Por Víctor M. Quintana S.
Y… sin embargo se movieron, llegaron, denunciaron e hicieron que el gobierno se sentara a dialogar. El martes pasado culminó la Jornada por la Justicia con una impresionante toma de Chihuahua por diversos contingentes que demostraron que la convocatoria de dicha jornada funcionó y fue muy ampliamente respondida.
Se sumaron a ella muy diversos grupos sociales con agravios justos y sentidos: la comunidad del Ejido Benito Juárez fue el centro aglutinador con sus demandas diversas de justicia por el asesinato de Ismael Solorio y Manuelita Solís; alto a la explotación de la mina El Cascabel, lo mismo que a las perforaciones y aprovechamientos irregulares de la cuenca del río Del Carmen; cese del otorgamiento de permisos de cambio de uso de suelo que inciden en una mayor devastación del territorio chihuahuense, entre otras.
Participaron también las comunidades indígenas de la Tarahumara demandando respeto para sus territorios y recursos naturales: consulta obligatoria antes de la autorización de cualquier proyecto turístico o minero. Los campesinos barzonistas del noreste que demandan por enésima vez tarifas de energía eléctrica que hagan viables sus actividades agropecuarias, distribución equitativa de los subsidios y programas de apoyo al campo. Los vendedores ambulantes, desalojados del Centro Histórico de Chihuahua por un proyecto insensible y excluyente de regeneración del mismo sin tomar en cuenta a las personas.
Y, por supuesto, las víctimas. Las familias de quienes han sufrido desapariciones forzadas, feminicidios, homicidios. La herida más viva, más grave, más dolorosa que haya experimentado Chihuahua estos últimos años. Como señala el sociólogo catalán Manuel Castells: “…todas las manifestaciones dolorosas de una sociedad injusta y de una política antidemocrática estuvieron presentes en las protestas”.
Todo esto generó, genera un contrapoder, por dos razones fundamentales: primero, por su capacidad de convocatoria, segundo, porque el tipo de demandas de la Jornada tienen un alto contenido de ética pública, que además vendría a reforzar la presencia de referentes como las madres de las y los desaparecidos y asesinados, el obispo Raúl Vera y sacerdotes como Camilo Daniel y Javier Ávila. Se conformó así una realidad que desafía al poder establecido, en este caso el Gobierno del Estado, interlocutor inmediato de las demandas. Por eso ante este contrapoder emergente se buscó actuar para restarle fuerza, si no es para acabarlo. Como no era posible hacerlo mediante la represión y el amedrentamiento, se prefirió utilizar las armas de la comunicación manejada como poder. Diría Castells que mediante la construcción de significados en las mentes a través de mecanismos de manipulación simbólica.
Esta labor se realizó de tres maneras: primero, tratando de presentar la movilización de los barzonistas y de los otros grupos sociales como algo perturbador, casi violento, “desquiciador del tráfico”, etc. Segundo, puesto que el “qué” de la Jornada es incuestionable, entonces habría que deslegitimar el quién y el para qué. Para esto se acudió, –es decir el gobierno y los medios de comunicación a su servicio– a acusar a la movilización de estar manipulada por López Obrador y por Morena. Señalando que más allá de los objetivos declarados se prestaba al provecho político del tabasqueño. Aunque esto no sea verdadero, y el Morena no haya intervenido en la movilización, el gobierno y ciertos medios de prensa a base de tanto repetir mentiras lo han hecho verosímil. Entonces el para qué, el propósito único y primigenio de la Jornada por la Justicia es distorsionado por la manipulación mediática que busca presentarlo como un acto electorero.
Ya establecidas las dos mentiras anteriores como algo posible, viene la tercera parte de la labor: el gobierno empieza a pedirle a diversos grupos que no participen en la movilización porque es contraria al diálogo y manipulada políticamente. (parece que el gobierno distorsiona la máxima weberiana de que tiene el monopolio de la violencia legítima y se arroga también el monopolio de la manipulación política). Es el caso del Frente Democrático Campesino, que sale a la luz con una postura de la que disiento abierta y públicamente, señalando que no participa en la Jornada por la Justicia “porque son momentos de diálogo”. Cuando en la historia del FDC las movilizaciones se han utilizado recurrentemente para abrir el diálogo, para llegar a él en mejores condiciones, o al menos en una situación menos desventajosa. De hecho los diversos contingentes que participaron en La Jornada por la Justicia se sentaron luego a dialogar con representantes del gobierno en diversas mesas. Es totalmente falsa, pues, la oposición entre movilización y diálogo, el Gobierno del Estado lo sabe bien, lo que sucede es que con las descalificaciones y las “desmarcaciones” a la Jornada por la Justicia, intentó desprestigiarlos y tomar la sartén por el mango a la hora del ineludible diálogo, a la vez que debilitar a los ciudadanos críticos para siguientes ocasiones.
Aquí reside el núcleo del asunto: con las limitaciones y aun defectos que se le puedan achacar a la movilización de la Jornada por la Justicia ésta constituye la expresión de un contrapoder ciudadano, plural, en construcción en el estado de Chihuahua. Más diverso, con legitimidad de origen y más difícil de manipular que cualquiera de los partidos políticos. Y esto es muy amenazante para la manera autocrática, opaca, vertical y cupular como se viene ejerciendo el poder en el estado. Entonces o se participa en la construcción democrática de ese contrapoder o se resigna uno a ser súbdito del poder establecido.
