Por Raymundo Riva Palacio
Es absolutamente irrelevante que Enrique Peña Nieto asuma la Presidencia hasta dentro de dos meses para efectos de pagar costos de su gestión. La reforma laboral que mandó el presidente Felipe Calderón al Congreso, ya lo hizo su principal víctima política. Peña Nieto está atrapado entre la izquierda y la derecha, que lo acusan a priori de haber cedido a los sindicatos, de perjudicar a los trabajadores y de favorecer a los patrones. Para donde se mueva, sufre un desgaste prematuro, que tendrá que agradecerle a Calderón su gesto final.
La iniciativa de la reforma laboral es una trampa de principio a fin. El presidente Calderón se valió de la iniciativa preferente incorporada en la recién aprobada reforma política, que obliga al Congreso a discutirla en un plazo no mayor de 30 días, y tomó fuera de forma a los priístas. Cuál fue la razón por la cual la aceptaron en automáticamente y decidieron que la discutirían, no se sabe. Lo que sí se sabe es que tomaron una iniciativa que nadaba en la ambigüedad y le dieron carta de identidad y fecha de resolución.
Como señaló la senadora perredista Dolores Padierna, las iniciativas preferentes no están reglamentadas todavía, por lo que se puede introducir una controversia constitucional. Esto lo puede hacer la izquierda, que desde el principio se opuso a la iniciativa, pero no el PRI, que le dio la bienvenida con los brazos abiertos y hasta después, cuando vieron sus debilidades y entraron en contradicción interna. Pudieron los diputados priístas haberla rechazado por improcedente, al ser presentada por un presidente saliente, o recibida y establecer sus tiempos de cómo y cuándo la discutirían —por ejemplo, una vez que estuvieran instaladas las comisiones respectivas—, pero no lo hicieron.
La iniciativa incorpora lo que el senador perredista Alejandro Encinas llama “la zanahoria” de la ley, que es la transparencia sindical. “Zanahoria”, porque en su lógica el PRI aprobaría otros ingredientes controversiales, como la pérdida de estabilidad laboral y la eliminación de los contratos de base, a cambio de que no se abran la panza de los sindicatos. Paradójicamente, el PRI había dicho en las diversas ocasiones que el gobierno cabildeó su reforma, que la transparencia sindical no debía ser incorporada en la iniciativa porque introducía un ruido innecesario y contaminaba la discusión, sino que se presentara de manera independiente en forma y tiempo.
El PRI vio cómo venía la iniciativa y no la congeló. Transparencia sindical no es patrimonio de los sindicatos afiliados al PRI, sino también los que se encuentran en la izquierda de la geometría política. En ambos casos no quieren revelar cuánto dinero tienen y cómo lo distribuyen y gastan. Pero el costo no será para la izquierda, sino para el PRI, y en particular para Peña Nieto. Por un lado, al asignársele un poder meta constitucional que si no aplica para someter a los diputados y los sindicatos quedará como rehén del sector duro y corporativo del PRI. Por el otro, sin importar qué tan adulterada pueda salir la reforma, quedará como aliado de los intereses patronales y contra los trabajadores.
Es decir, la trampa que le puso el presidente Calderón lo ubicará a la derecha del espectro político, y lo colocará, antes de asumir el poder, como parte de la diada PRI-PAN, que dará cuerpo a las críticas y alimentará los argumentos que el nuevo gobierno será más de lo mismo, una continuación de la época de las llamadas concertacesiones que inauguró el ex presidente Carlos Salinas con la dirigencia del PAN. Calderón y el PAN, si no están felices con lo que sucede todavía, estarán encantados de minar a Peña Nieto a 64 días que tome posesión. La izquierda recibe este regalo de Calderón que le ayudó a reagruparse tras los barruntos de ruptura y le permite iniciar homogéneamente su posición beligerante dentro de las cámaras, contra el gobierno entrante. El PRI es el que queda en medio, y su falta de reflejos puso de rodillas a quien los llevó de nuevo a Los Pinos. Mal inicio, cuando aún Peña Nieto no comienza.
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