Por Luis Javier Valero Flores
No fue así. Hoy estamos en medio de una severa crisis política.
A tal estado de cosas ha venido a contribuir decisivamente la nueva oleada criminal desatada en la entidad, a consecuencia, se dice, del incremento en las calles de la droga denominada cristal, cuyos consumidores la obtienen a muy bajos precios, pero con efectos devastadores en ellos, teoría circulante en algunos círculos sociales.
Se habla de una operación exterminio de los vendedores de cristal para preservar el mercado de la cocaína.
Como todas las versiones escuchadas a lo largo de década y media por el escribiente, habría que sopesarla, sin demeritar ninguna otra, en el ánimo de encontrar explicaciones a la salvaje manera que los grupos criminales resuelven sus diferendos, y de explicarnos, también, la pobre actuación de las autoridades gubernamentales, de todos los niveles, en el combate al tráfico de drogas.
Pasan los años y la forma de operar de las agrupaciones policiales es la misma. Los resultados son los mismos.
La ola criminal de la década pasada inició de manera semejante a la actual, no queremos con esto decir que se desate del mismo modo, pero nadie puede, razonablemente, argumentar en sentido contrario.
Al principio, aquella, parecía un “arreglo de cuentas” entre los grupos criminales del que no debíamos preocuparnos. Hasta el general Juárez Loera llegó a increpar a los reporteros por la insistencia de éstos en el esclarecimiento de tantos crímenes cometidos en los primeros meses del 2008.
De qué se preocupan, decía el mílite, jefe de la primera Operación Coordinada, cada presunto criminal muerto, sostenía, es “un malandro menos”.
Muy caro nos costó asimilar que en el curso de una guerra los civiles terminan sosteniéndola, que los “daños colaterales” se convierten en el pan de cada día, que los ejércitos deben reabastecerse de todos las provisiones necesarias y que, en el curso de una guerra de grupos criminales, uno de los más importantes es el dinero, al que se abocan a obtener a como dé lugar, de ahí el salvaje crecimiento de varios delitos en aquella época, en especial el secuestro, la extorsión, las desapariciones, los asaltos a casas y negocios, el robo de vehículos en todas sus modalidades, etc.
¡Ah, y el asesinato de mujeres!.
Todo ello, y el amedrentamiento a la sociedad, casi inerme frente a la actuación de los grupos criminales y la inacción e ineficiencia del aparato procurador de justicia.
Baste un ejemplo, ocurrido en estos días, que nos servirá para ponernos los pelos de punta. El de los hechos acaecidos, tanto en Cuauhtémoc como en Rubio, (oficialmente designado como Col. Alvaro Obregón) en los que se reportó, primero, la realización de un violento enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, no confirmado por autoridad alguna a pesar de que las estatales informaron del hallazgo de ¡2 mil 300 cartuchos percutidos!.
Ningún herido, ningún muerto fue el saldo. Los habitantes reportan que los sicarios los recogieron. Al día siguiente se informó que habría “un toque de queda” en virtud de que se presentarían los agrupamientos policiales y se desatarían, por tanto, enfrentamientos generalizados. No ocurrió así, pero la sicosis fue generalizada.
Desmentida la especie por el fiscal general, César Augusto Peniche, se lanzó un operativo multitudinario por parte de fuerzas de los tres niveles de gobierno, por tierra y aire. En la conferencia de prensa en la que desmintió el “estado de queda” dijo que “los operativos de vigilancia y los sobrevuelos que se realizan en la zona de Álvaro Obregón (Rubio) y Cuauhtémoc arrojan que no existe evidencia de la actividad criminal e inseguridad que se habla en redes sociales”.
¿De veras pensaron que podrían encontrar vestigio alguno de los delincuentes, después de anunciar profusamente que se lanzaría ese operativo?.
Puede ser que hayan hecho algún trabajo de inteligencia, -ojalá- como el de revisar grabaciones de cámaras, reportes de la policía, de las redes sociales; es decir, la preparación de un operativo que pudiera reportar dividendos y no solamente el que hicieron, indudablemente útil por aquello de la fuerza demostrada, pero que si no se acompaña de lo otro, sólo será eficaz si las fuerzas policiales y militares permanecen ahí.
Cuando se vayan, reaparecerán los grupos criminales.
No se trata de cualquier ciudad o región la que es escenario de esta nueva etapa de hechos espeluznantes. Durante muchos años, Cuauhtémoc fue el municipio con el índice más alto de desapariciones en el país. Esa estadística fue motivo para la descalificación de César Duarte a los grupos derechohumanistas, a los familiares de las víctimas y a la prensa (o a una parte de ella) porque insistían en que el gobierno de Chihuahua se abocara al hallazgo de los desaparecidos.
No ha ocurrido tal cosa.
La situación parece empeorar pues los índices homicidas, tanto del estado, como de Juárez y Chihuahua rondan por los 50 por cada 100 mil habitantes, si se toman como base los presentados a partir del 1 de octubre.
Quienes defiendan el punto de vista que ha transcurrido muy poco tiempo para dar resultados, pueden tener razón y que las más recientes acciones -entre ellas la de sustituir las policías de 6 municipios por elementos de la policía estatal y el establecimiento de un cuartel de éstos en Creel- podrían abonar al gobierno del amanecer.
Pero hoy estamos frente a una oleada homicida y a la aparición de fuertes destacamentos de criminales en localidades a 100 kilómetros de la capital, en una zona que durante los últimos 10 años ha sido escenario de cruentos enfrentamientos y que por largas temporadas fue el ejemplo más acabado de regiones en los que se podría aplicar el concepto de “Estado fallido”, las que estarán bajo la vigilancia de una nueva instancia, anunciada por Peniche apenas el viernes, la División de Operaciones Rurales, cuyas operaciones iniciarán próximamente.
Pero si tal ocurre en el ámbito de la seguridad pública, en el del mundo de la política no hay una menor intensidad. Y no solamente por el encono entre las dos principales fuerzas políticas prevalecientes en la entidad, sino, fundamentalmente por lo realizado por el grupo gobernante.
El protagonista de lo más reciente fue el director de la Coesvi -el organismo estatal encargado de la vivienda-, el exalcalde y excandidato a gobernador, Carlos Borruel, quien, luego de darse a conocer a través de un video una supuesta reyerta familiar y la aparición en sus oficinas de una corona fúnebre -al modo en que se enviaban en la ola homicida, como un mensaje mortal- acusó a los beneficiarios de las compras ilegales de terrenos propiedad del gobierno estatal en el sexenio anterior, de ser los autores, tanto de la filtración del video, como de la encubierta amenaza.
Nadie de los protagonistas de la supuesta riña familiar ha señalado como falso el video; lamentable desde todos los puntos de vista, desde el mismísimo hecho de grabar las acciones, como el de la difusión y, de ser ciertos, los hechos, los cuales son del ámbito familiar y sólo podrían trasladarse al ámbito de lo público si alguno de ellos solicitara la participación de las autoridades competentes.
Pero ante la indefinición eso ha servido, solamente, para la sevicia popular y la descalificación hacia el nuevo grupo gobernante, en uno de los apartados que más presumieron a lo largo de su historia, el de la elevada calidad moral de sus integrantes.
Y todo lo anterior se da en los momentos en que a César Duarte le admiten un amparo -para saber si hay más acusaciones en su contra en la PGR- cuya audiencia se realizará el 13 de marzo y de que a Jaime García Chávez le admiten el solicitado a fin de que la PGR resuelva sobre la acusación en contra de Duarte, Herrera y Hermosillo. La audiencia de éste se celebrará el 17 de marzo.
Al mismo tiempo, Víctor Valencia, priista con una larga trayectoria en los gobiernos emanados de este partido, renunció debido a “La desfachatez impresentable de un delincuente confeso, a quien siempre lo ha caracterizado su voracidad patológica y por si fuera poco, presume con bombo y platillo ante propios y extraños sus ‘excelentes’ y ‘poderosas’ relaciones con quienes hipotéticamente podrían hacer justicia en un momento dado y llevarlo a los tribunales, pues parece ser en los hechos que en eso sí Duarte, habla con la verdad”, a quien ubica como el principal responsable de la derrota del PRI en 2016 y a la dirigencia nacional por solapar tal comportamiento, por la “sospechosa dilación” ante el proceso de expulsión de César Duarte.
Y apenas estamos en las primeras horas del nuevo amanecer…
