Por Héctor Tajonar
Detrás de la estrategia para remover a Carmen Aristegui de su espacio matutino en Noticias MVS se oculta la mano autoritaria y vengativa del gobierno de Enrique Peña Nieto. El asunto no se reduce a un problema laboral entre la comunicadora y sus contratantes. No se trata sólo de “un conflicto entre particulares”, como lo ha declarado la Secretaría de Gobernación en su intento por deslindar al gobierno, sino de un agravio político de innegable trascendencia. La destitución arbitraria y dolosa de la periodista con mayor presencia y credibilidad del país representa un atentado contra la libertad de expresión sólo comparable al golpe contra el Excélsior de Julio Scherer orquestado por Luis Echeverría en 1976. Ello supone un inadmisible retroceso de casi cuatro décadas en materia de derechos ciudadanos: el derecho de los periodistas a expresarse y el derecho de la sociedad a estar bien informada.
Disfrazada de un diferendo por el supuesto uso de la marca de la emisora en el lanzamiento de MexicoLeaks, MVS montó una campaña mediática con el objeto de forzar la salida de Carmen Aristegui del noticiario radiofónico con mayor audiencia, rigor periodístico, independencia crítica y verosimilitud del país. A los desplegados y spots repletos de descalificaciones se sumaron el despido de los reporteros que realizaron la investigación sobre la Casa Blanca, y la publicación intempestiva de “nuevos lineamientos” para normar la relación entre la radiodifusora y los conductores de sus noticiarios, claramente dirigidos a coartar la libertad de Aristegui para precipitar su renuncia. Finalmente, el domingo 15 por la noche MVS dio por terminada su relación laboral con Aristegui, y el lunes se le impidió la entrada a la emisora para transmitir su noticiario, con una falta de respeto total hacia la audiencia.
¿Qué motivó y quién indujo a los directivos de MVS Comunicaciones a arremeter de forma tan agresiva contra la estrella de sus programas noticiosos? ¿Por qué recurrieron a lo que el propio ómbudsman de Noticias MVS, Gabriel Sosa Plata, calificó de “inédita y desproporcionada estridencia mediática”? Detrás del atropello contra Aristegui hay tanto dinero y poder como ansia de castigar a quien osó divulgar las condenables relaciones inmobiliarias del presidente, su esposa y su secretario de Hacienda con el contratista consentido del gobierno. La decisión de sacar del aire a Carmen fue resultado de un inocultable acuerdo secreto entre los hermanos Vargas Guajardo y el exabogado del Grupo MVS, Eduardo Sánchez Hernández, recientemente nombrado coordinador de Comunicación de la Presidencia. Se trató de un trueque, con carácter de urgente: la concesión de la Red Compartida, cuyo proceso de licitación inició el 11 de marzo y concluye el 22 de abril, a cambio de la salida de Aristegui de su espacio radiofónico.
Se trata de una apetitosa zanahoria para que MVS comercialice servicios de telecomunicaciones al mayoreo, incluido el acceso a internet de banda ancha –como el que ahora tiene América Móvil–, canjeada por un palo contra una periodista que le resulta incómoda al poder porque lo exhibe en su mediocridad y podredumbre. Buen negocio para los ejecutores de la permuta, pero muy mal augurio para la cultura democrática. Nuevamente, el interés empresarial define una política editorial que cancela la libertad de expresión entendida como crítica independiente del poder político. MVS se convierte así en instrumento del gobierno autoritario de Peña Nieto para censurar y castigar a una figura paradigmática de la libertad de expresión en México.
No es la primera vez que la familia Vargas se pliega ante el poder del autoritarismo presidencial con la esperanza de ser favorecida por la generosidad del ogro filantrópico. Así ocurrió en 2011, cuando Aristegui fue despedida por aludir a un supuesto problema de alcoholismo del entonces presidente Felipe Calderón. El mandatario exigió el cese de la periodista a cambio de la renovación de las concesiones de MVS. La empresa cedió, pero los Vargas y Calderón tuvieron que recular ante la ola de protestas en apoyo de Aristegui.
Aclaro: No estoy en contra de los legítimos intereses de los empresarios de la comunicación; repruebo la colusión entre el gobierno y los dueños de los medios informativos para limitar el derecho a la crítica del poder presidencial, tal como ocurría en la época dorada del autoritarismo priista. Es cierto que hoy existe una mayor libertad de expresión en la prensa, la radio, la televisión y, por supuesto, en las redes sociales. No obstante, el gobierno sigue ejerciendo un control sobre la política editorial de los medios, permitiendo la existencia de voces críticas en las páginas de análisis o en espacios de comentarios, pero siempre manteniendo un límite acordado entre la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia y los dueños de los medios. (Excepción a esa regla, Proceso ha sido castigado con un ilegal boicot publicitario del gobierno debido a su independencia crítica.) Se trata, pues, de una libertad prestada, de una libertad limitada.
Ese límite fue rebasado por Aristegui al divulgar información que puso en duda la integridad del presidente Peña Nieto, lo cual ocasionó un notable descenso en la popularidad del mandatario, además de una crisis de confianza y legitimidad agravada por las tragedias de Tlatlaya y Ayotzinapa, así como por el magro crecimiento de la economía y el aumento del desempleo. Ante esa circunstancia, el gobierno acordó con los dueños de la emisora cerrarle el micrófono de MVS a Carmen Aristegui. Lo hicieron con rudeza innecesaria y torpeza manifiesta.
La venganza es una pulsión humana que busca hacer un daño equivalente o mayor al recibido. Hacerse “justicia” por propia mano es la forma más primitiva de justicia personal o penal. “Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe” (Éxodo 21:23-25). De acuerdo con ese principio, a los violadores sexuales se les castraba, a los ladrones les cortaban las manos y a los blasfemos les perforaban la lengua. Aunque en las sociedades civilizadas las instituciones de justicia se encargan de evitar esa barbarie estableciendo un equilibrio entre crimen y castigo, la pasión vengativa del poder para hacer pagar su “deuda” al real o supuesto ofensor no ha desaparecido.
En política hay que sanar los males, jamás vengarlos, recomendaba Napoleón I. Nuestro presidente-emperador hizo lo contrario. Obsesionado por una sed de venganza, ha recurrido a los renovados poderes metaconstitucionales para hacerse “justicia” de la mano de MVS, violando el artículo 6° de la Carta Magna. ¿Qué se logrará con el desplante? Crear otro escándalo que aumentará la crisis de confianza y legitimidad de su gobierno, dentro y fuera del país. Carmen Aristegui no será silenciada, por el contrario, el reconocimiento a su profesionalismo y rigor periodísticos se verá fortalecido.
Fuente: Proceso
