Por Arturo Alcalde Justiniani
La realidad salarial en México debería ser motivo de vergüenza nacional; el salario mínimo se encuentra 36 por ciento abajo de la línea de pobreza, es el peor en Latinoamérica y, para rematar, dos tercios de la población trabajadora se ubican en un nivel menor a tres de estas percepciones. En suma, la mayoría de los asalariados se encuentran en una condición cercana a la miseria.
Ningún discurso o justificación pueden admitirse frente a una realidad que exhibe el fracaso de las instituciones y la complicidad de gobiernos y grupos privilegiados que decidieron sacrificar por varias décadas la calidad de vida de millones de hombres y mujeres, privándolos del producto de su esfuerzo. Para lograrlo, debieron engañarlos, convencerlos de que su creciente postración era un fenómeno natural, producto de la crisis internacional y un sacrificio necesario para transitar hacia un futuro mejor, reclamando, además, su voto y apoyo políticos para lograr mejorar su situación. De 1976 a la fecha se perdió 70 por ciento del poder adquisitivo del salario mínimo; si no se hubiera aumentado esta remuneración en ese periodo, tan sólo manteniendo el poder de compra inicial, el salario nominal debería ser de 10 mil 800 pesos, en lugar de los 2 mil 78 pesos mensuales que actualmente se perciben.
¿Cómo aguantaron tanto los mexicanos sin reaccionar?, se preguntaba un observador extranjero. La respuesta deberíamos relacionarla con el sistema político autoritario que hemos sufrido, y que con promesas, engaños y trampas se renueva cada seis años. Primero, se deprimió deliberadamente el salario para ofrecer mano de obra barata al exterior, y ya en condiciones exiguas, lo mantuvieron estable con argumentos inflacionarios; con mañas vincularon el incremento salarial a cálculos de inflación esperados para el siguiente año. Cuando éstos no se cumplieron, obviaron cubrir las diferencias. Para mantener esta estrategia resultó esencial ocultar la realidad; se levantó así un discurso sustentado en atemorizar a la población con el fantasma del desempleo y el crecimiento inflacionario. Por ello, el tema no formó parte del llamado Pacto por México; también por ello se permitió y promovió la corrupción sindical, para que los falsos dirigentes abdicaran de su obligación de defender a los trabajadores.
En este contexto resulta de gran importancia la convocatoria del jefe de Gobierno de la ciudad de México para analizar y discutir la situación de los salarios mínimos. En pocas semanas el tema se ha colocado en el centro de la política macroeconómica, a grado tal que el gobierno federal, diversos gobiernos locales y el propio Partido Acción Nacional se han visto obligados a involucrarse en la discusión, en una condición nada fácil, porque tanto el PRI como el PAN han sido corresponsables de la situación actual de miseria salarial.
Como parte de esta jornada de reflexión, los días 5 y 6 de agosto de 2014 se llevó a cabo en la ciudad de México un foro internacional sin precedente. Fue convocado por el gobierno capitalino, la UNAM, la Fundación Friedrich Ebert y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Participaron académicos y especialistas nacionales y extranjeros de gran prestigio, exponiendo el resultado de sus investigaciones, comparando la realidad mexicana con la de otros gobiernos que han logrado avanzar en la recuperación salarial y en la reducción de la desigualdad sin incurrir en los riesgos que el gobierno y los empresarios mexicanos advierten. Integrantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, incluido su presidente, comparecieron ante el público y recibieron duras críticas por ser un órgano inservible y complaciente, ejecutor subordinado de las instrucciones del gobierno federal en turno por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El gobierno federal, en voz de Rafael Avante, subsecretario de Trabajo, planteó que el tema no se politizara, que quedaran fuera las ideologías y que no formara parte de las campañas electorales. Petición difícil, ya que el tema distributivo, la desigualdad y la contención salarial son asuntos eminentemente políticos. Es explicable la preocupación gubernamental; si la población toma conciencia de las causas de su miseria salarial inculpará a los gobiernos que la provocaron y su indignación lo reflejará en votos.
La calidad de las presentaciones de los especialistas de Europa, América Latina, Estados Unidos y México fue excepcional, y al final acreditaron con datos duros varias coincidencias fundamentales: la fijación de un salario mínimo adecuado es esencial para abatir la pobreza, la desigualdad y la informalidad y es fuente privilegiada para favorecer la demanda doméstica, el crecimiento y la cohesión social; limita los gastos estatales de compensación, incentiva la motivación en el empleo, fortalece la seguridad social, la creación de empleos decentes y el interés por invertir en la formación profesional. Uno a uno, con diferentes matices, desplegaron datos teóricos y empíricos contenidos en tablas y curvas y compartieron sus experiencias. México apareció así como el patito feo que no quiso colocar el tema de la política salarial ni reorientar su economía en favor de un auténtico desarrollo con justicia y protección del medio ambiente.
Las conclusiones respecto de la situación en el país afloraron con claridad: el único precio controlado en México es el salario; sólo una decisión política explica la ignominiosa condición de tener el mínimo más bajo de América Latina. Otra decisión política será necesaria para cambiar el rumbo. En todos los demás países pudieron hacerlo, ¿porqué en el nuestro no? Atinadamente, se afirmó que el nivel del salario mínimo es la señal que demuestra si un país ha decidido salir de la desigualdad o no.
En la mesa final, Graciela Bensusán y Rosalbina Garavito celebraron que por primera vez se hable de un tema desaparecido de la agenda nacional. El mensaje central de la Cepal estaba en el ambiente: la igualdad y el desarrollo son el horizonte, el cambio estructural el camino y la política el instrumento.
Fuente: La Jornada
