Por Lydia Cacho
A partir de la detención de Joaquín Guzmán Loera el pasado 8 de enero, Kate del Castillo ha sido víctima de una clara violencia institucional por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y del propio Secretario de Gobernación, en donde no sólo se le han violado sus más elementales derechos a la dignidad humana, honor, vida privada, presunción de inocencia y debido proceso, sino que además, se le ha impedido acceder a una adecuada defensa conforme a dichos derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales sobre la materia.
Hasta el día de hoy, su equipo de abogados y un grupo de expertos en Derecho Procesal Penal han podido documentar innumerables filtraciones de la PGR respecto de documentos, constancias, imágenes y datos personales que presuntamente obran en una averiguación previa en contra de Kate del Castillo. Muchas de ellas han sido filtradas a colegas periodistas por el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong;algunas han sido filtradas por personas no identificadas; pero las más notables fueron filtradas por la propia titular de la PGR, quien en entrevistas a los medios de comunicación y a la prensa, ha señalado que Kate del Castillo está siendo investigada, se han detallado diligencias ministeriales que supuestamente se practican en su contra e incluso se han señalado los supuestos delitos por los que está siendo investigada.
Todo ello en franca violación al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales el cual establece que las indagatorias y los datos personales de las personas investigadas deben estar en estricta reserva.
La forma en que la procuradora ha actuado frente a este caso deja mucho que desear y más por investigar. Por ejemplo, la procuradora Arely Gómez ha eximido públicamente de cualquier responsabilidad penal a los socios de Kate, Fernando Sulichin y José Ibáñez,coproductores que estuvieron presenten en todas y cada una de las comunicaciones entre los abogados de Guzmán Loera y la casa productora de la película; ellos no han sido señalados. Igualmente la procuradora aseguró que no se investiga a Sean Penn que fue quien orquestó, organizó y solicitó la visita presencial con Guzmán Loera.
Vale la pena preguntar cómo y por qué del equipo de producción cinematográfica que trabajó junto durante meses e hizo todo con firmas mancomunadas, las autoridades mexicanas sólo eligen investigar, desacreditar y atacar a la actriz mexicana.
También resulta incomprensible que la procuradora haya mentido ante los medios, quienes irresponsablemente han repetido los dichos de la autoridad sin exigir una sola evidencia física de los citatorios.
Lo cierto es que nunca se envió un citatorio al consulado, tampoco llegó uno a la casa de la productora y actriz de cine Kate del Castillo.
Fue hasta semanas después de que la procuradora anunciara falsamente que Kate nunca se presentó, cuando sus abogados recibieron una orden de presentación como testigo.
Del 8 de enero a la fecha, la reserva de la información contenida en la supuesta averiguación previa seguida en contra de Kate del Castillo ha sido quebrantada, motivo por el cual su equipo de abogados promovieron un juicio de amparo bajo el expediente número 70/2016, ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal.
En ese amparo han exigido a las autoridades ministeriales de la PGR que se abstengan de filtrar información que supuestamente existe en la investigación por así mandatarlo el precepto legal antes señalado.
En el expediente de amparo, cuya copia sellada está en poder de este medio, consta que autoridades de la PGR se han negado reiteradamente a permitir que personal del juzgado federal de amparo lleve a cabo la inspección sobre la averiguación previa, prueba admitida a la quejosa en el citado amparo.
Es decir, para que los abogados de Kate puedan demostrar que se han filtrado las evidencias de la averiguación previa, la ley requiere que el personal del juzgado tenga acceso a dicho expediente y compare los dichos y publicaciones en medios con el contenido de la averiguación previa. La primera vez que personal del juzgado asistió a la diligencia el policía de la PGR le dijo al personal del juzgado “tengo órdenes de decirle que no hay nadie para recibirlo”.
Según los abogados resulta sospechosa la oposición de la PGR, que ha impedido que el Juez de Distrito pueda constatar en el expediente de amparo si lo contenido en la averiguación previa coincide de manera parcial, total (o de ninguna manera), con la información que ha sido difundida de manera puntual y permanente en los medios de comunicación. Esta oposición obligó a la autoridad judicial a imponer una sanción económica a las autoridades de la PGR. Es decir el Juzgado multó a PGR por oponerse a que se cumpla un procedimiento de ley en el caso de Del Castillo.
El pasado cuatro de febrero del dos mil dieciséis se dio a conocer y difundió ampliamente a través de los medios de comunicación que la titular de la PGR había señalado que Kate del Castillo había sido citada a declarar en calidad de testigo; el problema es que bajo dicha calidad, Kate carece del más mínimo derecho para defenderse, lo que le impide fijar una postura completa sobre los hechos objeto de la investigación que aparentemente existe en su contra.
En calidad de testigo no puede ofrecer pruebas, no puede estar asistida por sus abogados durante el procedimiento de averiguación previa; tampoco puede conocer a las personas que le están imputando los delitos por los que se le investiga, entre otros derechos. En suma, no puede defenderse si está siendo citada como testigo, cuando en realidad la autoridad asegura públicamente que está bajo investigación criminal.
Ante tales inconsistencias, Kate del Castillo promovió el amparo 85/2016, en donde el mismo Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, al resolver sobre el incidente de suspensión el quince de febrero del dos mil dieciséis, precisó que “ante la evidencia periodística de que Kate del Castillo está siendo investigada, no puede ser tratada como testigo y por ende se le deben de respetar todos sus derechos a una defensa adecuada contemplados en el artículo 20 de la Constitución”.
A ella como a miles de mexicanas la autoridad le impide utilizar los recursos legales para demostrar su inocencia, de allí que las y los expertos entrevistados para esta investigación nos aseguren que los señalamientos a Kate del Castillo tienen visos claros de una cacería política que, probablemente, se deba a que la presencia de la actriz en el escondite del capo, así como la facilidad con la que sus abogados revelaron información, dejó en absoluto ridículo a las autoridades federales que aseguraban buscar a Guzmán Loera por cielo, mar y tierra.
También llama la atención que la Procuradora misma no haya hecho mención de la colusión existente entre el gobernador de Sinaloa, el rector de la Universidad de Sinaloa en cuyo territorio se ocultaban el capo y un centenar de narco-criminales. A ellos no se les ha señalado ni en público ni en privado.
Las inconsistencias en las investigaciones, así como las declaraciones contradictorias de la Secretaría de la Marina, la Policía Federal, Segob, PGR y testigos presenciales, hacen pensar que hubo dolo por parte de la procuradora Arely Gómez en su declaración inicial frente a la prensa nacional e internacional en las que ella aseguró que el capo nunca hubiera sido detenido de no ser porque elementos de inteligencia del Estado siguieron a Del Catillo y Penn en todo momento.
En contradicción, el sábado 30 de enero fue publicada la nota en la que el comisionado de Seguridad, Renato Sales, declaró que la recaptura de Guzmán Loera en Los Mochis, Sinaloa, no hubiera sido posible sin el ciudadano que denunció el robo de su auto, es decir los que detuvieron directamente al “Chapo” Guzmán aseguran que la PFP intentaba resguardarlo mientras que agentes de la Marina intentaban detenerlo. Una vez más, como en casos similares, dos fuerzas del Estado se enfrentaron, las que pretendieron llevar a cabo su trabajo adecuadamente, y las que lo defendían y formaban parte de las redes oficiales de protección del narcotraficante y sus familiares.
Durante una conversación reciente con Kate del Castillo, ante la pregunta puntual de qué quiere ella decir frente a estos hechos, la actriz y productora hace un llamado respetuoso a las autoridades de la PGR, para que la investigación se lleve a cabo en estricto apego a sus derechos humanos, y verificado lo anterior, pueda presentar su declaración sobre los hechos que supuestamente se investigan.
Kate aseguró en esta conversación que desde el primer momento ofreció su testimonio a las autoridades norteamericanas y mexicanas, que ella no tiene nada que ocultar. Todo lo que habría que decir ya fue publicado por Sean Penn, el verdadero responsable que orquestó el encuentro con Guzmán Loera.
Mientras esto sucede, luego de que las autoridades mancharan su reputación y la sometieran al escarnio público, los juzgados esperan que la PGR pague la multa por negarse a cumplir la ley en este caso y que responda conforme a derecho para que de una vez por todas se sepa si existe un expediente penal en su contra, si hay acusaciones o imputaciones directas, o si por el contrario han sido la Secretaría de Gobernación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional quienes han hecho de este caso un circo mediático sin delitos que perseguir.
El equipo de abogados tanto norteamericanos como mexicanos asegura que no hay delito que perseguir, que esto, en realidad es una cortina de humo y lo que a todas luces parece un castigo contra la mexicana que evidenció al poder judicial y al poder ejecutivo al atreverse a aceptar contar la verdadera historia del capo de Sinaloa.
*Amparos y multa contra la PGR:
Fuente: Aristegui Noticias
