A casi cinco meses de ocurrida, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa está más turbia que nunca debido a una razón fundamental: la desastrosa y, más aún, sospechosa actuación de la Procuraduría General de la República en relación con esos hechos, los cuales pretende archivar. En lo que concierne al expediente judicial del exalcalde José Luis Abarca y su esposa, a quienes la dependencia responsabiliza de los ataques de septiembre de 2014 contra los estudiantes de esa Normal Rural, el proceso exhibe en sus distintas etapas acusaciones plagadas de contradicciones y basadas en versiones de testigos desprestigiados…
Por Anabel Hernández y Steven Fisher
De acuerdo con diversos datos contenidos en las causas penales seguidas a José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, el caso contra la pareja como presunta responsable principal del ataque contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, y la desaparición forzada de 43 de ellos entre el 26 y el 27 de septiembre pasados, se basa en evidencias contradictorias y en desprestigiados testigos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
A Abarca se le acusa de “delincuencia organizada” en la modalidad “contra la salud con fines de fomento” (sic), por supuestos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos.
En la causa penal 1/2015, iniciada el pasado 3 de enero en el Juzgado Tercero de Procedimientos Penales Federales en Tamaulipas, la PGR solicitó orden de aprehensión contra el exalcalde por el delito de “secuestro” contra los 43 estudiantes desaparecidos, sin que el Ministerio Público presentara nuevas pruebas, sólo los mismos testimonios que muestran inconsistencias entre sí.
Estas y otras irregularidades afloraron a raíz de una investigación efectuada por Proceso, en colaboración con el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.
Respecto de Pineda Villa, luego de 40 días de arraigo sin encontrar elementos para incriminarla, en diciembre de 2014 la SEIDO recurrió a Sergio Villarreal Barragán, Mateo (alias que se le adjudicó como testigo colaborador; antes usaba el de El Grande), extraditado a Estados Unidos en mayo de 2012, para que la incriminara tras más de cuatro años de no haberla mencionado en sus declaraciones ministeriales sobre los Beltrán Leyva y los hermanos Mario y Alberto Pineda Villa.
El testimonio de último momento de Mateo sirvió para que se abriera la causa penal 105/2014 y el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México girara contra ella orden de aprehensión por delincuencia organizada. Por el mismo cargo, pero en su modalidad “contra la salud”, la PGR también solicitó orden de aprehensión en su contra en la causa penal 1/2015, y ya se dictó auto de formal prisión sin que haya sido notificada.
La PGR le imputa al exalcalde el homicidio de Justino Carvajal Salgado, síndico de Iguala, en marzo de 2013. También se le responsabiliza del secuestro de Arturo Hernández Cardona, líder de la Unión Popular (UP), y otras seis personas el 30 de mayo de 2013.
Según las declaraciones ministeriales presentadas por la PGR al juzgado, la acusación se basa en testimonios “de oídas” y de presuntas víctimas que dicen haber atestiguado los mismos hechos pero dieron versiones diferentes.
Exonerados en 2010
La primera denuncia contra la pareja por supuestas actividades ilícitas fue una denuncia telefónica anónima a la PGR el 1 de junio de 2010, mucho antes de que el empresario manifestara aspiraciones políticas.
“La herencia económica de los Pineda Villa está floreciendo en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, bajo la de su (sic) hermana María de los Ángeles Pineda Villa y su esposo José Luis Abarca, quienes a últimas fechas han realizado inversiones importantes de más de 50 millones de pesos en céntricos terrenos, edificios de departamentos, casas y una plaza comercial, Galerías Tamarindos”, señala la llamada registrada en la PGR.
La acusación dio origen a la averiguación previa PGR/GRO/IGU/M-I/64/2010 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; la pareja fue citada a declarar.
El 31 de agosto de 2010 Abarca rindió por escrito su declaración. Aclaró que se dedicaba al ramo de joyería, compra-venta de oro y otros metales similares y recorría poblaciones para vender de casa en casa. Agregó que desde 1988, cuando se casó con Pineda Villa, trabajaba en compañía de su esposa y sus hijas y que en 2010 obtenía ingresos tanto por el negocio de la joyería como por la administración del centro comercial Tamarindos.
Declaró ser propietario de 15 inmuebles en Iguala y afirmó que entre 2006 y 2009 sus ingresos por arrendamiento y por la actividad de joyero fueron de 19.5 millones de pesos.
El Centro Joyero de Iguala fue construido con la ayuda del gobierno de Guerrero y la Beneficiadora Nacional de Apoyo al Pequeño Comercio Establecido hace aproximadamente 24 años. Los dueños son los 145 locatarios. Abarca sólo posee sus locales.
El exedil dijo a la PGR ser propietario de cinco fracciones de un terreno rústico en el Bulevar H. Colegio Militar, donde construyó una parte de Galerías Tamarindos. En mayo de 2003 creó ante notario público la Asociación Yozy’s S.A., de C.V., de la cual eran socios él, su esposa y su hija mayor; la instancia quedó inscrita ante el Registro Federal de Contribuyentes con la clave AYS039522UV2, para escriturar los cinco terrenos adquiridos entre septiembre y octubre de ese año.
Explicó y presentó documentación que acredita que el 21 de febrero de 2008 Yozy’s vendió a la Inmobiliaria Gleznova, S.A., de C.V., en 20.2 millones de pesos la fracción del terreno donde se edificó la Comercial Mexicana de Iguala. Dicho espacio representa 50% de la plaza comercial que comenzó a operar a finales de 2008.
Con tres préstamos de BBVA Bancomer por 22.05 millones de pesos y el dinero pagado por Gleznova, se construyó la obra negra de Galerías Tamarindos. Cinépolis ocupa 30% de la plaza, la tienda Coppel 10% y el resto, locales de comida rápida, entre ellos McDonald’s, que no son dueños. Pagan renta.
“Asociación Yozy’s, S.A., de C.V., ha presentado sus declaraciones fiscales, de donde se desprenden sus ingresos, perfectamente acreditables. Pueden observarse en forma clara tanto mis ingresos como el incremento de mi capital, las inversiones que he realizado y su origen de actividades lícitas, sin contravenir ley alguna, se desprende el modo de operar de las inversiones ligadas unas a las otras y su origen (…), por ende, niego lo afirmado en la denuncia anónima materia de la presente declaración”, dijo.
Los documentos a los cuales se tuvo acceso indican que la Policía Federal Ministerial hizo su propia investigación. La PGR concluyó: “Del estudio de todas y cada una de las diligencias practicadas de la indagatoria en que se actúa se infiere que no se encuentran acreditados los elementos que integran el cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
El 31 de diciembre de 2010 se emitió el dictamen de “no ejercicio de la acción penal” contra Abarca y su esposa por “enriquecimiento ilícito”, con el folio 1138/169/2010.
Confrontaciones políticas
En 2012 Abarca fue designado candidato perredista a la alcaldía de Iguala. Ganó la elección y tomó posesión en septiembre del mismo año. Su primera dificultad con los grupos sociales y políticos vinculados con el PRD fue por el Programa de Fertilizante y Transferencia de Tecnología.
Cada año el gobierno guerrerense, por conducto de los municipios, reparte abono a productores de maíz. Durante años la empresa Agrogen fue proveedora de fertilizante en varios municipios de Guerrero y otros estados. El gobierno de Abarca decidió cambiar de proveedor y entregar el abono directamente a cada beneficiario, sin intermediarios.
La entrega del fertilizante debía hacerse conforme a un padrón de beneficiarios aprobado en marzo de 2013; pero Arturo Hernández Cardona, líder de la Unión Popular (UP) y de la Unión Campesina Emiliano Zapata, pedía el producto para sus agremiados. Su pareja, la regidora de Desarrollo Rural, la perredista Sofía Mendoza, lo apoyaba con presión política.
El síndico Justino Carvajal Salgado y Hernández Cardona protagonizaron una intensa disputa. El 4 de marzo de 2013, en una entrevista radial, el primero denunció que Hernández Cardona lucraba con el fertilizante entregado por el gobierno y lo revendía.
En respuesta, Hernández Cardona dijo ese mismo día, en una sesión de cabildo, que el síndico era un secuestrador.
Un día después en una entrevista –de la cual se tiene el audio– Hernández Cardona afirmó: “Voy a decir lo que no quiero decir que dijiste un día (apuntó refiriéndose a Carvajal), que aceptabas que habías secuestrado (…) y que los secuestros que tú habías hecho… tú lo dijiste ingeniero, tengo la fecha, tengo el lugar y los testigos”.
Abarca quedó en medio de esa disputa. Días después, el 8 de marzo, Carvajal fue encontrado muerto de cinco balazos en su domicilio. Las primeras sospechas por el asesinato recayeron en Hernández Cardona. Abarca informó que a petición del cabildo, la PGR comenzó a coadyuvar en la investigación del homicidio, pero no se dieron a conocer los resultados.
El 29 de mayo de 2013 Hernández Cardona y 10 líderes de organizaciones sociales pertenecientes a la Unión Popular presentaron un escrito ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE, actualmente Fiscalía General) donde se hizo una reseña de los desencuentros con Abarca por el tema del fertilizante.
Entre otras cosas se refirieron a una reunión en el cabildo el 1 de abril de 2013, donde Hernández Cardona le reclamó al alcalde que quisiera encarcelarlo por el homicidio de Carvajal: “Ahí hay un muerto, que es Justino Carvajal Salgado y (…) tenemos el temor fundado de perder nuestras vidas. Los que estamos al frente de las diferentes organizaciones que integramos la Unidad Popular, aunque parezca injusto, le decimos que te hacemos responsable si alguien de nosotros fallece por balas criminales y asesinas…”
De acuerdo con el escrito del 29 de mayo que forma parte de la causa penal 100/2014, presuntamente Abarca se levantó de su asiento y dijo: “Estás loco y pendejo. Ahora nomás falta que te andemos cuidando para que no te maten, con tantos problemas que tienes cabrón”.
Los líderes sociales le dijeron a la PGJE que temían que Abarca, su esposa o Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública de Iguala, ordenaran matarlo “porque hasta donde nosotros tenemos conocimiento, no tenemos enemigos de quien cuidarnos”, señala el escrito, omitiendo el enfrentamiento de Hernández Cardona con Carvajal Salgado.
El 30 de mayo Hernández Cardona y otras siete personas desaparecieron, luego de haber encabezado la toma de la caseta del tramo de la autopista Iguala-Cuernavaca para exigir la entrega de 200 toneladas de fertilizante y obras públicas.
El 3 de junio fueron encontrados sin vida los cuerpos del líder de la UP, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Banderas. En la causa penal contra Abarca, la 100/2014, la PGR retomó esos casos para imputarle los delitos de homicidio y secuestro.
El expediente judicial refiere que la única imputación que lo relaciona con la muerte de Carvajal es una declaración rendida un año después, el 12 de marzo de 2014, por Nicolás Mendoza Villa, quien dijo que cuando presuntamente fue secuestrado el 30 de mayo de 2013 escuchó de uno de sus atacantes: “Pinche síndico, tenía muchas fuerzas… y que se les había escapado, pero que la segunda vez no se le había escapado, cumpliendo las órdenes de José Luis Abarca Velázquez, ya que éste no estaba nada contento con el síndico Justino Carvajal Salgado”.
Respecto del secuestro de los integrantes de la UP, existen diferencias sustantivas en los testimonios de las víctimas que se supone vivieron los mismos hechos. Mendoza Villa declaró ante notario público el 25 de junio de 2013 que “es el presidente José Luis Abarca Velázquez quien le da un escopetazo (a Hernández Cardona) en la cara y otro en el pecho”.
Según la necropsia, el cuerpo de Hernández presentaba tres tiros: uno en la cara, otro en la parte trasera de la cabeza y uno más en la pierna derecha. Ninguno en el pecho. Las características y tamaño de las heridas muestran que no fueron causadas por proyectiles de escopeta.
En su declaración ministerial, Mendoza Villa cambió su versión. Afirmó que estando a 10 metros vio cómo Abarca le disparó a quemarropa a Hernández en la mejilla izquierda y luego le dio otro tiro.
Arroyo Delgado declaró a la PGR algo diferente. El 14 de octubre de 2014 dijo que en el lugar donde estaban secuestrados él vio llegar a Flores y a Mauro Valdés, director jurídico del ayuntamiento, pero no señala en ningún momento la presencia de Abarca.
El caso Ayotzinapa
En la causa penal 100/2014 la PGR también acusa a Abarca de delincuencia organizada, supuestamente por colaborar con el grupo criminal Guerreros Unidos. A fin de probar su acusación, el Ministerio Público presentó declaraciones ministeriales inconexas e incoherentes. Incluso testimonios que contradicen la versión oficial de la procuraduría sobre quiénes, cómo y dónde atacaron a los estudiantes, y acusan a la PF y al Ejército de trabajar para el crimen organizado.
En el abultado legajo para incriminar al exalcalde están las declaraciones de Luis Alberto José Gaspar; Honorio Antúnez; Martín, policía municipal de Iguala; Alejandro Macedo Barrera, y Marco Antonio Ríos Berber, detenidos a principios de octubre por la PGJE.
Los dos últimos testificaron que ellos dispararon en el centro de Iguala contra los normalistas, los capturaron, los llevaron a un lugar conocido como Pueblo Viejo, los mataron, los quemaron en una fosa y los enterraron por órdenes del policía municipal Francisco Valladares y un sujeto al que apodan El Chucky. Sus declaraciones llevaron a fosas en las que se encontraron 28 cuerpos que, tras análisis, se supo que no eran de los estudiantes.
En el expediente judicial la PGR presenta estos testimonios como también los que señalan que los estudiantes fueron transportados en un camión de redilas al basurero de Cocula, fueron ultimados y quemados en una pira que duró más de 15 horas.
El pasado 30 de septiembre Abarca solicitó licencia por 30 días, para no entorpecer las investigaciones del caso de los estudiantes desaparecidos, según dijo. El 6 de octubre el gobierno de Guerrero presentó ante el Congreso local la declaración de procedencia, y el día siguiente la revocación de mandato de Abarca.
En ambos casos la acusación fue por “violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales”, “conductas que alteran el orden público y la paz” y “omisión reiterada en el cumplimiento de sus obligaciones”. No lo acusaron de la muerte ni de la desaparición de los normalistas.
La primera orden de captura fue girada el 21 de octubre por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, a petición de la PGJE. En la causa penal 217/2014 se acusa al exalcalde del delito de “homicidio calificado” por la muerte de seis personas durante los ataques del 26 de septiembre, así como “tentativa de homicidio” contra 60 personas (entre ellas, ninguno de los estudiantes desaparecidos).
Al igual que la PGR, la PGJE le imputa haber dado la orden de detener a los estudiantes “a como diera lugar”. La Fiscalía de Guerrero, en su exposición de hechos, afirma al juez que Felipe Flores afirmó eso, pero en las declaraciones ministeriales del 27 y 28 de septiembre, las únicas que hizo, no viene ese señalamiento.
Fuente: Proceso
