarias, declarando que habían sido víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual, falta de acceso a la justicia y otras violaciones a sus derechos humanos; también ordenó al Estado mexicano la investigación penal del caso y la reparación integral a las víctimas. Durante nueve meses el Estado mexicano no avanzó en las recomendaciones de la CIDH, a pesar de recibir cuatro prórrogas.
En septiembre de 2016 la CIDH envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y finalmente la semana pasada (el jueves 16) se llevó a cabo la audiencia pública en dicha Corte. Esto implica que para el año que entra finalmente se tendrá una sentencia.
Ha transcurrido casi una docena de años, plenos de amargura e indignación, pero también de resistencia y esperanza. Y somos muchas las personas que esperamos que la sentencia de la Corte, prevista para 2018, sirva para que el Estado mexicano desarrolle e implemente medidas concretas para mejorar la investigación de violaciones a los derechos humanos, así como para fortalecer los controles sobre los cuerpos policiales.
En México vivimos una grave crisis, donde a la falta de respeto por los derechos humanos se suman los excesos en el uso de la fuerza pública. Pero si bien no va a ser fácil resolver las fallas estructurales del sistema de justicia en México, me parece relevante destacar dos cosas: una, la tenacidad y el valor de esas mujeres y otra, la importancia del apoyo del Centro Prodh. Ambas han sido fundamentales en la labor de poner la actuación indebida de los funcionarios del Estado en el banquillo de los acusados.
Si pensamos en el contexto cultural que ve las agresiones sexuales como una tragedia irreparable, la valentía y la decisión de estas luchadoras sociales han logrado dos cosas sustantivas: mostrar que se sigue siendo una persona digna luego de un atentado sexual, y conseguir que a dicho atentado se le despoje de una connotación frívola y machista y se le dé un contenido político. Son creencias conservadoras y retrógradas las que consideran que después de una agresión sexual una mujer queda mancillada. Es igual de absurdo que pensar que luego de un atropellamiento una persona queda devaluada. La dignidad no radica en el cuerpo, sino en la conducta. Las luchadoras de Atenco, además de la crucial batalla jurídico-política que han desarrollado estos 11 años contra la brutalidad policiaca y la complicidad de las autoridades, también han dado una batalla cultural contra el machismo y el conservadurismo. ¡Bravo por ellas!
Este análisis se publicó el 19 de noviembre de 2017 en la edición 2142 de la revista Proceso.
