Por Luis Javier Valero
Va como si fuera cuento, por desgracia no lo es. Hubo una vez un país en el que, por lo menos en el papel, gobierno y ciudadanos hacían las cosas.
Nada era realidad, pero unos y otros asumían que podían mejorar, que podían construir una transición hacia un régimen democrático.
Se abrió la competencia electoral y atisbamos tales posibilidades. Para que el proceso arraigara se procedió a abrir distintos espacios a los ciudadanos sin partido y en algunas regiones fueron más adelante, establecieron un arsenal de procedimientos para designar a los integrantes de los organismos electorales, de los órganos derechohumanistas; de los encargados de velar por la transparencia y hasta de los integrantes del Poder Judicial.
Eje central de tales procedimientos lo constituía el examen de conocimientos ¿Obvio, no? ¿Cómo designar a los más capaces sino mediante la medición de los conocimientos sobre la materia de cada uno de los aspirantes?
Más aún, al poner en manos del Poder Legislativo la elección, debía otorgárseles a sus integrantes todos los elementos para que escogiesen a los más preparados en esas materias.
Además, para que no hubiese suspicacias acerca del buen ejercicio de los recursos públicos, se resolvió darle “autonomía” a la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Pero ocasión hubo, ya en nuestros tiempos, que al momento de la ratificación de dos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), uno en 2006 -Marco Emiliano Anchondo Paredes- y otro en 2011 -Carlos Flores Silva- el Congreso violó los procedimientos establecidos.
La justicia federal, a la que recurrieron ambos, le ordenó al Poder Legislativo de Chihuahua ratificarlos.
Y luego, en un proceso de fines del 2013 y a lo largo de este año, nuevamente el Congreso de Chihuahua -pero ya bajo una nueva legislatura- debió soportar un nuevo revés del Poder Judicial Federal que le ordenó realizar de nueva cuenta la designación de dos consejeras del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip).
El impugnador había obtenido el primer lugar en el examen de conocimientos y el Poder Legislativo había nombrado a quienes ocuparon los últimos lugares en la evaluación.
-Son muchos problemas, mejor cambiemos la ley y desaparezcamos ese engorroso trámite de la celebración del examen de conocimientos y pongamos en manos de los elegidos, como antes, como siempre, la facultad de designar a los nuevos magistrados, se habrá dicho en las alturas del poder en Chihuahua.
-Que no vengan, otra vez, esos enfadosos jueces federales a repartir amparos como si fueran dulces.
Y cambiaron la ley; ahora, en un increíble retroceso jurídico y democrático en Chihuahua, algunos de los hombres más cercanos al titular del Poder Ejecutivo, uno por cada poder, serán los encargados de evaluar a los aspirantes a ocupar una de las 13 plazas vacantes en el Poder Judicial.
¡Ah, previamente, pero cómo no, que se jubilen los que ya deben salir y dejen libres las plazas, al fin y al cabo que se llevan una jubilación milenaria!
¿Y qué creen? A todos los que se les dijo que pidieran su jubilación, obedecieron. Ninguno hizo valer su categoría de hombres y mujeres en quienes estaban depositadas las esperanzas de la administración adecuada de la justicia.
No, todos se “jubilaron”.
Ahora, una auténtica muchedumbre ha solicitado ser incluida en la lista de los “13”.
Duele observar que entre los aspirantes se encuentren infinidad de militantes del PRI cuya carrera política nada tiene que ver con la aplicación de justicia, casi todos ellos con una trayectoria pública exclusiva en su partido, sólo han hecho política.
¡Ah, pero como se abrió esta oportunidad, en la que no preguntan los conocimientos jurídicos, que no hacen examen de conocimientos y que será la voluntad de Palacio la única, po’s vamos!
¡Y además, por si algo faltara, entre los aspirantes se cuentan algunos de la oposición blanquiazul! Seguramente le apuestan a que el “reparto” sea “incluyente”.
Ya tienen experiencia. Hace algunos años, César Jáuregui Robles pasó del Comité Nacional del PAN ¡Al Consejo de la Judicatura Federal!
¡Qué tristeza! ¡Qué retroceso tan grande!
Pero las consecuencias no serán solamente para la sociedad, también para el partido gobernante.
Estas maneras de designar dejará innumerables heridas.
No se puede desconocer que existen un gran número de militantes y funcionarios públicos que han hecho carrera, que se han preparado pensando en ocupar, en algún momento, algunas de las posiciones en estas dependencias.
¿Qué pensarán si en adelante poco importan la preparación, los cursos, maestrías y doctorados realizados si al final quien resolverá lo hará sin tomar en cuenta esas pequeñas cosas?
¿Qué no es cierto? ¿Entonces porqué designaron en el Ichitaip a quienes ocuparon los últimos lugares en las calificaciones obtenidas en el examen? ¿Porqué quitaron el examen de conocimientos para designar a los magistrados, con el voto de los diputados panistas?
Por supuesto que estas maneras no son exclusivas de la actual administración, siempre se ha hecho así, lo preocupante es que ahora se hará en un grado superlativo, sin parangón en la historia de Chihuahua en los últimos 50 años.
Gravísimo.
Lo que hoy estamos viviendo ya lo habíamos protagonizado o sufrido.
La diferencia, sólo, es de grado, pero el deterioro es inconmensurable, estamos asistiendo a un proceso que desgasta a todos, a la sociedad en primer lugar, al proceso democrático y hasta al partido gobernante en Chihuahua.
Recién salimos de la cresta de la oleada violenta más severa de la historia del Estado Grande y sus efectos se prolongarán años, probablemente décadas; no los habremos de superar, ni rápida, ni fácilmente.
Lograrlo requiere, sí, de la participación activa de la mayoría de la sociedad, pero fundamentalmente de la clase política, la que tiene la exclusividad del ejercicio de la función pública y ésta debería (¡Ah, los sueños de los optimistas!) actuar en el sentido de profundizar la vida democrática.
Y si lo anterior mueve a la indignación, lo realizado por el Congreso del Estado en relación con la Auditoría Especial del Aeroshow, efectuada por la ASE, va en el mismo sentido.
Casi no debemos agregarle nada. El dictamen dice, para regresarle el informe a la ASE, que ésta realizó “una serie de observaciones las cuales fue imposible valorar por parte de la Comisión de Fiscalización de esta Soberanía (sic), por carecer de una debida motivación y fundamentación, por lo cual esta Comisión carece de los elementos objetivos para fincar alguna responsabilidad”.
En buen cristiano, como no encontraron elementos para acusar al ex presidente municipal, Marco Adán Quezada, ¡Po’s devuélvase! ¡Hágase de nuevo hasta que salga bien!
¡Híjole!
Bueno, no fueron las únicas cosas deplorables de la semana.
El miércoles, los rectores de la Uach y de la URN, así como los de las Universidades Tecnológicas y los directores de todos los planteles del Colegio de Bachilleres lincharon mediáticamente al Lic. Jaime García Chávez, a través de sendos desplegados periodísticos, excesivamente molestos porque éste demandó al gobierno de Chihuahua ante la PGR, la FGE y la Comisión Nacional Bancaria.
El penúltimo párrafo de ese mamotreto, que avergüenza a los universitarios por el lenguaje y la adjetivación usadas, es de antología. Dice así: “… Exigente de la transparencia (se refieren a JGCh) ante los órdenes de gobierno, esta persona firma sus desplegados y escritos sin aclarar los cuantiosos e inexplicables recursos que maneja, con opacidad e incongruencia”.
Bueno, pues estos firmadores de desplegados tampoco nos dicen quien pagó y ya que le entraron al debate, que se inscriban como testigos de descargo en la denuncia presentada por el abogado.
Cosas de la política, cuando el Congreso del Estado decidió no ratificar al magistrado Marco Emiliano Anchondo, violando el procedimiento, porque no fundaron ni motivaron su decisión, el entonces diputado perredista, Jaime García Chávez, defendió el voto de la mayoría. Dijo: “No hay en la decisión del Congreso ninguna venganza política”. Y se escudaría en el precepto constitucional para no informar del sentido de su voto. (Nota de Nadia Sosa, Omnia, 8/IX/06).
No, no la había, el régimen se desquitaba de la decisión del hermano de Marco, Víctor, de postularse como candidato a senador ¡Por el PRD!
Luego, la justicia federal le pondría un sopapo al Poder Legislativo de Chihuahua y le ordenaría ratificar, sin más, al magistrado.
Ahí permanece, aún
