Por Luis Javier Valero Flores
Puede haber polémica jurídica acerca de uno de los temas más controversiales, no sólo del gobierno de Javier Corral, sino del total de las administraciones públicas, pero es un hecho irrebatible: todos los equipos gobernantes actúan con la misma lógica, favorecer con su nuevo encargo a los suyos, sean familiares propios o los de los amigos y compañeros de partido y/o de campaña electoral.
Por desgracia, los argumentos usados para justificar tal hecho no tienen color partidario, prácticamente son los mismos:
-Aquí no se trata de preferencias sino de capacidades, los que aquí están es porque hemos comprobado su eficiencia y preparación para el cargo que ocupa.
-El nombramiento (de mi hermano, primo, cuñado, sobrina, pariente de mi esposa, etc.) no lo hice yo.
-Los nombramientos no fueron realizados por los funcionarios, parientes de los señalados, los hice yo y no hay nepotismo.
-Quienes llegaron a puestos públicos en la actual administración “lo hicieron por su talento”.
Búsquese en la hemeroteca y encontraremos que las expresiones usadas para justificar lo anterior son casi las mismas.
Del mismo modo, las acusaciones de quienes hoy ocupan los cargos públicos, en contra de sus antecesores, cuando eran parte de la oposición, son las mismas que ahora reciben… por las mismas razones.
A manera de broma, en el sexenio de César Duarte, se dolían los chihuahuenses, en tono festivo, del enorme número de los familiares del ex gobernador. Aparecían en prácticamente todas las dependencias, y si no eran, tan solo por los apellidos se infería que sí.
Claro, en los primeros años cayó como una mala novedad, luego, ese ánimo cambió hasta casi identificarse como sinónimo de corrupción.
El PAN, con distintos tonos y en muy variados niveles de crítica, en ese sexenio, deploró que se usara la nómina estatal para dar cabida a una buena cantidad de familiares, tanto del mandatario, como de sus funcionarios más cercanos.
Hoy, los gobiernos del PAN, y no sólo el de Javier Corral, han caído –y los reportajes de El Diario así lo ha evidenciado– en aquella situación. En vano nos intentan convencer que no violan la ley, sabedores de que aún siendo así, la falta es mayor, su actuación los hace ver como el nuevo grupo político que ha tomado por asalto el Palacio de Gobierno.
Ese es el rasgo que comparten, también, en el caso de la Auditoría, aunque ahí es peor pues quieren a uno de casa, a una persona con la que mantienen lazos de amistad y compañerismo laboral y político de muchos años para que les revisen las cuentas públicas, es decir, los dineros y el modo en que los están gastando.
Entre esta conducta y la del presidente Peña Nieto con el exsecretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, al que le encargó investigara si él, su jefe, había incurrido en alguna corruptela en el caso de la Casa Blanca, no hay diferencia alguna.
Tampoco en esta execrable postura de invadir con familiares la nómina estatal. De ello sólo se salvan algunos cuantos.
Es una lástima que el equipo gobernante haya incurrido en conductas tan criticables, se deplora –el escribiente lo hace, pues– porque se esperaba una conducta diferente, dados los antecedentes de la administración anterior.
Sorprende, además, que personas a las que la fama pública les reconocía ser hombres con conductas honorables cayeran, probablemente no en corruptelas, pero sí en acciones irregulares y definitivamente lejos de la ética necesaria para actuar de manera distinta a los de sus antecesores en la administración pública.
Por supuesto que nada tenemos en contra de Estefany Olmos, Miguel Riggs, Ignacio Rodríguez, Armando Valenzuela y Ernesto Ávila, pero aceptar que el esposo de la primera buscara ser consejero del Instituto de Transparencia (primero, y luego secretario técnico) a pesar del evidente conflicto de interés con la Secretaria de la Función Pública; o que la hermana del segundo creara una empresa y ésta se beneficiara de compras por adjudicación directa, a pesar de superar los límites legales; o que el contador Rodríguez no se diera cuenta que no cumplía con el requisito de no haber sido candidato en la elección inmediata anterior y, a pesar de ello, inscribirse y luego protagonizar uno de los peores escándalos del grupo gobernante; o el caso del contador Valenzuela, integrante del grupo más cercano al actual gobernador y aceptar convertirse en el fiscalizador de su amigo Javier Corral.
O el caso del Dr. Ávila, a quien “convencieron” de aceptar un bono al que, evidentemente, no tenía derecho, aceptado en el momento que declaraba, junto con su amigo, el gobernador, que no había dinero ni para comprar gasas en los hospitales.
¿Qué les pasó a todos ellos, a quienes sus allegados les reconocen probidad?
¿Qué les pasa a los integrantes del actual grupo gobernante, que han debido emplear una parte importante de su tiempo para justificar las capacidades de los parientes de sus compañeros de gabinete, igual que hacía César Duarte en el sexenio pasado?
Por desgracia para nosotros, se han convertido en el mejor ejemplo de que no podemos confiar en las apreciaciones subjetivas de quienes llegan al poder; que no podemos dejar a la discreción de los gobernantes cosas que debiesen estar plenamente reguladas, como es el caso de la llegada de nuevos funcionarios públicos y no estar a merced de la calificación que haga el gobernante, sólo porque éste nos intenta convencer que esos nombramientos están bien hechos… sólo porque los hizo el nuevo grupo hegemónico en Chihuahua.
La lista de quienes llegaron al gobierno abruma, desilusiona, enerva, indigna y más el modo en que se intenta justificar: Que la Secretaria Olmos investigue si violamos la ley o no.
¿Dónde quedaron las propuestas de ciudadanizar la función pública y someterse al arbitrio ciudadano? ¿Porqué no llamar a ciudadanos probos, ajenos a las filias partidistas y que sean ellos quienes determinen si los nombramientos realizados –hasta el tercer y cuarto nivel– están lejos de los afectos de los funcionarios del primer nivel?
Porque no se trata solamente, y es un asunto que no han asimilado los integrantes del gobierno del nuevo amanecer, que más allá de la ley están obligados a que su actuación se ciña a lo contrario que hizo el anterior grupo gobernante.
Porque, incluso con la ambigüedad de la legislación en el ámbito estatal, sí incurren en alguno de los supuestos señalados por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua. Juzguen ustedes:
“CAPITULO II
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
ARTICULO 23. Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con independencia de sus deberes y derechos laborales, tendrá las siguientes obligaciones:
…
XII.- Abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en su caso;
XIII.- Excusarse de intervenir, en cualquier forma, en asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios”.
¿De veras podemos creer que cualquiera de los funcionarios del primer nivel del gobierno de Corral, interrogados al respecto, no hubiesen opinado a favor del nombramiento de su esposa, hermana, cuñado, sobrino, primo, etc., como ahora vemos fueron designados?
La lista es grande. De ella se salvan algunos cuantos, sólo por una razón, la de que ya eran servidores públicos a la llegada del amanecer a Chihuahua, entre ellos, por ejemplo, los hermanos de Carlos Borruel, quienes ya eran agentes de tránsito en la ciudad de Chihuahua, o la hermana de Víctor Quintana, funcionaria de la Secretaría de Educación de hace tiempo.
Más preciso el Código Municipal, para prevenir el nepotismo. Asombra que el grupo gobernante no rija su actuación por ese espíritu:
“ARTÍCULO 61. Para ser funcionario municipal se requiere:
…
IV. No ser cónyuge, pariente consanguíneo o afín, en línea recta, sin limitación de grado o colateral por consanguinidad, dentro del cuarto grado o por afinidad dentro del segundo, del Presidente Municipal, del Presidente Seccional, de los Regidores o del Síndico. Se exceptúa de lo anterior a quienes estén ocupando un cargo con anterioridad a la toma de posesión de los funcionarios públicos mencionados en el párrafo anterior”.
Podrán argumentar mil y una cosas. No tienen justificación, la llegada de los parientes de los panistas, militantes ellos mismos –la mayoría– al gobierno de Chihuahua es uno más de los inconcebibles errores de quienes llegaron con tan altas expectativas a la administración pública estatal.
Esas eran las que tenía la mayoría de los chihuahuenses en la noche del cinco de junio pasado.
Hoy es, simplemente, historia.
