En Estados Unidos, activistas, sindicalistas y los mismos migrantes decidieron que no esperarán más por las promesas de una reforma migratoria y ya comenzaron a poner el cuerpo en su defensa. El levantamiento masivo puede producir un verdadero cambio
Por David Bacon
Estados Unidos. A mediados de marzo, en el interior del Centro de Detención de Tacoma, cientos de personas iniciaron una huelga de hambre contra Geo Corporation, el operador privado del centro, para exigir mejores condiciones y una moratoria en las deportaciones. Los activistas, que han realizado durante años vigilias afuera del centro, comenzaron a reunirse entonces todos los días para apoyar a los que están adentro. Una semana después, la huelga se extendió a otras instalaciones de Geo en Texas. De acuerdo con Maru Mora Villalpando, de Latino Advocacy en Tacoma, la empresa aisló a los huelguistas en ambos sitios, y en Tacoma amenazaron con alimentarlos a la fuerza.
Esta es la acción más dramática derivada de una ola de actividad en todo Estados Unidos, en la que activistas comunitarios y laborales, y ahora los mismos deportados, se niegan a soportar en silencio la cada vez más dura legislación de inmigración. Los integrantes de este movimiento son jóvenes en su mayoría, y obtienen gran parte de su inspiración de los Dreamers (soñadores), quienes hace dos años orillaron a la administración federal a empezar a otorgar estatus legales a quienes de otro modo serían deportados. Estos activistas se niegan a esperar que el Congreso apruebe sus propuestas de reforma a las leyes de inmigración; de hecho, muchos de ellos las rechazan, pues creen que están negociadas. Por el contrario, organizan acciones para conseguir victorias en los campos de los derechos y la igualdad.
Mosaico de resistencias
En Tucson, San Francisco, Phoenix, Chicago y otras ciudades, la gente se colocó frente a los autobuses y camionetas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y se encadenó a los vehículos para impedir las deportaciones. En Tucson impidió el paso a la Operación Streamline, la corte antiinmigrante que diariamente emite sentencias contra decenas de jóvenes que cruzan la frontera, los presenta con cadenas ante un juez y los somete a meses en prisión.
En Los Ángeles y San Francisco, supervisores aprobaron resoluciones que exigen una moratoria a la enorme ola de deportaciones: 2 millones de personas en cinco años. La resolución de San Francisco también exigió el fin de las decenas de miles de despidos relacionados con la inmigración.
Ju Hong –un joven inmigrante cuya deportación se aplazó en una acción ejecutiva de la Casa Blanca hace dos años– desafió al presidente Obama en una recaudación de fondos llevada a cabo la Costa Oeste. Le dijo: “Usted tiene el poder de detener las deportaciones”.
En Burlington, Washington, trabajadores agrícolas indígenas inmigrantes de Oaxaca se declararon varias veces en huelga en 2013 para exigir mejores salarios y evitar que una compañía se valiera del programa de trabajadores huéspedes H2A para reemplazarlos.
En Jackson, Mississippi, activistas por los derechos de los inmigrantes ayudaron a elegir a un alcalde afroamericano radical. Esta coalición derrotó una ola de proyectos de ley antiinmigrantes, tal como hizo en todas las sesiones de la legislatura estatal durante años.
Esta insurgencia creciente es una respuesta directa al hecho de que la administración de Obama, al igual que el gobierno de Bush, puso en práctica las partes más duras de las propuestas de reforma a la inmigración del Congreso, aun cuando éste permanece paralizado y es incapaz de aprobarlas. Cientos de miles de personas son deportadas cada año. Decenas de miles más son despedidas de sus trabajos simplemente porque no tienen documentos. Crece el número de extranjeros contratados como trabajadores huésped, con sueldos bajos y derechos laborales reducidos. El año anterior, según el informe Visas, Inc., la cifra ascendió a 900 mil personas.
En Washington la desconexión es impresionante. Por un lado, la administración aumenta la fuerza antiinmigrante; por el otro, insiste en crear un nuevo tratado de comercio, la Asociación Trans Pacífico, que garantiza más pobreza en otros países. Esto incrementará la migración indocumentada. En lugar de debatir abiertamente esta consecuencia, la administración busca una “vía rápida”, que incluso prohibiría al Congreso discutir tal impacto. Esto no es ninguna sorpresa, ya que un debate revelaría que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, adoptado hace 20 años, orilló a ocho millones de mexicanos a la migración forzada.
Asimismo, no es de extrañar que las comunidades de migrantes y la clase trabajadora estén cada vez más enojadas, y que con este enojo aumenten las acciones que desafían las políticas contra los migrantes. Sin embargo, algunas voces en Washington aún insisten en que el Congreso adopte una postura ante los proyectos de ley de la Reforma Integral de Inmigración (CIR), alegando que acarrearán un cambio progresivo en la política de inmigración de Estados Unidos.
La estrategia de la Reforma Integral de Inmigración siempre se ha asentado sobre un equilibrio peligroso. Promete a las comunidades de migrantes algún tipo de legalización, que se vuelve más limitada con cada propuesta. Con los últimos proyectos de ley, S 744 y HR 15, posiblemente la mitad de la población de indocumentados dejará de cumplir todos los requisitos requeridos para el largo y tortuoso proceso de legalización, o simplemente se negará a dar la cara. A cambio, las comunidades y los sindicatos deben estar de acuerdo con el incremento de la fuerza –una mayor militarización en la frontera y mayor represión en el trabajo–, así como con la ampliación de los programas de trabajadores huésped.
Los empleadores ven en la política de migración un medio para satisfacer su deseo de tener trabajadores con el salario más bajo y la menor cantidad de derechos posibles. Ya sea que busquen agricultores, obreros o trabajadores de alta tecnología, su objetivo es garantizar que los salarios desciendan y que los trabajadores compitan por puestos cada vez más inseguros.
Así, la estrategia CIR cambia los derechos civiles y laborales de los inmigrantes –incluidos los de los braceros requeridos por los empleadores– por la legalización de algunos indocumentados. Dejando de lado toda moral, incluso como estrategia práctica, esto ha demostrado no rendir frutos. Por tercera vez –en 2006, 2009, 2013 y ahora–, la táctica de compensación no ha sido capaz de generar un cambio progresivo.
El castigo hacia los inmigrantes, el aumento de trabajadores huésped y un nuevo acuerdo de libre comercio no son la solución a los problemas que enfrentan los migrantes y la clase trabajadora. Ya es hora de que abandonemos la idea del CIR.
Eso es justamente lo que están haciendo los movimientos que luchan contra el impacto de las políticas antiinmigrantes, mientras apuntan a soluciones mejores y más profundas. Cuando las personas se colocan frente a los autobuses o realizan una huelga de hambre para protestar por los despidos y las deportaciones, piden algo fundamental: el derecho de ser tratados de manera justa en este país, como ciudadanos participantes con plenos derechos.
Un movimiento poderoso con principios, basado en los esfuerzos que tienen lugar en la tierra, no sólo puede desafiar las políticas existentes; también puede ganar un proyecto de ley nuevo y mucho mejor. Tal es la lección que deja el Movimiento por los Derechos Civiles. El movimiento vio más allá de la legislación a pesar de que produjo dos de las leyes más importantes del país, la de los Derechos Civiles y la de Derechos Electorales. Pero ganó esas leyes gracias a que organizó a las personas en donde vivían, en sus comunidades y lugares de trabajo, y porque luchó por la igualdad desde abajo. Resistió a la presión por aceptar cualquier cosa que estuviera por debajo de sus exigencias, y se hizo tan grande y fuerte que obligó al Congreso a aprobar una legislación que encarnaba sus demandas.
A pesar de que Washington presiona para que se alineen detrás de los proyectos de ley del CIR, muchos grupos buscan alternativas, incluyendo al Comité de Servicio de Amigos Americanos, la Campaña de la Dignidad, la Hermandad Mexicana Latinoamericana y muchos sindicatos locales y consejos laborales. Existe un acuerdo creciente que establece que, para detener las deportaciones, las cuotas de detención, las sanciones a los empleadores, los programas de implementación en el trabajo y para proteger la migración familiar en lugar de los salarios bajos, es necesario cambiar la forma en que se concibe la reforma migratoria.
Una alternativa basada en los derechos ofrecería residencia permanente a todos los indocumentados con rapidez, así como un camino claro a seguir para que aquellos que quieren ejercer sus derechos políticos se conviertan en ciudadanos. Aumentaría el número de visas familiares y al, mismo tiempo, terminaría con los programas de trabajadores huéspedes. Sería una visión humanista de la Ley de Inmigración de 1965, que se aprobó en la cima del Movimiento por los Derechos Civiles. Acabaría con las deportaciones masivas y los enormes centros de detención de gestión privada, y haría cumplir los derechos laborales en lugar de despedir a los trabajadores que no tienen papeles. Pondría fin a la militarización de la frontera y restauraría los derechos civiles en las comunidades fronterizas, así como la amistad con los del otro lado. Dejaría de lado nuevos acuerdos comerciales y renegociaría los viejos, como el TLCAN, para evitar que causen pobreza y desplazamientos.
En realidad, encontrar una alternativa no es la parte más difícil. Sí lo es construir un movimiento lo suficientemente fuerte como para obligar al Congreso y al gobierno a que lo promulgue. Pero, según nos lo dice la propia historia, esto ya es posible. Ya lo advertía el historiador Howard Zinn: “Cuando un movimiento social adopta los compromisos de los legisladores, se olvida de su papel: desafiar a los políticos para no caer mansamente detrás de ellos.” Zinn siempre creyó que la gente tiene el poder de realizar exigencias radicales. “Si va a haber un cambio, un cambio real”, dijo, “tendrá que crear su camino desde abajo hacia arriba, desde el propio pueblo. Así es como se produce el cambio”.
Fuente: Desinformemonos,org/ Traducción: Paulina Santibañez
