Desde hace más de dos sexenios el comportamiento de los narcos es el de una rebelión social cuya base la constituyen miles de jóvenes que no vieron otra opción de movilidad en el modelo de economía neoliberal. Buscaron acceder a una vida de confort, aunque en ello les fuera la vida. Junto con los adultos metidos a la empresa de las drogas estos jóvenes se concentran en todas las ramificaciones de actividades que genera ese tipo de economía alterna.
Aferrados a su principal fuente de ingresos resistirán cualquier amenaza a su estatus. Estudios de investigadores y académicos de la Facultad de Ciencias Sociales (Faciso), de la Universidad de Sinaloa –campus Mazatlán–, como los de Arturo Santamaría, han mostrado que en esta economía, sus sectores se estratifican como en el propio capitalismo en clases altas y bajas, según quiénes sean los propietarios de la producción y distribución de enervantes y quiénes los asalariados; hasta la última categoría de burreros. Estos estudios de carácter regional, pero reflejantes de la realidad nacional, se han centrado también en la participación cada vez más protagónica de la mujer. Igual que en cualquier empresa, las actividades de sus asalariados incluyen profesionales del más diverso orden, como financieros, con la característica de su dispersión y clandestinidad. Quienes intervienen en los procesos técnicos y de orden contable y administrativos, difícilmente participan en operativos de ataque en la guerra entre cárteles.
En efecto, estamos ante una rebelión social vinculada a una parte de la sociedad, cuyo apaciguamiento vendrá en la medida que se pueda disminuir la base social de jóvenes del narco. El diagnóstico de la 4T es correcto, y su estrategia de minar la base social del poder del narco con programas de apoyo a los jóvenes es también certero. Pero los resultados podrían verse sólo en el mediano y largo plazos, lo cual podría complicar la gestión gubernamental porque como toda rebelión, o más bien dicho, más que cualquier otra, la de los narcos resulta susceptible de ser infiltrada y redirigida por otros intereses internos de la República o de fuera. Por eso la 4T necesita complementar su estrategia. Debe existir algo entre el presente que es la realidad de la rebelión social de los jóvenes narcos y la distancia futura de las metas de esos programas gubernamentales. Este es un vacío que en las actuales circunstancias de emergencia sólo la Presidencia puede llenar con suficiencia si selecciona cuatro o cinco regiones y frente a ciudadanos en asamblea popular, recibe propuestas sobre la mejor forma de lidiar en lo inmediato con los jóvenes narcos y su rebelión. Es decir, sí es necesario dedicar a este tema tiempo y atención, pero ir más allá: hasta ahora, la estrategia contra la rebelión ha contado sólo con operativos gubernamentales. Es necesario entenderse con empresarios, partidos, iglesias, sindicatos, clubes, organizaciones populares y democráticas, asociaciones de jóvenes de cualquier causa social incluyendo las deportivas, ecologistas y feministas, con la mira de desarrollar una verdadera alianza macro social que se comprometa con el objetivo de detener la violencia y apaciguar al país. Vale decir, hacer que la sociedad mexicana haga suya e interiorice mentalmente la meta de lograr la paz en el país.
Por medio de los sexenios recientes el Estado ha lidiado con el narcotráfico empleando diferentes estrategias. Una consistió en llegar a acuerdos con los cárteles para que no traspasaran determinados límites. Otra, seleccionar a uno de ellos encumbrándolo del resto para que éste moderara la violencia entre ellos. Felipe Calderón declaró la guerra a todos los narcotraficantes con resultados contraproducentes y Peña Nieto ensayó detener a grandes capos con operativos espectaculares que le sirvieron de idea a los guionistas de Netflix para la producción de sus películas morbosas. Ninguna de ellas funcionó y la posibilidad de que la 4T arribe a buen puerto en materia de sofocar la rebelión depende de factores internos como externos, por lo cual no resulta descabellado suponer que probablemente las cosas empeoren antes de mejorar. La única garantía de éxito consiste en levantar a la sociedad en una cruzada colectiva sin precedente. Igual serviría para analizar junto al pueblo las posibilidades reales de legalizar la producción controlada y despenalizar el consumo de drogas, de tal manera que quitar el sustento económico, el control de la violencia y las ganancias al narco, lo cual aliviaría la pesada carga que ha significado para México el narcotráfico. Junto con esto sí es necesario plantear una desintoxicación masiva de los consumidores mexicanos –incluyendo el alcohol– por medio de centros comunitarios con presupuesto de los tres niveles del Estado mexicano, que serviría para dar trabajo a los jóvenes en busca de empleo.
En una fase paralela a estas acciones es necesario mover los resortes de las organizaciones internacionales para lograr el apoyo a la nueva tendencia mexicana contra el crimen organizado. No se trata de tareas fáciles, sino de algo complejo, pues Estados Unidos permite el trasiego hacia su país por la necesidad que tiene de las drogas para mantener el control sobre la parte marginada de su estructura social y la clase media estadunidense de naturaleza levantisca. A pesar de la propaganda desplegada por los medios de la industria de la (des) información las tendencias de la opinión pública mexicana favorecen las medidas que el gobierno ha tomado en cada uno de los casos de la rebelión narca y la lucha entre cárteles. Por eso es necesario cuidar los vacíos existentes y anticipar las próximas jugadas.
* Investigador del Colegio de Sonora
Fuente: La Jornada
