Por Luis Javier Valero Flores
La decisión ciudadana fue contundente en las elecciones del pasado domingo, atenderla es una responsabilidad ineludible para cualquier fuerza política, sobre todo para aquellas que deberán protagonizar la transición gubernamental.
Por una parte, para los actuales gobernantes, la derrota de sus candidatos y partido, en los principales puestos de elección popular, deberán entenderla como la descalificación a su desempeño, especialmente para la administración estatal.
No hay atenuantes, nunca antes el voto ciudadano le había sido tan adverso al PRI en Chihuahua.
Y en eso radica la decisión ciudadana que habrá de asimilar el panismo chihuahuense; la mayoría de quienes lo hicieron, no votaron solamente, o estrictamente, por el PAN y sus candidatos, la mayoría expresó de esa manera su hartazgo hacia el actual grupo gobernante.
Razonar de esa manera tiene una especial importancia pues debiera determinar su comportamiento al asumir el gobierno. El domingo próximo habrá oportunidad de comentarlo más ampliamente.
Si ambas fuerzas lo asumen así –y pareciera que estamos frente a un muy saludable y primer episodio– la transición gubernamental debiera ser lo más tersa posible, lo que no implica arriamiento de bandera alguna, ni de las propuestas y promesas de los ganadores, pero sí de la necesaria sensibilidad política para hacer de la transición un proceso que no provoque el encono popular.
Esperamos, en todo caso, un proceso transicional, que ante la aparición de controversias, se resuelvan en los tribunales y éstos resuelvan muchísimas cosas que a lo largo de los últimos años agraviaron a una parte de los chihuahuenses.
La etapa de la “reconciliación”, como le han llamado algunos, de ninguna manera tiene que ver con la falta de esclarecimiento de los asuntos públicos más importantes, pero se requiere de la voluntad política de los principales actores políticos de la entidad, entre ellos, y de manera central, del gobernador César Duarte.
Algunos atisbos de ello se aprecian, a partir del envío de la iniciativa del gobernador Duarte al Congreso del Estado para bursatilizar una parte de las participaciones federales y resolver problemas financieros del corto plazo, que lo permite la ley.
Conocida la iniciativa de ley por la sociedad y el nuevo grupo gobernante, han establecido sendas mesas de negociación –una de las cuales deberá realizarse en las primeras horas de este día– para resolver los diferendos, luego de que el grupo gobernante resolvió “bajar” el asunto, a fin de que no se discutiera el día de hoy en el Congreso del Estado.
Tal decisión es de elogiarse, luego de las muy preocupantes horas vividas por los delicienses el martes, cuando al excandidato del PRD, Jaime Beltrán del Río, se le ocurrió despedir a un grupo de funcionarios, luego de su intempestivo regreso a la alcaldía de Delicias, en lo que evidenció una absoluta falta de sensibilidad política, pues al resolver el despido de los empleados y funcionarios despertó una muy airada respuesta del personal del municipio y de los militantes del PAN.
A Beltrán del Río le asiste la razón, los delicienses lo eligieron, pero se le olvidó que lo hicieron junto con la planilla de regidores, que todos son fruto de la misma elección y que, además, los electores lo hicieron de esa manera al presentarse como candidato de un partido, de manera que su retorno debió tomar en cuenta el distinto entorno en el que se desempeñaría.
Al mismo tiempo, un asunto que no fue resuelto por la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal, el de la denuncia presentada por la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Ema Saldaña, en contra del secretario de Desarrollo Social, José Luis García, ha tomado un sorprendente giro por el hecho de que Saldaña presentó, ahora, una denuncia penal en contra de García Rodríguez por el delito de abuso de autoridad y discriminación.
Puede no ser tersa la transición, pero sus actores están obligados a hacerlo.
Eso esperamos.
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