La segunda temporada del desafuero… en 2017

Por Jenaro Villamil

Hace 12 años, entre 2004 y 2005, se produjo una de las batallas políticas y jurídicas más delirantes y contraproducentes para la incipiente democracia mexicana.

El nombre del juego para el gobierno de Vicente Fox, para el PAN, para el PRI y para un importante sector empresarial era “evitar a toda costa que López Obrador llegue a la Presidencia de la República”.

Algo similar está ocurriendo ahora, aunque las circunstancias sean diferentes, los actores sean los mismos y las consecuencias sean exactamente inversas a lo buscado: fortalecer aún más al actual dirigente nacional de Morena.

En 2004, el gobierno de Vicente Fox le pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que iniciara un juicio de desafuero en contra del entonces jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, por haber violado una orden judicial que exigía la  suspensión de la construcción de una calle en un terreno de Santa Fe expropiado años atrás por gobiernos anteriores.

Antes de esta solicitud ocurrió el episodio de los videoescándalos. Se trató de vincular a López Obrador con los sobornos pagados y grabados por el empresario Carlos Ahumada, dedicado a ese negocio tan mexicano de la extorsión, con extendidas complicidades políticas y empresariales.

Los videoescándalos dañaron un poco la autoridad moral que López Obrador había construido desde la jefatura del gobierno del Distrito Federal, pero no lograron vincularlo con el “señor de los videos”.

El desafuero lo catapultó como una figura nacional, lo colocó en el centro de una clara operación de venganza política que involucraba a Vicente Fox, al Jefe Diego Fernández de Cevallos, al expresidente Carlos Salinas de Gortari, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, y al entonces aspirante panista a la Presidencia, Felipe Calderón. De ahí surgió el término lopezobradorista de “la mafia del poder”.

El desafuero logró exactamente lo contrario: generó una corriente de opinión pública a favor del tabasqueño. La alternancia se descarriló en este proceso y en la Ciudad de México se realizaron las marchas más grandes que se hayan visto en la historia reciente.

No era sólo la defensa del derecho de López Obrador a contender por la Presidencia de la República, sino la condena a una operación de venganza política a todas luces mafiosa, parcial y concertada.

El desafuero se consumó el 7 de abril de 2005 en la Cámara de Diputados, pero Vicente Fox tuvo que recular. La imagen de López Obrador en la cárcel lo hubiera convertido en un Nelson Mandela a la mexicana.

Los mismos promotores del desafuero tuvieron que frenar la operación, pero dejaron sembrada la polarización que hasta hoy perdura en torno a la imagen del político tabasqueño. No han entendido que la polarización no la genera López Obrador, sino la tremenda desigualdad rampante en el país y la escandalosa corrupción de los años recientes.

Mala comedia

Doce años después, la historia parece repetirse, ya no como tragedia, sino como una mala comedia de enredos. El gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes, que ahora usufructúa el logotipo del PAN, pero con todas las mañas y mala fama adquirida por su paso como priista, operador electoral, director del ISSSTE, señalado por corrupción y espionaje, acusó a Morena y a López Obrador de recibir dinero del gobierno de Javier Duarte, el símbolo más acabado (pero no el único) de las cleptocracias recientes.

Yunes, el mismo que anunció que daría a conocer información que “cimbraría” a las altas esferas del poder político si no lo dejaban tomar posesión como gobernador de Veracruz, ahora afirmó tener “pruebas contundentes” de la corrupción entre Duarte y López Obrador.

Curiosamente, olvidó o evadió mencionar la corrupción de Duarte y las extensas redes priistas, incluyendo el sospechoso episodio de los 25 millones de pesos en efectivo enviados en 2012 al aeropuerto de Toluca, en plena campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

El “parto de los montes” de Yunes resultó una grabación editada, entre el exsecretario de Trabajo y Previsión Social de Veracruz, Gabriel Deantes Ramos, con el entonces director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER), Víctor Arcos, aspirante a una candidatura en Perote.

“Yo compartía mis análisis políticos muy personales con él porque él tenía la costumbre de preguntarme cómo veía el panorama y algunas veces yo le daba información que rayaba en lo ridículo sólo para confirmar que él replicaba mis comentarios y lo que oía a veces de otros actores políticos con la prensa”, declaró Deantes a Radio Fórmula.

La Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade) anunció el pasado viernes 24 que investigaría este presunto vínculo y el lunes 27 afirmó que no había ninguna línea que vinculara a Morena y a López Obrador con Duarte.

Todo esto, en medio de un auténtico talk show de retos, dimes y diretes entre Yunes y López Obrador. El dirigente de Morena volvió a salir bien librado de este último lance que tiene un objetivo fundamental: que sea el escándalo y no las urnas lo que defina si el político tabasqueño gana o pierde las elecciones del 2018.

La “segunda temporada” del desafuero es una muestra más del autoritarismo electoral que ha definido nuestras contiendas desde el 2000 a la fecha: No son las urnas sino el dinero, las componendas y los arreglos entre las cleptocracias lo que definen la llegada de un político a las gubernaturas o a la Presidencia de la República.

Atacar a López Obrador desde la “autoridad moral” de Yunes es un auténtico despropósito que genera un efecto boomerang. Los adversarios de López Obrador están desesperados: ensayan todo para descarrilarlo, pero no hacen nada para convencer de que ellos son una opción posible y viable, sin caer en las artimañas del desafuero del 2004-2005.

La dirigencia nacional del PRI, con Enrique Ochoa a la cabeza, se sumó al pleito entre Yunes y López Obrador, ignorando que el principal responsable de la presunta corrupción (Javier Duarte) fue un gobernador priista, que ejerció la corrupción priista, está en la impunidad priista y fue apoyado hasta su fuga por un presidente de la República priista.

Margarita Zavala, quien aún no es candidata del PAN, se promueve como “la única que puede ganarle a López Obrador y su demagogia”, sin darse cuenta que la misma frase es una joya de la demagogia.

Zavala no se promueve como la mejor candidata del PAN y evade ser corresponsable de un gobierno que dejó muy malos saldos en términos de violencia y polarización política. Sigue el mismo guión que utilizó Felipe Calderón para ganar en 2006: soy yo o “el peligro para México”. Una fórmula tan gastada como antidemocrática.

La lección fundamental del desafuero no fue aprendida: la simulación de justicia contra un político que se distingue por no estar involucrado en grandes escándalos de corrupción solamente acaba por reflejar el miedo de las cleptocracias gobernantes.

Fuente: www.homozapping.com.