Al fin un poder legal le da cauce a una acusación formal contra el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y sus cómplices. Se trata de la autoridad judicial española, que envió un exhorto a México para que sean embargados los bienes de Duarte; su esposa, Bertha Olga Gómez, y su socia Alma Dalila Martínez Corrujedo. Los hilos de esa trama revelan hasta dónde llegan las complicidades políticas, financieras y familiares de uno de los mandatarios más señalados del país.
Por Patricia Mayorga/ Proceso
Chihuahua. La red de corrupción del gobernador César Duarte Jáquez fue evidenciada ante las autoridades judiciales de España, donde fue demandado junto con su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, y su socia Alma Dalila Martínez Corrujedo –accionista de Unión Progreso, su institución financiera en proceso de convertirse en banco–, por una deuda de casi 4 millones de dólares que presuntamente quiso pagar en parte con recursos estatales.
Concepción Martínez Parra, letrada de la administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia, España, ordenó ejecutar en cualquier momento un embargo contra los bienes de los demandantes, a petición de los representantes legales en México de la empresa Ángel Cano Martínez y Corporación Empresarial, S.L (ACM). El plazo para cumplir el exhorto es inmediato.
El abogado y activista chihuahuense Jaime García Chávez, quien demandó en 2014 a Duarte Jáquez por peculado, uso indebido de atribuciones de la función pública y enriquecimiento ilícito ante la Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer que tiene contacto con la empresa demandante y que se encarga de la cobranza, así como con el despacho que lleva el caso.
García Chávez afirma que la columna vertebral de desvío de recursos es precisamente Unión Progreso o el Banco Progreso Chihuahua.
Explica que existe una orden de embargo desde que el juez español envió a la cancillería española el exhorto para que México atienda el caso a través del Poder Judicial de la Federación. Éste lo canalizó a un juez de distrito de Chihuahua para que obligue a Duarte y compañía a pagar 3 millones 760 mil 570 dólares.
Para García Chávez, el juicio “evidencia el modo en el que Duarte estaba operando para pagar deudas con recursos públicos, pero la corporación (española) tiene ética e intereses en Chihuahua, sobre todo en la región de Anáhuac (municipio de Cuauhtémoc) y la empresa está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para recuperar el dinero que utilizaron en la compra de invernaderos para hacer una pradera, entre otras cosas”.
El exhorto es resultado de una demanda presentada el 23 de septiembre de 2015 por la empresa fabricante de invernaderos de cristal y plástico en España, para reclamar el pago de los productos mencionados a Duarte Jáquez, su esposa y Martínez Corrujedo.
Esta última tiene acciones por 45 millones de pesos en Unión Progreso, es esposa del ganadero y maderero Olegario Guzmán Orquiz, compadre de Duarte Jáquez que desapareció el 22 de agosto de 2010 del Club Campestre de Parral. Era hermano de Víctor Guzmán Orquiz, quien fue director de Desarrollo Forestal durante casi todo el sexenio de Duarte Jáquez.
La empresa Ángel Cano Martínez demandó a los Duarte, Gómez y Martínez Corrujedo cuando intentaron negociar una parte de la deuda, 2 millones de dólares, con recursos sustraídos del erario de Chihuahua. Y para no poner en duda la ética y solvencia moral de su corporativo, decidió demandar y exigir judicialmente la cobranza.
En el exhorto de las autoridades judiciales españolas, piden embargar cinco propiedades de Martínez Corrujedo: cuatro ubicadas en Chihuahua y otra que está en Casas Grandes.
Las propiedades del matrimonio Duarte Gómez sujetas de embargo son: 15% de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua, mediante contrato de Fideicomiso número 744743 de Administración e Inversión, formalizado ante el notario público número 6, en noviembre de 2012.
Las sociedades financieras de Unión de Crédito Progreso, Akala S.A. de C.V.S.F.P., y Única Casa de Cambio S.A.; el hotel Soberano (hoy Sheraton), que fue centro de operación de la campaña a la gubernatura de Duarte y del excandidato priista Enrique Serrano Escobar; Hidroponia de Parra, S.A. de C.V.; Industrial Parral Forestal, S.A. de C.V., e Hidroponia de Chihuahua.
De igual forma están sujetos a las medidas cautelares los saldos de cuentas corrientes de Duarte y Olga Gómez depositados en el Banco Progreso de Chihuahua, Banco Santander, BBVA Bancomer, HSBC, Unión de Crédito Progreso, S.A. de C.V., Banorte, Akala Financiera, Scotiabank, Citibank, Banamex, Inbursa, Banco Azteca, Banco del Bajío, Banco Mercantil del Norte y Banco Regional de Monterrey.
Lo mismo ocurre con 37 propiedades e inmuebles, la mayoría ubicados en Parral, nueve en el municipio de Balleza y otra de Ciudad Juárez.
Además de las cuentas corrientes de Martínez Corrujedo, están sujetas a embargo sus acciones en Pavimentos y Servicios de Parral, Begasa Construcciones, Begasa Terracerías y Pavimentos, Rodber Inmuebles y Edificaciones, Banco Progreso de Chihuahua y cinco fincas inscritas en el Registro Público de la Propiedad.
El juicio sigue en curso, indica García Chávez.
Otros socios de Unión Progreso
El diputado federal por el Distrito 9 con sede en Parral, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, también enfrenta la demanda presentada por García Chávez ante la PGR por enriquecimiento ilícito, corrupción y uso indebido de atribuciones.
Su suplente es Antonio Enrique Tarín García, sobrino del gobernador, quien durante la actual administración ha sido director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda estatal; director de Administración y Finanzas del cuestionado Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), donde fue señalado por adquirir dos camionetas de lujo en pleno decreto de austeridad: una Tahoe para él y una Suburban para Alfredo Riosvelasco.
Hermosillo Arteaga está involucrado en otra demanda penal por enriquecimiento ilícito, porque era funcionario al incrementar su patrimonio y el de su esposa a 14 millones de pesos. Además tiene una demanda civil por adquirir un predio con problemas legales a nombre de una entidad financiera no regulada.
El legislador ha estado cerca de César Duarte en sus negocios personales en Parral desde hace años, lo mismo que en la Unión Ganadera División del Norte, fundada por Duarte cuando era diputado federal. Ese membrete compartió domicilio con proveedores de medicamentos del gobierno del estado, en un claro conflicto de intereses (Proceso 1991).
Hermosillo escaló rápido: los dos primeros años y medio del sexenio de Duarte fue director del Fideicomiso Estatal de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech), luego director general de Administración de la Secretaría Hacienda estatal y posteriormente presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), de donde solicitó licencia para postularse a la curul federal.
La demanda penal ante la PGR fue interpuesta en contra de Duarte, Hermosillo y el secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, por crear el nuevo banco y capitalizarlo con 65 millones del fideicomiso creado por Duarte y su esposa, así como 10 millones de Carlos Hermosillo y 45 millones de Alma Dalila Martínez Corrujedo.
Entre los socios del banco aparecen otras personas cercanas a Duarte: Elia Patricia Berjes Chávez, con una aportación de 52 millones de pesos, es cónyuge de Jaime Galván Guerrero, a quien el gobernador apoyó el año pasado en su fracasada aspiración a ser diputado por el Distrito 5 de Delicias.
Federico Duarte Medina (primo de Duarte Jáquez, exrepresentante de la asociación ganadera del gobernador y actual presidente de la Unión Regional Ganadera de Chihuahua), aportó 12 millones.
En entrevista, y a condición de que sus nombres no sean publicados, tres habitantes de Parral hicieron llegar información sobre Alma Dalila Martínez Corrujedo y su esposo desaparecido, Olegario Guzmán:
“Como para el 2000 hizo mucho dinero, (Olegario Guzmán) le metió mucho dinero a la campaña de Duarte, pero poco antes de que rindiera protesta como gobernador el compadre desapareció y aún no se conoce su paradero. La esposa se quedó con los negocios, pero vimos que empezaron a caer, por eso mucha gente no se explica de dónde sacó 45 millones para depositarlos en el banco”, relata una de las personas citadas.
La otra agrega que durante esta administración una sociedad compró el hotel La Mina y entre los socios aparece José Guadalupe Yáñez, a quien personas relacionadas con el ramo farmacéutico ubican como uno de los principales aportantes a las campañas electorales priistas.
Martínez Corrujedo aparece con su registro MACA 680911M3 y otras mil 895 personas en el padrón de contribuyentes incumplidos que emitió el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Chihuahua.
También está en esa lista Víctor Guzmán, cuñado de Martínez Corrujedo, quien fue despedido como director de Desarrollo Forestal en junio pasado, después que fue demandado por ejidatarios tarahumaras, pequeños propietarios y técnicos forestales de Güerachi y Agua Blanca, municipio de Guachochi, por tala clandestina en sus bosques. Lo acusaron de robo ante la Comisión Nacional Forestal.
El negocio ganadero
Duarte Jáquez creó la asociación Unión Ganadera División del Norte en 2005 como un instrumento para que los productores chihuahuenses tuvieran acceso a créditos y subsidios.
Vecinos de Parral explican que “agarraron mucho dinero de fondos federales. Prestaban becerros a gente en el sur del estado cuando (Duarte) era presidente de la Cámara de Diputados y presidente de la asociación; por eso creció mucho como precandidato a la gubernatura apoyado por la Confederación Nacional Campesina. Pero cuando la gente crecía en su negocio, se le cobraba lo del becerro si quería quedarse con él. Después Duarte dejó al frente de ese negocio a Hermosillo”.
La asociación ganadera apareció en septiembre de 2011 como uno de los 10 principales clientes de Unión de Crédito Progreso, con 20 millones de saldo. Es el único cliente con garantía líquida, el resto tiene garantía hipotecaria.
De acuerdo con la calificadora HR Ratings de México, la Unión Ganadera División del Norte está registrada en la institución crediticia (que recibió en mayo de 2015 la autorización para operar como banco desde Delicias) como de actividad comercial, específicamente la compraventa de maquinaria, equipo e implementos.
La calificadora advierte: “A septiembre de 2011, los 10 clientes principales de la cartera de crédito de Unión de Crédito Progreso representan 47.7% del total. Dicha situación representa un riesgo de concentración en caso de que alguno dejara de pagar. Asimismo, se encuentra una sensibilidad al capital contable dado que el saldo de estos 10 clientes principales representan 2.5 el capital contable de la empresa”.
En 2007 Hermosillo y Duarte fundaron en Santa Bárbara una empresa que la ley considera “financiera rural no regulada”, con un capital social de 6 millones de pesos: cinco aportados por Duarte y uno por Hermosillo.
En 2007, cuando Duarte era diputado federal, creó la Financiera de la División del Norte S.A. de C.V. En 2011, ya como gobernador, celebró con Hermosillo una asamblea en Parral, que protocolizaron ante el notario público Sergio Müller Mata. Ahí aumentaron en 31 millones el capital de su empresa financiera. De ese aumento de capital, Duarte exhibe 30 millones y Hermosillo uno.
Los hermanos Juan y Víctor Paredes Valles dan seguimiento al juicio sucesorio intestamentario 249/2013, promovido por Graciela Valles Vidal (madre de los dos) a bienes de Óscar Valles Vidal. El caso está radicado en el Juzgado Primero Civil de Chihuahua.
Dos primos de los Paredes Valles: Óscar Estrada Valles y José David Chávez Vidal, en complicidad con el representante de Duarte, Carlos Hermosillo Arteaga, intentaron comprar el predio La Palmilla de la exhacienda La Almaceña, aunque se encuentra en litigio y fue declarado monumento nacional.
Los hermanos Valles Paredes señalan que sus primos han falsificado firmas y están acusados de secuestrar a su tío Jesús Joaquín Valles Vidal (expediente 917/2013) para obligarlo a firmar a su favor, ya que no pudieron vender el predio porque está a nombre de una sucesión.
“Lo correcto es que Hermosillo demandara a Jesús Valles Vidal por fraude, pero no quiere porque se puso de acuerdo con los sobrinos (del mismo) y se demostrarían todas las irregularidades que han cometido para lograr la venta”, explican los Valles Paredes.
La compradora, de acuerdo con el expediente, es la Financiera de la División del Norte S.A. de C.V., descrita como entidad financiera no regulada, y su representante en el juicio es Hermosillo Arteaga.
El año pasado Hermosillo fue acusado penalmente de enriquecimiento ilícito por el expresidente municipal panista de Parral, Gustavo Villanueva Posada.
Éste denunció que Hermosillo y su esposa Mayra Julieta Urbina Arzola poseían sólo dos propiedades con un valor total de 593 mil pesos, antes de que él fuera funcionario. En dos años con un puesto estatal Hermosillo ganó 345 mil 375 pesos, de acuerdo con el portal de Transparencia del gobierno estatal, pero registraron por lo menos seis propiedades valuadas hasta en 4 millones y medio de pesos, para sumar en total 13 millones 973 mil 883 pesos.
La esposa de Hermosillo Arteaga se dedica a las labores del hogar. Al ser cuestionado sobre su fortuna, el hoy diputado federal respondió que su mujer recibió una herencia.
Fuente: Proceso
