Por Javier Sicilia
Max Weber decía que los dos grandes pecados del político son la vanidad y la irresponsabilidad, dos vicios que anuncian grandes catástrofes. Por desgracia, los candidatos a la Presidencia de la República parecen poseerlos en grados patológicos y exhibirlos sin pudor alguno cuando hablan de violencia e inseguridad.
A pesar de los niveles de horror que México ha alcanzado en esa materia, ninguno de los cuatro parece preocuparse por ellos más allá de lo que les preocuparía salir a pasear en un día lluvioso: una pequeña contingencia cuya confianza en sí mismos no pueda superar. Esta arrogancia se traduce en actitudes cada vez más irresponsables que, lejos de abonar a la paz y a la justicia, auguran una mayor escalada de la violencia y la inseguridad.
Independiente del Bronco, cuyo sentido de la justicia es el de un rastro y cuya propuesta de cortar manos ha comenzado a ser utilizada por los imbéciles que tienen tomado el país (si hubiera un gramo de entendimiento de los derechos humanos en lo que queda de Estado, el Bronco ya habría sido destituido de su condición de contendiente a la Presidencia o, en un acto de congruencia con su visión de carnicero, debería caminar manco por la vida), el peor de los otros tres es José Antonio Meade.
Vanidoso hasta la ceguera, sus posicionamientos en materia de seguridad y justicia son un monumento a la violación de los derechos humanos y al encubrimiento de los crímenes del partido que lo postula. Tres ejemplos:
En los inicios de su campaña, al estilo del PRI, acusó de delincuente y torturador al primer gobernador de oposición que hasta el momento ha osado enfrentar la corrupción del PRI, Javier Corral, de Chihuahua; en el diálogo promovido por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad –Diálogo por la Paz y la Justicia: La Agenda Fundamental–, fue el único de los candidatos que se negó a la creación de una Comisión de la Verdad en la que hubiera presencia de organismos internacionales. La más reciente y grave de sus irresponsabilidades ha sido la acusación a Nestora Salgado de secuestradora.
Su imputación, basada en una declaración desechada por el juez, además de violentar los derechos humanos de Nestora y poner en riesgo su vida, exhibe también su ignorancia y sus prejuicios de clase.
Como buen chilango de familia acomodada, educado en el ITAM y en Yale, acostumbrado a las abstracciones de las estadísticas y cuya vida laboral ha transitado en las zonas de confort de las instituciones del Estado, Meade es –como sucede con buena parte de la pequeña franja de los privilegiados– ajeno a la brutal ola de inseguridad y violencia que padece México. No tiene, por lo mismo, una clara idea de la complejidad agraria y pueblerina de México y, mucho menos, del estado de indefensión en el que se encuentran sus comunidades, indefensión de la que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es sólo la punta de un iceberg de profundidades abisales.
Esta desventaja lo hace ignorar que las Policías Comunitarias de Guerrero surgieron poco después del levantamiento zapatista como una forma de defender a la población del crimen organizado y de la corrupción del Estado, y que su existencia está amparada por el Artículo 701 de la Ley del Estado de Guerrero y el 2 A de la Constitución Mexicana que garantizan el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno y la autodefensa.
Cuando Nestora estuvo al frente de la Policía Comunitaria de Olinalá, la tasa de violencia de esa región disminuyó 90%. Pero Meade, encerrado en su arrogancia, no lo sabe, como tampoco sabe que:
Las cuatro adolescentes que presuntamente la acusaron de secuestro eran víctimas de una de las múltiples redes de trata y de tráfico de drogas asentadas en México y toleradas por el Estado.
Que fueron recuperadas por ella y su Policía Comunitaria a petición de sus madres que las declararon desaparecidas.
Que las retuvieron en la Casa de Justicia y Reeducación de esa misma policía a petición de sus madres.
Que su confinamiento –una manera en la que un padre de familia retendría a una hija en su casa para evitar que malas compañías la destruyan– fue en libertad y en las condiciones de alimentación que las comunidades indígenas tienen (frijol, arroz, tortilla). Uno de los usos y costumbres de la justicia indígena implica, a diferencia de la del Estado, que se basa en la venganza, la recuperación de la persona retenida mediante el trabajo comunitario.
Que el arresto y el confinamiento que las autoridades coludidas con esa red de tráfico hicieron de Nestora se realizó torciendo el estado de derecho: sin orden de aprensión y sin respeto a la presunción de inocencia,
La irresponsable y arrogante acusación de Meade es una continuación de la forma criminal con la que el Estado mexicano gobierna desde hace más de 12 años. Detrás de ella está el encubrimiento y la criminalización de los cientos de miles de asesinados y desaparecidos, la violación de los derechos humanos y la promesa de continuar administrando el crimen como forma de gobierno.
La vanidad y la irresponsabilidad de nuestros candidatos a la Presidencia descorazonan; las de Meade descomponen el estómago. Son las del burócrata que ignora la realidad y normaliza la corrupción, la violencia y la muerte.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y refundar el INE.
Este análisis se publicó el 3 de junio de 2018 en la edición 2170 de la revista Proceso.
