Por Javier Sicilia
Para Sergio Aguayo y Carmen Aristegui, con toda mi solidaridad y mi cariño
Después de una larga batalla contra la corrupción y la opacidad del gobierno de Graco Ramírez, organizaciones de víctimas de desaparecidos, acompañadas por varias instituciones federales, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y de la fiscalía de Morelos, lograron exhumar los cuerpos de las fosas clandestinas de Tetelcingo. El 3 de junio de 2016 ese ejemplo de lo que es posible hacer con las cientos de fosas que hay en el país, concluyó su primera fase. Lo que se encontró fueron 117 cuerpos enterrados como basura, entre ellos tres menores; nueve bolsas con 12 restos de otros cuerpos de los que no había registro. Algunos de los 117 cuerpos presentaban huellas de tortura, de tiro de gracia, y otros carecían de necropsia. Los cuerpos fueron inhumados dignamente en el Panteón Jardines del Recuerdo, como debió haberse hecho. Las diversas pruebas forenses son en este momento procesadas por las distintas instituciones que participaron en la exhumación. En noviembre, cuando el trabajo concluya, se cruzarán sus ADN con los de víctimas de familiares de desaparecidos. La propia UAEM, a través de su Programa de Atención a Víctimas, prepara un sólido informe sobre los crímenes que allí se descubrieron y que pronto dará a conocer.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado Morelos (FGE), que se comprometió a llamar a declarar a quienes desde el Estado hicieron posible esa atrocidad, empezando por el gobernador Graco Ramírez y el exprocurador Rodrigo Dorantes, no ha cumplido su promesa. Lejos de ello, Dorantes continúa como delegado de la PGR en Durango, y Graco, que ha logrado con su corrupción mediática ocultar otra vez el horror del que como gobernador es el primer responsable, se propone como candidato presidencial.
Las fosas de Tetelcingo no son las únicas. Desde que la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández –inhumado en ellas– las puso al descubierto, se identificó una tercera fosa en Jojutla, Morelos. La FGE se ha comprometido a abrirla, como se hizo en Tetelcingo, pero hasta el momento ese compromiso ha quedado, al igual que en el caso anterior, en palabras sepultadas en la vorágine mediática.
Jaime Luis Brito en su reportaje de Proceso (2068) dice que en la fosa de Jojutla se inhumaron el 14 de julio de 2014 –casi cuatro meses después de las inhumaciones de Tetelcingo– 39 cuerpos sin protocolos forenses. Sin embargo, desde hace 10 años esa práctica es común. Se habla de otros 120 cuerpos que carecen de registro. Una persona, que por razones de seguridad pidió omitir su nombre, le dijo a Brito: “Seguido (desde 2003) vienen a echar cuerpos allí (…) Llegan con las máquinas y nomás los tiran”.
Con la anuencia de Hortensia Figueroa, entonces alcalde de Jojutla y ahora diputada en Morelos por el PRD, y contra la oposición de la mayoría del cabildo, el exprocurador Dorantes siguió en Jojutla con 39 cuerpos el mismo procedimiento clandestino que realizó en Tetelcingo. “Los cuerpos –escribe Brito a partir de narraciones de testigos– fueron introducidos en bolsas negras, y camionetas de la fiscalía los trasladaron al panteón. El trascabo comenzó a cavar y al sacar la tierra aparecieron varios restos humanos (…) Entre los restos había quijadas, costillas, huesos y cuero cabelludo (…) Cuando la fosa tuvo la profundidad deseada, fueron depositados en ella los 39 cuerpos (…)”. Durante su recorrido por la zona, como atestiguan las fotografías del reportaje, Brito descubrió un fragmento de quijada y otros huesos: testigos de los actos salvajes de inhumación y exhumación perpetrados por el gobierno de Graco Ramírez y de las anteriores administraciones.
Hace unas semanas nos fueron enviadas varias fotografías del Semefo de Jojutla. Lo que hay en ellas derrota el lenguaje: cuerpos y restos tirados en el piso y perros que merodean dentro del recinto; uno de ellos lleva en su hocico una pierna.
Es necesario no sólo abrir la fosa de Jojutla y realizar el mismo procedimiento forense que se hizo en Tetelcingo. Es necesario también ordenar las fiscalías con verdaderos protocolos forenses y castigar a quienes, disfrazados de expertos, se comportan como carniceros. Sobre todo es necesario poner un alto a esos “funcionarios” que, como Ramírez, Dorantes y Figueroa –hay cientos de ellos en el país–, sólo sirven a los intereses del dinero y del crimen. Su inhumanidad, su incapacidad política, su creer que el Estado no es el custodio de la justicia sino un negocio en donde hay ganancias sin costos, son los que permiten estas atrocidades. La impunidad, sobre todo en los funcionarios, alienta el crimen, la negligencia, y tiene al país sumido en el salvajismo, la anomia y la miseria moral.
Desde que la UAEM tomó en apoyo a las víctimas el asunto de las fosas de Tetelcingo y de Jojutla, el gobierno de Ramírez, lejos de corregir sus atrocidades y trabajar con ella, busca destruirla: Graco no ha cumplido sus compromisos con la UAEM y Figueroa no ha cejado en la Cámara de intentar vulnerar su autonomía. Gobernar así es servir a la impunidad, al crimen y al infierno en que han convertido al país. ¿Hasta cuándo lo permitiremos?
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, boicotear las elecciones, devolverle su programa a Carmen Aristegui y abrir las fosas de Jojutla.
Fuente: Proceso
