Por Jorge Carrasco Araizaga
Entre las rémoras de la democratización en México está el control de la publicidad oficial por parte de los gobernantes con el consentimiento de una mayoría de la prensa. Es una relación de mutua conveniencia, perversa.
El control de la publicidad oficial lo ha hecho el PRI desde su régimen autoritario. Lo hizo el PAN en sus dos gobiernos de la alternancia y lo hacen el PRD en los gobiernos locales y todos los partidos que se hacen con parcelas del poder.
Es un mecanismo eficaz de control y censura. El dinero va para los medios que tienen una cobertura favorable al gobierno en turno y se limita o de plano se cancela para los críticos. En esa ecuación, quien sale perdiendo es la sociedad y su derecho a saber, pues lo que prevalece en la prensa mexicana es la información oficial y oficiosa.
Para los partidos políticos y los medios que se benefician del uso patrimonialista de los recursos públicos no hay ningún incentivo para regular esa materia, tal y como se lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso, al resolver en noviembre pasado un amparo a favor de Artículo 19, una organización internacional dedicada a la promoción de la libertad de la prensa en el mundo y que tiene un capítulo en México.
El proceso electoral en curso desincentiva todavía más a los partidos para esa regulación, pues ninguno quiere que se transparente el dinero que se gasta en la promoción de sus gobiernos disfrazado de publicidad oficial.
La Corte le puso al Congreso como plazo fatal el 30 de abril próximo, cuando termina el periodo ordinario de sesiones.
Si los legisladores incumplen, la Corte estará a prueba. Tendrá que proceder por desacato de una orden judicial, tal y como lo ha hecho en semanas recientes con delegados, presidentes municipales y cabildos, a los que ha destituido y a algunos de ellos sometido a procesos penales por desobediencia de fallos judiciales.
La Corte tendría que proceder contra los órganos de gobierno del Congreso y las comisiones encargadas de procesar las iniciativas que desde hace años se han presentado para regular la publicidad oficial.
Lo que se gastan los gobiernos en la promoción de sí mismos con el pretexto de sus necesidades de comunicación es dinero de los ciudadanos que acaba en los negocios de los grandes medios y sus dueños, y no es en beneficio de los periodistas ni el resto de los trabajadores, a los que pagan salarios precarios.
El colectivo #MediosLibres, encabezado por Artículo 19 y Fundar, Centro de análisis e investigación, busca que por fin el Congreso cumpla con lo que él mismo se impuso desde 2007: la regulación de la publicidad para eliminar la discrecionalidad y arbitrariedad en el uso de esos recursos públicos.
En la discusión que el colectivo tiene en el Congreso, no es casual que los grandes ausentes sean los propios medios de información. Sus dueños son los más interesados en mantener el actual estado de cosas, simulando que informan a la sociedad a cambio de un ingreso constante por sus servicios al poder.
El riesgo es que, para cumplir con el fallo de la Corte, los legisladores terminen por legalizar el uso arbitrario de la publicidad. Tal y como lo hicieron con la Ley
de Seguridad Interior, que legalizó la presencia de los militares en las calles. Los legisladores son capaces de eso con tal de seguir obstruyendo la democratización que en nada les acomoda.
Comentarios: @jorgecarrascoa
Fuente: Proceso
